La cámara de diputados evaluará la extensión o no de la ley 26.093 de promoción de los biocombustibles, sancionada en 2006. Mientras que la oposición parece alineada con el lobby de las grandes empresas de biocombustibles, el oficialismo impulsa un proyecto mucho más racional que favorecería a las PYMES productoras.

En estos días se está tratando el futuro de los beneficios fiscales que reciben los biocombustibles. La cámara de diputados evaluará la extensión o no de la ley 26.093 de promoción de los biocombustibles, sancionada en 2006, y que ha establecido cortes de bioetanol para la nafta y de biodiesel para el gasoil además de jugosos beneficios fiscales para las empresas productoras. Mientras que la oposición parece alineada con el lobby de las grandes empresas de biocombustibles, el oficialismo con el diputado Máximo Kirchner a la cabeza, impulsa un proyecto mucho más racional que favorecería a las PYMES productoras.

En estos quince años, la promoción de los biocombustibles le ha costado al Estado Nacional, entre exenciones impositivas y no pago de retenciones a la exportación de aceite de soja, más de 7 mil millones de dólares. La realidad es que los números no cierran pese a los beneficios fiscales que se les dio para los proyectos de construcción de las plantas productoras. Además, a las empresas productoras se les aseguró un mercado cautivo y un precio garantizado por el Estado, que desde hace años encarece el costo de los combustibles y repercute en los precios que pagan los consumidores.

El desarrollo de los biocombustibles a nivel mundial estuvo impulsado por necesidades geopolíticas de Estados Unidos y la Unión Europea para salir de la dependencia del petróleo, en 2006, casi el 70% de las exportaciones de crudo provenían de la OPEP y Estados Unidos importaba más del 60% de lo que consumía. Era una cuestión de seguridad nacional para esos países desarrollar alternativas al petróleo.

Poco tiempo después, Estados Unidos encontró una de las reservas de petróleo no convencional más grandes del mundo y dejó de depender de terceros países, el precio del crudo se estabilizó hacia la baja, los commodities agropecuarios aumentaron y el sueño de combustibles de origen agrícola se vino a pique.

Pero en la Argentina el esquema se sostuvo e, inclusive, se intensificó, aumentando paulatinamente los porcentajes obligatorios con que los biocombustibles debieron mezclarse con los derivados del petróleo. La ley 26.093 establecía originalmente cortes del 5% para ambos biocombustibles, pero esos porcentajes se fueron incrementando paulatinamente y hoy ya representan el 12% para el bioetanol y 10% para el biodiesel.

La promoción de los biocombustibles ha tenido un impacto directo sobre los precios de las naftas y gasoil para los usuarios. Un ejemplo concreto se observó en enero cuando todas las expendedoras de combustible del país debieron remarcar sus precios ante el fuerte aumento de los biocombustibles, el biodiesel aumentará progresivamente un 90% hasta mayo y el bioetanol un 70%. A decir verdad, no parece muy razonable que el precio de las naftas esté influido por los precios del maíz y los del gasoil por los precios de la soja.

En estos 15 años, el costo de los biocombustibles ha resultado sistemáticamente más elevado que el de los combustibles fósiles, lo que ha derivado en un mayor costo de los combustibles en el surtidor.

Lo que vence en mayo, y se está discutiendo actualmente, es el esquema de algunos beneficios fiscales de los biocombustibles, no así su utilización ni obligación de corte con la nafta y el gasoil. No dejarán de exigirse los cortes con los combustibles tradicionales, aunque habrá que ver en qué valores quedan los mismos. Las empresas de biocombustibles también mantendrán el beneficio impositivo de no abonar el impuesto a los combustibles líquidos, porque ese favor lo tienen protegido también por la ley 23.966 de impuestos a los combustibles desde 2018.

De no extenderse la ley 26.093, lo que perderían las empresas productoras de biocombustibles será la posibilidad de devolución anticipada de IVA o la amortización acelerada para el impuesto a las ganancias para las nuevas plantas que se construyan. Y dejarán de tener un sistema de precios regulados por el Estado y el otorgamiento de cupos discrecionales que cada mes asigna la Secretaría de Energía para cada planta. Deberán competir libremente, por precio y calidad, entre todos los productores del mercado.

Hoy los beneficios globales de los biocombustibles comienzan a ser discutidos y se están revisando algunas políticas a nivel mundial. La Agencia Internacional de Energía publicó recientemente su informe sobre inversiones energéticas mundiales, el “World Energy Investment 2020”, donde remarca que el impulso político, no los beneficios económicos, sigue siendo el factor determinante para el crecimiento de los biocombustibles.

Debemos pensar una política energética que contribuya al crecimiento del país más allá de los lobbies agrícolas, petroleros, renovables, financieros, etc. que si bien pueden tener intereses legítimos no dejan de ser sectoriales. Es necesario tener una visión integradora. Si bien en su momento fue correcto apostar a la promoción de los biocombustibles, hoy en día el contexto es muy diferente al del 2006 por lo que no sería conveniente para nuestro país que toda la sociedad continúe subsidiando a ese sector como lo venía haciendo. Las empresas deben competir libremente más allá de los incentivos fiscales.

Argentina necesita apostar por la energía más abundante, eficiente y barata, y esa energía hoy se encuentra en los recursos no convencionales de Vaca Muerta.