El lobby de los biocombustibles logró que casi un centenar de proyectos de ley esperen su tratamiento en el Congreso de la Nación para sostener los beneficios fiscales a su producción, que en los últimos 15 años le costó al Estado más de 7.400 millones de dólares.

En el Ministerio de Hacienda reconocen que los biocombustibles se transformaron en un gran problema para las cuentas fiscales. “El esquema actual ya lleva 15 años y los números no cierran pese a que se les dio beneficios fiscales a los proyectos de construcción de las plantas productoras, se les aseguró un mercado cautivo y un precio garantizado por el Estado, que desde hace años encarece el costo de los combustibles y repercute en los precios que pagan los consumidores”, comentan en la cartera que dirige Martín Guzmán.

En mayo vencerá el esquema de algunos beneficios fiscales para los biocombustibles, no así su utilización ni obligación de corte con la nafta y el gasoil. No dejará de exigirse la utilización de 10% de biodiesel en cada litro de gasoil y de 12% de bioetanol en el litro de nafta. Ni siquiera el beneficio impositivo de no abonar el impuesto a los combustibles, porque ese favor lo tienen protegido también por la ley 23.966 de impuestos a los combustibles desde 2018.

De mantenerse la oposición del Gobierno a prorrogar el esquema actualmente vigente, lo que perderían las empresas productoras de biocombustibles será la posibilidad de devolución anticipada de IVA o la amortización acelerada para el impuesto a las ganancias para las nuevas plantas que se construyan.

Dejarán de tener un sistema de precios regulados por el Estado y el otorgamiento de cupos discrecionales que cada mes asigna la Secretaría de Energía para cada planta. Deberán competir libremente, por precio y calidad, entre todos los productores del mercado. En la Casa Rosada ya advirtieron que habrá que repensar el sistema, lanzado en 2006 cuando el barril de petróleo cotizaba por encima de los 100 dólares y los combustibles elaborados a partir de soja, maíz y azúcar permitían soñar con una baja sensible de los precios en las estaciones de servicio.

“El desarrollo de los biocombustibles a nivel mundial estuvo impulsado por necesidades geopolíticas de Estados Unidos y la Unión Europea para salir de la dependencia del petróleo”, asegura Martín Bronstein, presidente del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad (Ceepys). “En 2006, casi el 70% de las exportaciones de crudo provenían de la OPEP y Estados Unidos importaba más del 60% de lo que consumía. Era una cuestión de seguridad nacional para esos países desarrollar alternativas al petróleo”, explica.

Poco tiempo después, Estados Unidos encontró la reserva de petróleo no convencional más grande del mundo y dejó de depender de terceros países, el precio del crudo se estabilizó hacia la baja, las commodities agropecuarias aumentaron y el sueño de combustibles de origen agropecuario se vino a pique. Pero en la Argentina el esquema se sostuvo e inclusive intensificó, aumentando paulatinamente los porcentajes obligatorios con que los biocombustibles debieron mezclarse con los obtenidos a partir de petróleo.

“En estos 15 años, el costo de los biocombustibles ha resultado sistemáticamente más elevado que el de los combustibles fósiles, lo que ha derivado en un mayor costo de los combustibles en el surtidor”, asevera Nicolás Arceo, ex vicepresidente de Administración y Finanzas de YPF y actual director de la consultora Economía & Energía.

Ese mayor costo de los biocombustibles fue parcialmente compensado a través de la exención del impuesto a los combustibles líquidos, lo que “generó una merma en los ingresos fiscales tanto de la Nación como de las provincias, porque se trata de un impuesto coparticipable”, señala.

El fin de semana pasado, el ministro de Industria de la provincia de Córdoba, Eduardo Accastello, utilizó su cuenta en Twitter para cuestionar que el gobierno nacional no prorroga la ley que vence en mayo y lo acusó de hacer “lobby en contra de los biocombustibles”.

Desde el Ceepys salieron a responderle por la misma red social para recriminarle que la menor recaudación en las arcas públicas por los beneficios fiscales para los productores de biocombustibles “lo pagamos los argentinos: los que tenemos autos y los que ni siquiera tienen esa posibilidad”.

A la mirada fiscal le sigue la técnica: los combustibles elaborados a partir de soja y maíz no solo son más caros sino menos eficientes que los obtenidos con petróleo. Un litro de etanol rinde energéticamente el 75% de un litro de nafta; y el biodiesel, un 87% del litro de gasoil.