La mayoría oficialista de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua aprobó este martes la creación de cuatro empresas para administrar la importación, distribución y comercio de petróleo, en medio de una crisis que ha causado pérdidas a las instituciones encargadas.

Las empresas, cuya creación fue aprobada por los diputados sandinistas ante un pedido urgente del presidente Daniel Ortega, tendrán autonomía para hacer el trabajo de las existentes Alba de Nicaragua (Albanisa), Empresa Nicaragüense de Petróleo (Petronic), y la Distribuidora Nacional de Petróleo (DNP), todas estatales.

Las empresas existentes, que manejan cientos de millones de dólares derivados del negocio petrolero, han sufrido golpes económicos importantes desde el inicio de la crisis sociopolítica de Nicaragua, ya que son reconocidas como la principal fuente de ingresos de Ortega, al que la oposición responsabiliza por la muerte de cientos de manifestantes desde 2018.

El primer golpe lo dio Estados Unidos a mediados de 2018, al emitir sanciones económicas contra el entonces directivo de Petronic, DNP y Albanisa (filial de Petróleos de Venezuela S.A., Pdvsa), Francisco López, quien es asesor de Ortega y tesorero del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

López fue sancionado por violaciones a los derechos humanos y corrupción, y recibió un castigo similar por parte de Canadá, a fines de 2018.

En 2019 las sanciones se extendieron de forma directa a la DNP y la firma inversiones Zanzíbar S.A., una administradora de gasolineras propiedad del hijo de Ortega y de la vicepresidenta, Rosario Murillo, Rafael Ortega Murillo.
Como consecuencia, las empresas encargadas del petróleo que estaban relacionadas con Ortega enfrentan problemas para administrar su capital.

De manera simultánea los nicaragüenses que rechazan a Ortega establecieron un boicot permanente contra las gasolineras estatales, bajo el argumento de que estas producen el dinero que mantiene en las calles a cientos de paramilitares, supuestamente encargados de secuestrar, torturar y asesinar, a opositores.

El resultado del boicot aparentemente es efecto, ya que dichas gasolineras, amplias y lujosas, se mantienen vacías, en cambio los conductores prefieren hacer filas en las que no están relacionadas con la familia Ortega Murillo.

Los diputados del opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC) se opusieron a la creación de las empresas, por considerar que es una estrategia de Ortega para recuperar el negocio de los combustibles.

«Todas ellas (las nuevas empresas) se derivan de los que fueron sancionada por estar involucrada por acciones ilícitas. No vamos a participar», dijo el diputado del opositor PLC, Jimmy Blandón.

«Es un modo de aliviar las planillas del Gobierno, con empresas estatales que pueden hacer ingresos para mantenerse», afirmó la diputada del PLC, Azucena Castillo.

Nicaragua realizó importaciones de petróleo y otros combustibles por el orden de los 996,1 millones de dólares en 2018, e invirtió al menos 334,2 millones de dólares en el mismo sector en el primer cuatrimestre de 2019, según los datos más recientes del Banco Central.

El distanciamiento entre Ortega y una aparente mayoría de nicaragüenses se mantiene desde el estallido social contra el presidente, en abril de 2018, cuando fuerzas del Gobierno realizaron ataques armados y ejecuciones selectivas que han dejado entre 328 y 684 muertos, según organismos humanitarios locales e internacionales.

Fuente: El Economista.