Urgieron al gobierno federal a establecer una política energética que desvincule la refinación de hidrocarburos con la generación de electricidad y la emisión de más partículas contaminantes

Ante la contingencia por la pandemia del Covid-19, que afecta principalmente al sistema respiratorio humano, expertos en derecho ambiental y la salud urgieron al gobierno federal a establecer una política energética que desvincule la refinación de hidrocarburos con la generación de electricidad y la emisión de más partículas contaminantes, particularmente tras la decisión de reducir el uso de renovables que tomó el Centro Nacional de Energía (Cenace).

Convocados por la senadora Xóchitl Gálvez para analizar el caso de estudio de la emergencia ambiental por quema de combustóleo en la termoeléctrica Francisco Pérez Ríos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicada en Tula, Hidalgo, expertos académicos aseguraron que la ruta energética del país violenta el derecho a la salud y la economía de los mexicanos.

Por ejemplo, la evidencia científica concluye que la mortandad prematura en México tiene un costo de 2.5% del PIB, explicó Horacio Riojas, del Instituto Nacional de Salud Pública.

El académico explicó que en los últimos dos meses se han publicado por lo menos cinco casos de estudio que concluyen que la exposición a contaminantes agravan los índices regionales de mortandad por Covid-19.

Por un lado, la Escuela de Salud Pública de Harvard expuso para algunos barrios estadounidenses la asociación entre la exposición crónica a partículas contaminantes y la gravedad de los contagiados en esos lugares. En China también se publicaron casos que refieren que la exposición aguda a partículas suspendidas en el aire mostró correlación estadística con algunos picos geográficos de brotes, mientras que en Boloña, Italia, se verificó incluso que el virus puede adherirse a partículas por millón suspendidas en el aire a una concentración de 10 partes por millón.

“La exposición a estas materias daña el sistema inmune y esto agrava cualquier contagio”, explicó Horacio Riojas.

En tanto, la generación temoeléctrica a base de combustóleo resulta en una concentración de azufre que va al ambiente superior a los índices globales permitidos y por tanto, en México se estableció en la Norma Oficial 016 de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que el contenido de azufre que se emite no debe rebasar el 2%, aunque en el promedio nacional se mantiene en 3.5%, según Adolfo Hernández Moreno, de la Universidad Autónoma Metropolitana. “Aun reduciendo ese punto y medio el impacto sería mínimo para mejorar la calidad del aire en la cuenca de Tula y el Valle de México, que es una de las ciudades más contaminadas del planeta y donde más casos de coronavirus se han detectado en el país”, mostró el académico en su estudio.

A la quema de combustóleo en Tula se atribuyen 14,000 muertes prematuras anuales. Esto se debe a que opera con 80% de combustóleo que se obtiene como residual de la refinación de combustibles ligeros en la refinería aledaña de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Esta termoeléctrica es la segunda más grande del país y con 1,500 megawatts instalados es un claro ejemplo de la falta de interés por el gobierno actual hacia una transición en la canasta de generación que mejore la calidad de vida de la población, explicó Gabriel Quadri, consultor de Sistemas Integrales de Gestión Ambiental (Sigea).

“Es la fuente fija de partículas contaminantes concentradas a 2.5 partes por millón más importante del Valle de México. Es una planta dual y su reconversión a gas natural acabaría con todos estos efectos, pero su operación no obedece a una agenda ambiental, sino a la de mantener los monopolios de Pemex y la CFE al costo que sea para la salud de los mexicanos”, dijo.

Además recordó la decisión reciente del Cenace para reducir o cancelar el acceso a la red nacional de plantas renovables, para privilegiar a las de rápido arranque como las termoeléctricas de CFE.

“Una política energética regresiva, obsesionada con los combustibles fósiles no solamente genera altos costos, sino que mata”, enfatizó Quadri, quien el año pasado obtuvo el amparo para suspender los ordenamientos que cancelaban de facto el mercado de certificados de energía limpia, “en la práctica se repudia acuerdos internacionales y se violan leyes nacionales, con la crisis actual, debemos presionar para romper el vínculo entre refinación y energía eléctrica del gobierno”.

Fuente: El Economista.