Una aspirina para una infección». Así describió esta mañana un analista las medidas en las que está trabajando el Gobierno para atenuar la crisis en el sector hidrocarburífero. Estas son: establecer un precio sostén superior a los US$22,74 por barril -como cotiza actualmente el valor internacional del petróleo-, pero menor a los US$54 que pedían las provincias petroleras, y modificar el régimen de retenciones para llevarlo de uno fijo a otro móvil, en base a las variaciones del Brent.

El objetivo del Ministerio de Desarrollo Productivo -del cual depende la Secretaría de Energía- es atenuar el impacto doble que recibió la industria en el último mes: por precio y por cantidad. Por un lado, la caída de más de US$30 en el valor del barril; por el otro, el desplome del consumo de nafta, gasoil y combustible para aviones por la parálisis de la economía derivada del avance del coronavirus.

La consecuencia mayor del derrumbe de la actividad es la posible pérdida de miles de puestos de trabajo, que se venían sosteniendo en los últimos meses de manera muy frágil. El Gobierno primero decretó la conciliación obligatoria y luego prometió impulsar una la ley de hidrocarburos para garantizar estabilidad en las reglas de juego.

El conflicto mayor lo tienen las compañías de servicios petroleros -entre las que se encuentran Schlumberger, Halliburton y Baker Hughes-, que son las que contratan las operadoras (YPF, Shell, Exxon, Vista y Pan American Energy, entre otras) para perforar, fracturar, mantener y poner en marcha la producción en los pozos. Estas empresas son las que tienen a cargo la mayor fuerza laboral de la industria.

Al no haber actividad, las operadoras bajan equipos y congelan los contratos con las compañías de servicios. Este proceso comenzó en octubre pasado, luego de que el gobierno anterior decretara el congelamiento de los combustibles.

«Hay empresas que tienen dotaciones sobredimensionadas porque hace más de un año que se trata de desvincular y de bajar el número de empleados a uno razonable con el nivel de actividad. El año pasado no se pudo por las elecciones y tampoco después con la nueva gestión. Algunas compañías están por presentar su propio procedimiento preventivo de crisis (PPC). Son las que no tienen actividad y tienen que pagar salarios a una superdotación», explicó un empresario que está en las negociaciones.

Los analistas creen que las medidas que dictó el Gobierno son para ganar tiempo hasta que el Ministerio de Trabajo, petroleras, compañías de servicios y sindicatos se reúnan para establecer el marco del PPC, que usará luego cada empresa para negociar individualmente con el gremio.

«Todas las operadoras están pidiendo un precio sostén. Para eso van a tener que dar a cambio un compromiso de inversión o de mantener de la actividad, que repercutirá en el nivel de dotación de cada compañía. ¿Cuánta gente se necesitará, teniendo en cuenta el nivel de actividad que se plantea? Con presentar el PPC no habría necesidad de pagar doble indemnización, ya que eso aplica a despidos sin causa, y en este caso está la cero actividad que hay», señaló el empresario.

Barril criollo para un contexto excepcional

En este contexto «excepcional y crítico», como lo describe la industria, algunos analistas comparten que establecer un precio sostén sería un paliativo, pero debería ser temporal y compensatorio.

«Siempre se encontró la manera de justificar la implementación de un barril criollo. Después de las PASO se congelaron los precios del petróleo y valor del barril estuvo debajo de las referencias internacionales. Ahora volvemos a justificar un barril criollo que esté por encima. En este caso, el consumidor subsidia al productor; en el anterior era al revés. En este negocio, lo que funciona son las referencias internacionales: hay que seguirlas en las buenas y las malas porque es la señal de largo plazo», indicó el exsecretario de Energía Daniel Montamat.

Dicho eso, el consultor señaló que s e podría atenuar la baja del nivel de actividad con la fijación de un precio de referencia que tome en cuenta una compensación en el tiempo hasta volver a referencias internacionales. «Es un paliativo, aunque en lo inmediato hace falta encontrar una demanda», agregó.

Jorge Lapeña, presidente del Instituto Argentino de Energía General Mosconi (IAE), coincidió en que «la circunstancia extraordinaria que estamos atravesando» le daría un justificativo al Gobierno para fijar un precio interno del crudo. «Estoy de acuerdo con la regulación pero hay que eliminar la idea del barril criollo: es un barril petrolero.Y tiene que ser una regulación razonable en esta emergencia. Un precio de US$40 o US$35 sería razonable, pero las empresas tienen que explicar los fundamentos de la fijación de este precio, tienen que mostrar sus costos, ya que es dinero de los consumidores y de la industria que los subsidiará», indicó el exsecretario de Energía.

Y concluyó: «No estoy de acuerdo en que las provincias petroleras pidan un barril criollo por el hecho de que han bajado sus regalías. Es anormal y debería estar fuera de lugar. Si bajaron sus ingresos, entonces que el Gobierno compense a las provincias afectadas por vías presupuestarías; no deberían pedírselo a los consumidores».

Fuente: La Nación.