Con una deuda a cuestas de alrededor de US$500 millones, sin posibilidad de acceder a financiamiento y con sus proyectos en pausa por la pandemia de Covid-19, la empresa metalúrgica Impsa le solicitó al Gobierno que la asista con capital de trabajo para poder sostener la operación y dar paso luego a un proceso de reestructuración.

A diferencia de lo que sucedió en el caso de Vicentin, es la propia empresa fundada por la familia Pescarmona la que le solicitó activamente al Estado que salga en su rescate, aclarando que ya tiene participación dentro de su estructura accionaria y dando por descontado la posibilidad de que la ayuda podría redundar en un aumento de la participación del Estado en la firma.

En su pedido, Impsa apela al carácter «estratégico» de la empresa, dado que está vinculada a proyectos clave de la Argentina desde el punto de vista energético como el desarrollo del reactor nuclear Carem, la renovación de las turbinas de Yacyretá o la provisión de equipos para YPF.

«El impacto de la pandemia en sus operaciones en la Argentina y en el mundo llevó a la compañía a plantearle al ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, la necesidad de encontrar una solución que le permita superar este momento crítico, asistiendo a la compañía, de la que ya es parte el Estado a través del Banco Nación y del BICE», confirmó hoy la empresa mediante un comunicado oficial. De hecho, desde la reestructuración hecha en 2018 por la empresa el control político quedó en manos del Estado, porque de los tres miembros del directorio el Banco Nación nombró al presidente, Diego Grau.

 

Según fuentes del sector, el Gobierno está estudiando la situación y se espera que emita una respuesta en el corto plazo. No está definido qué herramienta usará para socorrer a la empresa ni si eso terminará afectando su participación accionaria o su control sobre las decisiones de la firma. Todas las alternativas están sobre la mesa.

Según explican en la empresa mendocina, la pandemia no solo afectó las operaciones en su centro tecnológico de Mendoza sino que ralentizó los proyectos en ejecución y alteró la cadena de suministro global de la compañía, «que ya venía sufriendo los efectos del contexto macro económico mundial poco favorable, las sucesivas crisis del país desde 2018, la total falta de financiamiento de capital de trabajo y la inexistencia de accionistas que puedan aportar el capital necesario».

En el comunicado difundido hoy, la empresa confirmó que el 25 de junio de 2020 el CEO de Impsa, Juan Carlos Fernández, le envió una carta al ministro Kulfas y le solicitó la ayuda necesaria para «garantizar la continuidad de proyectos nacionales de importancia estratégica para la Argentina» que, señala, no pueden ser concretados por otra empresa argentina.

 

Impsa -fundada en 1907- emplea a más de 720 personas, tiene más de 100 pymes proveedoras y exporta a más de 40 países. Según pudo saber LA NACION, actualmente el taller de la empresa, ubicado en Mendoza, está parado y tiene cerca de 200 personas trabajando de manera remota. Por otro lado, y con el aval de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la cámara del sector, se acordó suspender a casi 600 empleados bajo el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que permite discontinuar el pago de las cargas sociales.

La firma cuyana recibió la ayuda del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) solo para pagar los salarios de julio, pero, por la manera en que está estructurada la asistencia, no representó más del 10% de los salarios. ICSA y Transapelt, dos pymes subsidiarias de Impsa, sí recibieron el ATP durante más de una ronda.

La crisis de deuda de la empresa, preexistente al Covid

Ya desde antes de la pandemia la empresa mendocina mostraba una situación delicada, originada en 2014. Ese año inició una reestructuración a partir del colapso de una empresa hermana en Brasil, WPE, a la que Impsa le había garantizado US$850 millones de deuda. Con el colapso de WPE se sumaron esos US$850 a la deuda preexistente de Impsa, que era por entonces de US$250 millones.

Esa reestructuración se cerró en abril de 2018; los acreedores asumieron un recorte significativo de la deuda y quedaron definidos dos fideicomisos: uno que tiene el 65% de las acciones y está constituido por inversores institucionales internacionales (Banco Interamericano de Desarrollo, Export Development Canada y bonistas internacionales, entre otros) y nacionales (Banco de la Nación Argentina, BICE, obligacionistas, entre los principales) y otro que tiene el 35% de las acciones y corresponde a la familia Pescarmona, que está atada a la cláusula de «arrastre». Es decir, los accionistas mayoritarios les impiden a los fundadores «intervenir u opinar» frente a una oferta conveniente.

A pesar del fuerte recorte, la empresa quedó con una deuda del doble de la original, en torno a los US$500 millones. El plan definido por los accionistas era que una vez que se pusiera en marcha la compañía saldría a la venta para hacer una reestructuración definitiva.En junio de 2019 la empresa comenzó a buscar inversores para desprenderse del 100% de sus acciones y se hicieron tres ofertas. Una de ellas fue aceptada y se avanzó hasta que se desató la pandemia de Covid-19 y el proceso se puso en suspenso. De hecho, en la empresa ya no saben si quienes estaban dispuestos a comprarla siguen interesados.

Por su gran pasivo, la empresa no califica para solicitar préstamos de ninguna entidad financiera y tampoco puede financiarse con los numerosos proyectos que tiene en agenda -por ejemplo, una central hidroeléctrica en Malasia por US$100 millones-. En la empresa consideran que la asistencia del Gobierno es la única posibilidad que les queda para atravesar crisis y por eso decidieron solicitarla explícitamente.

Fuente: La Naxción.