A contramano de lo que se venía trabajando, el gobierno repondrá un precio sostén obligatorio de 45 dólares para el crudo que se comercialice en el mercado local. Primó la posición de los gobernadores por sobre la de la industria. Qué problemas podría acarrear la decisión.

Funcionarios técnicos del gobierno y directivos de YPF, la petrolera controlada por el Estado, discutieron durante septiembre cómo reordenar el funcionamiento del mercado interno de petróleo después de que a fines de agosto quedara sin efecto el artículo 1 del Decreto 488, que fijaba un valor obligatorio de 45 dólares para el crudo Medanito que se comercializa localmente. Esa norma preveía que, si el precio promedio del Brent superaba por 10 días consecutivos los 45 dólares (algo que sucedió el 31 del mes pasado), productores y refinadores podrían empezar a negociar un precio libre de venta sin referencia alguna.

Eso fue lo que sucedió en septiembre. Los refinadores no integrados —Shell y PUMA— empezaron a comprar crudo a un precio cercano a la paridad de exportación (export parity), cerca de los 40 dólares. Sin embargo, en octubre se volverá a reponer un precio obligatorio de venta de 45 dólares, tal como estaba escrito en el Decreto 488. Así lo aseguraron a EconoJournal tres fuentes de provincias productoras sin contacto entre sí.

Es la decisión que defendían los gobernadores petroleros, cuya principal preocupación hoy es mantener la recaudación fiscal por regalías. Por eso, se opusieron a que el precio interno del crudo esté alineado con la paridad de exportación, tal como había propuesto YPF y el resto de la industria.

El problema de fijar un precio artificial de 45 dólares, como finalmente se definió en estos días, es que los refinadores argumentan que el precio actual de los combustibles no permite reconocerle ese precio al productor. Los números del mercado de naftas y gasoil, indican, no permiten pagar los US$ 45, tal como pretenden los mandatarios de provincias petroleras, con Neuquén y Santa Cruz a la cabeza. Para las refinadoras, la medida tiene dos impactos:

1. Las no integradas correrán menos crudo en sus refinerías, lo que a la larga terminará resquebrajando la oferta de gasoil en el mercado local.
2. Para las integradas como YPF y PAE (que controla Axion Energy), el restablecimiento del precio sostén las obligará a pagar más regalías a las provincias resignando margen del negocio; justo en un momento en que la petrolera controlada por el gobierno precisa cuidar sus recursos de caja para reactivar la inversión en los yacimientos de petróleo y gas.

Alternativas

El secretario de Energía, Darío Martínez, sondeó distintas alternativas para definir la continuidad del barril criollo.

• El vicepresidente de Downstream de YPF, Mauricio Martin, estaba a favor de establecer un esquema de bandas de entre 40 y 45 dólares para el precio doméstico del crudo. De no existir acuerdo entre productores y refinadores, el gobierno se reservaría para sí la potestad de mediar y ordenarle a los segundos que reconozcan un precio similar al de exportación. Sin embargo, esa idea no voló por la negativa de los gobernadores, que interpretaron que con ese sistema verían afectados sus ingresos por regalías.

• YPF demostró a través de un estudio que ese temor era infundado porque, al favorecer la comercialización en el mercado interno, un esquema de bandas permitía que las provincias percibieran Ingresos Brutos sobre la producción (es un impuesto que se descuenta cuando el crudo termina en el mercado de exportación).

• Martínez también exploró un desdoblamiento del mercado de precios. Como publicó este medio, analizó fijar un precio de US$ 45 para liquidar regalías y un precio de export parity en el mercado interno. Pero los gobernadores nucleados en la Ofephi tampoco validaron la idea, que además acarreaba algunos problemas de implementación de índole legal.

Postergación

Hasta ayer la decisión de reponer un precio sostén obligatorio de 45 dólares estaba tomada. Habrá que ver si la industria logra frenar su instrumentación. Es evidente que el presidente de YPF, Guillermo Nielsen, es contrario a la aplicación de una medida de este tipo, al igual que los refinadores.

Fuentes del sector comentaron a este medio que, frente a este escenario, el gobierno postergaría hasta fin de año la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono, que debían aumentar el 1º de octubre.

Si el Ejecutivo decidiera actualizar la carga impositiva que grava la venta de naftas se auto-presionaría a autorizar un nuevo aumento en el surtidor. De ahí la decisión de prorrogar la suba de los impuestos.

Fuente: Econojournal.