La denuncia narra, puntualmente, el nulo tratamiento de los residuos y la precaria atención de funcionarios provinciales.

“Residuos petroleros ultra contaminados, producto de la perforación de pozos mediante fracking, acumulados en ‘plantas de tratamiento’ que no funcionan, o sólo lo hacen en apariencia”. Apenas un extracto de la denuncia que presentó, el pasado 17 de Diciembre, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas por el delito de contaminación contra una de las empresas de tratamiento de residuos que operan en Vaca Muerta y contra el gobierno de Neuquén. Desastre en puerta, y silencio en la región.

Por Juan Patricio Méndez *

La demanda consta de 82 páginas y 2 anexos, con archivos, estadísticas, documentales, testimoniales y pruebas. Es que el fracking, técnica de extracción conocida en el mundo por ser un sinónimo de ecocidio, se volvió moneda corriente en la operativa regional, y la contaminación en la cordillera llegó a niveles catastróficos. La denuncia es por el delito de contaminación, establecido por la ley 24.051, incumplimiento de deberes de funcionario público, encubrimiento y asociación ilícita.

La puesta en conocimiento de las actuaciones fue motivada por acción de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, quienes redactaron una puntual investigación que fue presentada ante el Ministerio Público Fiscal de Neuquén, y en trámite ahora ante la Unidad Fiscal especializada en Delitos Ambientales de la Provincia de Neuquén. Según versa en la presentación,se trata de “maniobras fraudulentas entre las empresas petroleras, las de residuos y funcionarios provinciales, que han permitido escalar a niveles monumentales el acopio de barros con hidrocarburos, aguas residuales y químicos, exponiendo así la salud de la población y el ambiente”.

En este sentido, también se añade un acápite donde se tratan cuestiones relativas a la concesión de terrenos fiscales por 50 hectáreas, sin marco regulatorio o llamado a concurso correspondiente. En consecuencia, la empresa COMARSA, dedicada al tratamiento de los residuos, dispuso de dicho territorio. En términos del blog Hacia un Pacto Social y Económico, “las autoridades gubernamentales concedieron casi 50 hectáreas de tierras fiscales para que la empresa COMARSA disponga de zonas liberadas entre Neuquén y Añelo para contaminar descontroladamente y generar un desastre con un pasivo ambiental valuado aproximadamente en $5.000.000.000”.

La contaminación en el lugar es letal. Según la prueba documental acompañada, en las plantas de COMARSA tanto de Neuquén como de Añelo, hay un total de 722.700 toneladas de residuos líquidos o semilíquidos, que implica una totalidad 401.500 metros cúbicos. En equivalencias, implica un aproximado de 44 hectáreas de basura, recortes de perforación, químicos varios y demás residuos que implican un gran daño ambiental. Además, la denuncia expresa que las plantas no cuentan con la capacidad técnica necesaria para el tratamiento de los residuos petroleros, por lo que la contratación de dicha entidad para esta tarea queda bajo la lupa.

Rafael Colombo, abogado y miembro de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, señaló que estas esta clase de empresas “reciben millonarias sumas para el tratamiento de residuos que nunca tratan, luego consiguen que el Estado les ceda tierras fiscales para terminar disponiendo ilegalmente de los residuos peligrosos. Construyen piletas para acopiarlos, pero no los tratan, luego consiguen otra vez tierras fiscales para ampliarse y comienzan nuevamente”. Además, indicó que esta clase de basurales “son el resultado de una serie de maniobras que forman parte de una connivencia entre empresas y autoridades estatales para negociados millonarios, sacrificando territorios y poniendo en riesgo la salud”

En la denuncia puede advertirse el proceso de crecimiento de las plantas, que desde 2015 siguió operando pese a que se sancionó el decreto 2263/15 que ordenaba el cierre de la planta. La continuidad de su operativa implicó la expansión de sus fronteras mercantiles y territoriales, pasando a tener 29 hectáreas más. El cambio de gobernación en 2015 fue favorable para esta lógica, ya que además de no haberse implementado el decreto anteriormente mencionado, la compañía continuó creciendo.

Según versa de los párrafos presentados, entre 2016 y 2018 se excavaron nuevas piletas en vez de cerrar las ya existentes. El problema de esto es que no se implementó ningún estándar técnico para el estudio del estado de los suelos o los residuos, sino que simplemente se hicieron más pozos para acopiar más residuos, lo que indica que no solo no se trataron los residuos, sino que la acumulación se hizo de manera fraudulenta.

A mediados de julio de 2018, se autorizó sin concurso previo a COMARSA para el tratamiento de los residuos petroleros de Vaca Muerta, mediante técnicas de biorremediación, técnica que emplea elementos orgánicos para la recomposición de los suelos y del ambiente. Sin embargo, por las condiciones de humedad y temperaturas de la provincia, el método es inaplicable. Al año siguiente, mediante la resolución 791/19, se autorizó a la empresa a enterrar residuos peligrosos sin ningún tipo de tratamiento, lo cual es inconstitucional.

Esta denuncia no es la primera que recibe Vaca Muerta por el tratamiento de sus residuos, o por los basurales que las empresas generan. En 2019, Greenpeace elaboró una denuncia a partir de estudios independientes que tomaron muestras del terreno, y evidenciaron la presencia de “metales pesados y elementos radioactivos como radón o el uranio”. Por lo que la violación a la Ley de Residuos Peligrosos es una constante en esta zona, así como también es moneda corriente las denuncias a los ministros y funcionarios ambientales de la provincia de Neuquén.

Y esta acumulación de denuncias y causas, generadas por la cantidad de derrames producidos y por el alto nivel de contaminación y daño al medio ambiente que la actividad produce, llevó a que el José Gerez, titular del Ministerio Público Fiscal de la provincia, cree la Unidad Especial de Delitos Ambientales, organismo que se encuentra interviniendo en la actualidad.

El extractivismo, como política de Estado, incorpora a su conceptualidad la relación íntima entre regulador y regulado, es decir, entre corporaciones e instituciones públicas. Conocidas son las normativas, devenidas en favores, en ese sector productivo: exenciones impositivas, cesión de territorios, desregulación y zonas liberadas, entre otras. Y esta oportunidad no representa un caso aislado: la existencia del extractivismo en la zona cordillerana representa el abandono sistemático, el daño ambiental y las relaciones cercanas entre altos mandos públicos y privados.

En un año donde la agenda ambiental copó varias veces el centro de la escena, esta denuncia se mete de lleno en una histórica problemática: la megaminería y la extracción de minerales en América Latina. Con el agua cotizando en Wall Street, es momento de considerar al cuidado ambiental el primer brazo de las políticas de Estado.

La investigación, mientras tanto, sigue su curso, y se espera la respuesta de los organismos intervinientes y la sanción de cautelares. Las asambleas, mientras tanto, se continúan manifestando a lo largo y a lo ancho del país, exigiendo el cumplimiento de los derechos ambientales.

Luego de una larga investigación, hoy denunciamos penalmente la escandalosa trama de contaminación y negocios millonarios con los Residuos Petroleros en Vaca Muerta.

Fuente: Radiografía.