CORDOBA.- Las distribuidoras provinciales y las cooperativas eléctricas se enteraron por el Boletín Oficial del cambio de condiciones de pago a Cammesa, la empresa mayorista a la que le compran la energía. Quedó en la nada lo que habían acordado: tres meses de pago si antes del 31 de octubre se ponían al día con las deudas que tienen con el Estado. Con ese esquema se podía aspirar a exigir inversiones con tarifas congeladas.

Ese «perdón» era concedido a las distribuidoras que, al 31 de octubre, no tuvieran deudas o las hubieran refinanciado. Por decreto, la decisión quedó en la nada. El pasivo de las distribuidoras con la compañía administradora del mercado alcanza los $95.000 millones. El decreto 696/2020 publicado ayer en el Boletín Oficial, promulga parcialmente la Ley 27.561, la ampliación del presupuesto de este año por casi $1,85 billones. Los artículos «observados» por el decreto son el 18 y 19.

El texto del decreto describe que por la cuarentena la deuda de las distribuidoras de energía con Cammesa «se ha acelerado» -al 31 de julio suma $95.436 millones, de los que el 43% se generó entre abril y julio- y enfatiza que 64% de las distribuidoras no supera el tope de las tres facturas medias mensuales.

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A la hora de explicar el por qué del veto, indica que el «reconocimiento de los créditos» que hacía ley no implicaba «ningún compromiso» de inversión para las distribuidoras y señala que, por la magnitud de la deuda, el Estado Nacional debe fijar «prioridades» que «dirijan las políticas sectoriales y la asignación de sus recursos involucrados».

A criterio del Ejecutivo, los artículos sancionados por el Congreso «no garantizan criterios de sostenibilidad, justicia y equidad» entre las distintas provincias, a la vez que lo establecido tampoco consideraban el estado operativo y técnico de la infraestructura y la capacidad económica y financiera de cada distribuidora, ni su forma jurídica de organización.

Entre las mayores deudoras a Cammesa se cuentan la Empresa Provincial de Energía de Santa Fe (EPE) acumula alrededor de $12.000 millones; la EPEC de Córdoba, unos $5000 millones; las compañías patagónicas suman algo más de $10.000 millones. Edenor, por su parte, debe $7400 millones. Además, hay varias cooperativas de distintas provincias; son 600 en todo el país y prestan el servicio a unas nueve millones de personas.

El presidente de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (Face), José Álvarez, aseguró a LA NACION que la moratoria se había acordado después de trabajar un mes con el Ministerio de la Producción, el exsecretario de Energía, Sergio Lanziani y Cammesa. «Estamos decepcionados porque trabajamos duro para ver cómo seguir prestando el servicio con tarifas congeladas y necesidad de inversión. Había participado en las tareas hasta Darío Martínez, actual secretario y entonces legislador. En esta situación hay cooperativas que van a quebrar a fin de año, la solución se había buscado para lograr sobrevivir. Entendemos que esta es una decisión del Ministerio de Economía».

La expectativa de las cooperativas es que en el proyecto de presupuesto 2021 se contemple una solución. La lógica del sector es que con tarifas pisadas, es prácticamente imposible hacer las inversiones necesarias para que el sistema funcione. LA NACION consultó a la Secretaría de Energía, pero no hubo respuesta.

Hay versiones que señalan que el veto apunta a castigar a Edenor y Edesur, empresas con las que el kirchnerismo históricamente confrontó y que este año incluye también el descontento de intendentes de Buenos Aires. Los legisladores provinciales apoyaron la moratoria porque las compañías provinciales también están muy complicadas y tienen problemas para el pago a Cammesa, por lo que hacia adelante podría ser una nueva prenda de negociación.

«No se puede hacer un paso adelante y dos atrás. La situación es gravísima, esperamos que Energía nos convoque de inmediato», insiste Álvarez y plantea que la mayoría dependen de las empresas provinciales a las que le compran la energía para luego repartirla. «Nos convertimos en un pasamanos; les debemos uno o dos meses a esas compañías y ellas cinco o seis a Cammesa».

Fuente: La Nación