Dos se encuentran en etapa productiva: Fénix en Catamarca, operado por la estadounidense Livent Corporation, anteriormente denominada FMC Lithium; y Olaroz, en Jujuy, en operación conjunta con la australiana Orocobre Limited, Toshoto Tsusho Corporation y la empresa pública local JEMSE.

Otros dos proyectos están en construcción: Cauchari Olaroz en Jujuy, en manos de Lithium Américas de capitales canadienses, y Centenario Ratones en Salta, de la francesa Eramet.

Pero además, hay otros 15 proyectos en etapa de exploración avanzada y 20, en fase de exploración inicial.

El actual escenario de creciente inversión extranjera en litio, nos interpela respecto al lugar que Argentina quiere ocupar en el mercado internacional de este mineral.

Un análisis minucioso de nuestra historia muestra que nuestro país y la región, se han limitado históricamente al desarrollo de la industria primaria, resignándose a ser meros exportadores primarios y relegando un desarrollo industrial a largo plazo, sustentable y con valor agregado de nuestros minerales.

El desafío es claro: limitarnos a desarrollar la industria primaria del litio (casi en exclusividad, extraerlo para exportarlo) o ser capaces de implementar las condiciones necesarias para la industrialización a largo plazo de este mineral.

Las intermitencias políticas en nuestro país, sumado a la volatilidad de la economía nacional y la falta de un proyecto de desarrollo industrial a largo plazo; nos han imposibilitado vislumbrar un futuro próspero y los caminos hacia la industrialización de este mineral.

También ha influido la organización federal del país, que traducido en este tema hace que el dominio originario de los recursos naturales corresponda a los Estados provinciales. Esto genera que deba articularse entre la Administración Nacional y las provinciales, cualquier tipo de proyecto económico que se pretenda llevar a cabo, respondiendo a los intereses, expectativas de ambas y buen entendimiento de las partes.

Los diferentes marcos normativos nacionales y provinciales también han sido un limitante para el desarrollo industrializador. Si bien es cierto que fijan las condiciones que deben cumplir los proyectos, por ejemplo, en lo que respecta a las Evaluaciones de Impacto Ambiental -EIA-, ya no basta con su mero cumplimiento legal. Se ha observado la falta de socialización de los mismos con las comunidades, generando conflictos sin llegar a la legitimidad social para su total viabilidad.

En Catamarca, por caso, existen conflictos por el uso de cuencas hídricas, en la extracción de litio en el Salar del Hombre Muerto, debido a objeciones planteadas por la comunidad que aún no fueron subsanadas.

Otro punto a observar en el camino hacia la industrialización del litio en Argentina son las asimetrías provinciales: la investigación científica es promovida sólo en algunas, cuando haría falta implementar políticas públicas nacionales, que den lugar a investigaciones y conocimientos homogeneos que faciliten una mirada nacional del desarrollo industrial.

Es por ello que resulta imperioso convocar a los profesionales del ámbito científico técnico que se encuentren prestando servicios en las Universidades Públicas Nacionales, en el sector público o en el privado, para elaborar e implementar políticas estratégicas destinadas al desarrollo de tareas de investigación. Esta es la manera más eficiente y productiva de incorporar valor agregado al mineral de litio, de manera uniforme en todo el país.

Como puede apreciarse, el desarrollo integral del litio tiene muchas aristas. Por eso es importante aprender de nuestros aciertos y revisar nuestros errores para generar un modelo minero superador. Debemos diferenciar los marcos privatistas impuestos en los años 90 del siglo pasado para la actividad, cuando participaban exclusivamente los capitales extranjeros; de aquellas políticas de gobierno que instauraron procesos iniciales auspiciosos, y que ameritan ser analizados y profundizados.

A modo ilustrativo, durante la primera gestión presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, se llevó a cabo la constitución de empresas públicas provinciales, donde a partir de políticas activas promovidas por el gobierno nacional en el 2010, las administraciones provinciales comenzaron a participar activamente del negocio minero y sus utilidades, asociándose con el sector privado.

En la historia reciente de la minería en el país, también es para destacar el sistema de sustitución de importaciones, impulsado por el entonces organismo minero nacional a través de la Mesa de Homologación Minera, generando empleo y actividad económica para cientos de empresas proveedoras de servicios, cuyo programa fue lamentablemente eliminado por la actual administración nacional.

Recomponer y profundizar estas políticas públicas es punto de partida fundamental para el camino de industralización sustentable con valor agregado que se pretende recorrer.

En los próximos años, Argentina enfrentará nuevamente el desafío de implementar un proyecto económico y social minero, amparado en una política federal que se sustente en el desarrollo local y regional.

Para ello, será imprescindible ampliar la participación buscando consensos mínimos para la toma de decisiones; involucrando a todos los actores intervinientes y adoptando líneas de ejecución política con perspectiva de desarrollo industrial a largo plazo.

Nuestros recursos naturales constituyen una gran oportunidad, que sólo podrá transformarse en realidad, si somos capaces de redefinir y poner en práctica políticas públicas de largo plazo en pos del desarrollo nacional.

* Abogada (UBA), con posgrados de especialización en Derecho y Política de los Recursos Naturales y Medio Ambiente (UBA) y en Derecho del Petróleo y Gas (UBA) ex asesora de la Secretaría de Minería de la Nación.

Fuente: ámbito.com