La polémica reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, actualmente suspendida judicialmente, viola derechos humanos como el derecho a la salud y a un ambiente sano y debe combatirse, señalaron este martes especialistas en el tema.

«El derecho a la salud está plasmado en la constitución ciudadana y esta reforma solo significa un retroceso a niveles de cumplimiento de estos derechos», señaló en conferencia de prensa Roberto de la Maza Hernández, docente de la Universidad del Medio Ambiente.

De acuerdo con el experto, la reforma eléctrica, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, llevará a México a un mayor consumo de energías fósiles, como el carbón, el gas natural y el combustóleo para generar electricidad.

Todos estos agentes, explicó, dañan de manera severa la salud de la población, el medioambiente y comprometen el futuro de la niñez en México.

«Esto hace a un lado la transición energética justa y con enfoque de derechos humanos por la que el país debería avanzar», señaló.

Beatriz Cárdenas, integrante en México del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, en inglés), afirmó que los contaminantes tienen un importante impacto en la salud.

Destacó que existe evidencia científica de que la exposición aguda a contaminantes provoca incrementos de las enfermedades respiratorias, mientras que una exposición crónica a estos agentes eleva la mortalidad prematura por enfermedades cardiopulmonares, cáncer de pulmón y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

«Además, existen ya estudios que reportan que la exposición a contaminación del aire tiene impactos en la vulnerabilidad de efectos de infección por covid-19», indicó.

Axell Sutton, integrante del Colectivo Ecologista Jalisco, explicó que la contaminación del aire provoca la muerte de 4,5 millones de personas en el mundo al año, de las cuales, se estima que por lo menos unas 15.000 mueren anualmente en México.

La reforma cambia el despacho eléctrico para siempre suministrar primero la energía de las plantas viejas y de combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las centrales privadas de renovables y de ciclo combinado.

Con base en esto, Stephan Brodziak, integrante del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire, explicó que en México existe el plan de incrementar el uso de combustóleo en las termoeléctricas.

Detalló que hay estudios que indican que tan sólo la contaminación por combustóleo de la termoeléctrica de Tula sería responsable de 14.000 muertes prematuras en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Esto debido a que funciona con combustóleo.

Consideró que la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) debería asumir un rol protagónico en la transición energética justa, renovable y con enfoque de derechos humanos que el país necesita.

José Antonio Caballero, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señaló que los amparos que detuvieron la reforma energética han marcado un precedente para establecer que las organizaciones civiles y la sociedad en general pueda reclamar sus derechos.