El gerente general de Enresa, Tomás Lorda, celebró el acuerdo alcanzado y la reactivación de sus plantas en La Pampa, que se pondrán en marcha ante el anuncio de recomposición de los precios por parte de Nación. De todas maneras, exigió que se cumpla la ley sancionada en 2006.

En diálogo con Radio Noticias, el empresario -que tiene la planta en Catriló- reconoció que «transcurrió un año muy difícil», donde se dio «una conjunción de cosas». Entre ellas, mencionó el cambio de gobierno. «Ya nos ha pasado en este sector que, cada vez que hay un gobierno nuevo, tenemos que arrancar explicando a los funcionarios que llegan cómo es el funcionamiento del régimen», añadió.
Luego llegó la pandemia de coronavirus y, en el medio, hubo «muchos cambios de funcionarios dentro de la Secretaría de Energía, por lo que fue otra vez arrancar de cero». A su vez, sumó las presiones por parte de las petroleras, que «no es el sector que más desea a los biocombustibles».
«Tuvimos un año terrible, de total descuido del sector», afirmó. Sin embargo, comentó que todo cambió en los últimos tres días, donde tuvieron «más contacto con la Secretaría de lo que hemos tenido durante todo el año»
Entre el 31 de diciembre y el 2 de enero, hubo varias reuniones por videoconferencia. «Fueron tres días muy intensos, de tratar de llegar a un acuerdo. Se llegó a esto, que si bien no es el cumplimiento de la ley porque hay una baja del corte, pero estábamos a dispuestos a hacer una transición, resignando más de lo que ya resignamos, porque necesitábamos poner en marcha las plantas».

Que se cumpla la ley.
Lorda sostuvo que fue «inexplicable y muy contradictorio» lo que ocurrió meses atrás. «Teníamos un presidente de la Nación que hablaba de desarrollo territorial y él mismo hablaba de aumentar los compromisos de la Argentina respecto del impacto ambiental, habla de pymes y después los funcionarios de la Secretaría de Energía actuaban en otro sentido. Es muy incomprensible lo que pasó durante todos estos meses».
«La verdad, nobleza obliga, en estos últimos tres días tuvimos más contacto de los que hubo en el último año», insistió y reconoció que «fue muy notable».
Por otro lado, el empresario remarcó que necesitan «que se cumpla la ley. Durante estos 12 años cada funcionario que llegó al Estado -sea del tinte político que sea- no la cumplió. Sistemáticamente el sector de los biocombustibles fue sometido a un incumplimiento de la ley o a una visión muy subjetiva de cada funcionario que llegaba».
La ley, comentó, fue sancionada en 2006 y comenzó el corte en 2010. «Tiene dos grandes puntos que son para cumplirlos. Establece el corte obligatorio, que en la Argentina vamos a cortar los combustibles fósiles con biocombustibles. Es una decisión ambiental, en algunos momentos es más barato y en otros más caro, pero es una política a largo plazo votada en un Congreso».
«La segunda parte de la ley, dice que no se va a abastecer de cualquier manera, sino que va a ser de una manera tal que sirva para fomentar el desarrollo del interior y de empresas pymes», agregó y señaló que también estableció «un cupo y un precio que tiene que garantizar la cobertura de los costos y generar una rentabilidad».

Otras prioridades.
Desde su sanción, continuó Lorda, «cada funcionario por el motivo que sea ha jugado con la fijación de ese precio y muchas veces nos han terminado poniendo precios que no reconocen nuestra estructura de costos».
Con respecto al actual secretario de Energía, Darío Martínez, recordó que «llegó hace menos de seis meses» y reiteró que siempre que cada funcionario que asume desconoce la realidad del sector.
A su vez, advirtió que el sector está en un área de hidrocarburos. «Cada uno que está ahí es petrolero, y no está pensando en el desarrollo del interior, en las pymes o en el ambiente, o por lo menos no es su prioridad. Está pensando en el Plan Gas, en reactivar Vaca Muerta, y este era un problema más», afirmó.
«Evidentemente logramos en los últimos días del año entrar en la agenda de él y por eso se terminó resolviendo. Esto es voluntad política. Nosotros somos las gallinas y nos está dirigiendo el lobo. Siempre fue así, desde el primer día la autoridad de aplicación fue la Secretaría de Energía. Nosotros creemos que, cómo mínimo, debería ser algo interministerial y sino pertenecer al sector de agroindustria», añadió
«La ley actual es buenísima, nos permitió que hoy existamos. Necesitamos simplemente que se cumpla la ley», enfatizó y concluyó con cierta visión optimista: «llegamos a un acuerdo y vamos a poner las plantas en funcionamiento. Estamos encarando un 2021 con plantas prendidas».

Un sector paralizado.
El gerente general de la empresa radicada en Catriló explicó que, desde agosto, el sector está cien por ciento «paralizado». Incluso, señaló que hubo empresas que despidieron o suspendieron personal. «Era absolutamente crítica la situación».
De todas maneras, Lorda se mostró «contento» de «poder poner las plantas en funcionamiento». En relación al panorama, explicó que tienen «cinco meses para adelante, y después no sabemos lo que va a pasar porque se vence la ley en mayo». Para Lorda era importante «levantar las trabas y empezar a tener un diálogo para ver cómo seguimos de mayo para adelante».
Meses atrás, el sector obtuvo del 10 %, que para el empresario no fue suficiente. «El 80 % de nuestros costos de producción es el aceite de soja. El aceite pasó de diciembre del año pasado hasta hoy, pasó de 30 mil a 66 mil pesos, porque es un commodity que está en dólares. Además aumentaron los precios internacionales. Entonces el impacto fue terrible y nos dejó fuera de juego. Es un aumento del 110 % de nuestra materia prima».

Fuente: La Arena.