Luego que a fines de octubre el Senado diera media sanción a la prórroga hasta fin de 2024 a la ley de biocombustibles, que vence en mayo próximo, nueve diputados multipartidarios intentarán nuevamente que se trate el 28 de diciembre próximo en el Congreso, «sobre tablas».

Se trata de un entendimiento entre diputados del PRO, radicales, del socialismo, de Consenso Federal y del oficialismo. Confluyen, entre otros, Cristian Ritondo, Pablo Yedlin, Ricardo Buryaile, Enrique Estévez, Andrés Zottos, Domingo Amaya, Graciela Camaño, Luis Contigiani y Alejandro «Topo» Rodríguez.

Vale recordar que la media sanción de la prórroga en la Cámara alta se había logrado por unanimidad. Dicha normativa fue impulsada en 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner en donde se estableció la mezcla (hoy del 10%) de biodiésel de soja en el gasoil y del etanol de caña y maíz en las naftas (actualmente del 12%). Asimismo, incorporó incentivos fiscales que apuntan a desarrollar y sostener la industria local, así como a la inclusión de productores agropecuarios y al desarrollo de las economías regionales.

Ya el 30 de noviembre pasado, en plena sesión de la Cámara, Amaya había pedido que se trate «sobre tablas» la aprobación de esa prórroga ya avalada por el Senado. Fue aceptada, pero dada la extensión de la sesión quedó pendiente la aprobación para sucesivas sesiones.

Sin embargo, tras recientes declaraciones del diputado mendocino del Frente de Todos y presidente de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara baja, Omar Chafí Félix,los legisladores interesados en que la ley salga se pusieron en alerta.

«Hace unos días se quería prolongar la vigencia de la ley de promoción que vence en mayo. Tiene media sanción del Senado, pero lo postergamos en Diputados. Tal como está la ley, hoy el petróleo está subsidiando a la pampa húmeda de alguna manera. Hay que apostar fuerte a los biocombustibles, pero en un marco que no afecte a la industria del petróleo», dijo Félix a un medio.

«Con un valor para la tonelada de soja que ronda los US$400, el sector petrolero está obligado a hacer un corte de un 10 o un 12% según sea bioetanol o biodiésel, además se usa la estructura de comercialización que tienen los combustibles fósiles, todo suma costos que asume solo el sector del petróleo», agregó.

Para Amaya, existe confusión en algunos diputados porque lo que se vota es solo la prórroga y «no se perjudica a ningún sector en particular». Además, relató las dificultades que atraviesa el sector productivo al respecto.

«Es una cuestión que ha quedado pendiente y solo faltaría votar, salvo que exista una moción que pida que vuelva a comisión. Si hay que mejorar esa ley se hará en otra oportunidad. El apuro es para quienes producen bioetanol y buscan tener previsibilidad. En Tucumán, la producción azucarera genera casi 70.000 puestos en forma directa y mueve toda la economía de la provincia», dijo a LA NACION.

Para Camaño, la importancia que tiene la ley desde el punto de vista ambiental es enorme. «El reemplazo de combustibles fósiles (naftas, gasoil) por biocombustible disminuye de manera sustancial las emisiones de carbono, lo que significa un aporte notable a la calidad medioambiental», dijeron fuentes de su bloque.

Por su parte, Ritondo dijo que «es raro que una ley que tiene la aprobación por unanimidad del Senado, este dando vueltas» y que «es un acuerdo interbloque que debe ser cumplido».

En este contexto, «Topo» Rodríguez señaló que se trata de un régimen que debe continuar y que así lo van a exigir. «Es una política de estado que favorece la producción federal», precisó.

«Por último, Amaya remarcó que se debe proteger las economías regionales. Si no sale la ley va a ser el quiebre productivo del norte argentino y no nos podemos dar el lujo en este momento de perder un solo puesto de trabajo», concluyó.

Fuente: La Nación.