El Gobierno discute en relación a la política tarifaria, precios y subsidios y esto tomo estado público mediante recientes audiencias y declaraciones de los funcionarios.

Martín Guzmán, sostiene la necesidad de aplicar aumentos de tarifas, que permitan cumplir con las pautas del Presupuesto 2021, lo que implicaría aumentos con pisos del 40% en las facturas finales de gas y electricidad para el año en curso. En cambio los interventores de los entes reguladores y el Subsecretario de Energía Eléctrica (subalternos del ministro, pero alineados al Instituto Patria), tienen opiniones opuestas y manifiestan públicamente que “los incrementos de tarifas se ubicarán en la franja de entre el 7% al 9%”, “que será necesario ampliar la ayuda vía subsidios” y que “la hoja de ruta energética no la marca el Presupuesto”.Estas declaraciones representan un abierto desafío a su superior jerárquico y revelan una preocupante falta de coordinación y visiones opuestas respecto al devenir de la política energética dentro del Gobierno.

Pareciera que el esquema de “tarifas de transición” que anunciaría el Gobierno en los próximos días no cumplirá el marco normativo ni los contratos vigentes ya que no será el resultado del relevamiento de costos eficientes de las empresas que prestan los servicios públicos, sino el resultado de decisiones arbitrarias de entes reguladores bajo intervención.

Esto hace que se confunda sus funciones técnicas con el diseño de la política energética que es responsabilidad del Secretario de Energía y de su superior: el ministro de

Economía.

Las consecuencias serán pesadas para las cuentas públicas

Las tarifas de servicios energéticos permanecen congeladas hace 24 meses. En ese periodo los costos de operación, mantenimiento e inversión de las empresas de servicios aumentaron más del 100%, una situación difícil de sostener en el tiempo.La rueda energética no puede parar: todos los caminos conducen a los subsidios

El presupuesto 2021 prevé mantener los subsidios a la energía en línea a 2020, es decir, 1,7% del PIB ($625.800 millones), un año en que los subsidios experimentaron un fuerte impulso producto de la pandemia.

Los objetivos ahora corriendo contrarreloj serán los de  focalizar los subsidios a la demanda ya que el Gobierno transita su segundo año de gestión y todavía sigue discutiendo cómo focalizar los subsidios energéticos. Se discute la “segmentación de las tarifas”, “identificar la capacidad de pago usuario por usuario” y/o “inteligencia estatal”: todos estos temas requieren de un manejo de datos, información y logística estatal que hasta el momento no parece disponible. A esto se se suman los problemas con el abastecimiento de gas

ya que en los últimos días de marzo se verificó un desbalance en el sistema de gasoductos, es decir, la demanda de gas fue mayor a la oferta y eso generó un desequilibrio en la presión del sistema de transporte de gas natural lo que hizo que se duplique el precio del gas a la industria dado que las industrias compran el gas a través de contratos directos con productores y contratan a las empresas de transportes y distribución (los denominados “peajes”) por el uso de red.

En ese contexto se espera que en las próximas semanas se renegocian contratos anuales con precios del gas que reflejaron aumentos de hasta el 100%.

“Un extraordinario proyecto de expansión y optimización del sistema de transporte argentino de gas para el abastecimiento interno y la integración gasífera regional, para potenciar las exportaciones a Chile, Brasil, Uruguay y eventualmente Paraguay, pero también gas licuado (GNL)” anunció en una reciente entrevista el interventor del Enargas.  Se realizaría, agregó, a partir de inversiones chinas en infraestructura gasífera que se anunciarán en ocasión de la visita del presidente Alberto Fernández a la República Popular de China.

Es necesario que el Gobierno ponga a disposición del Congreso el grado de avance de los proyectos en cuestión y de las negociaciones con China a fin de evitar asumir compromisos de alto costo futuro para el Estado Nacional sin el debido respaldo técnico, solo en busca de golpes de efectos en medio de un proceso electoral.

Quizás estamos muy cerca de tomar un nuevo endeudamiento para el desarrollo de una infraestructura que hasta el momento no cuenta con estudios con el suficiente estado de avance que permitan asegurar su factibilidad técnica, económica, financiera y ambiental.

Las represas sobre el río Santa Cruz y las centrales nucleares son dos botones de muestra que representan más de US $20.000 millones de endeudamiento en proyectos de dudosa factibilidad.