La medida haría caer el contrato con COUSA. “Que no se repita lo de PLUNA”, afirmó el diputado Álvaro Perrone.

La eliminación del biodiesel, que se mezcla con el gas oil en forma obligatoria en un 5 por ciento, prevista en la Rendición de Cuentas, es un tema que divide a la coalición de gobierno. Los representantes de Cabildo Abierto, aún no están convencidos de votar a favor de este artículo.

Liderados por el senador Manini Ríos, Legisladores del sector han cuestionado el artículo de la normativa ante la posible pérdida de trabajo que esto pudiese generar, en la medida de que el biocombustible es producido en las plantas de ALUR (S.A. propiedad de ANCAP) por mano de obra nacional.

Álvaro Perrone además de las preocupaciones por los temas laborales dijo estar preocupado ante la posible rescisión del contrato con COUSA (proveedora de aceites) que finaliza en 2028. Expresó que rescindir el contrato implicaría “costos para el Estado”.

Fuentes del sector indican que la medida podría costar al estado uruguayo casi 65 millones de dólares (la cifra de la cláusula de rescisión es equivalente a 2,6 años del pago de sobrecostos por mezclar biodiesel en el gasoil) lo que motivó que el legislador reflexionara en cuanto a que no quiere “que se repita lo que pasó con (la empresa de aviación) PLUNA”.

Vale destacar que el biocombustible es producido por Alcoholes del Uruguay (ALUR) –subsidiaria de ANCAP– en su planta de Capurro, utilizando materias primas entregadas por la empresa COUSA, que se encarga de la molienda de granos para la producción de aceites.

El propio ministro Omar Paganini había informado a los legisladores que  suprimir el biodiesel del gas oil, implicaría una baja en su precio de $ 1.50 por litro, razón por la que “conviene eliminarlo”.

El texto de la Rendición de Cuentas, establece que ANCAP y al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) deberán evaluar los costos de la rescisión del contrato con COUSA y los impactos del cierre de la planta de ALUR en Capurro, que emplea a 40 trabajadores.

Paganini dijo ante los legisladores “Todo el sector de la cadena agrícola no se vería afectado en absoluto. En cambio, sí se ve afectado por tener que pagar el gas oil para su producción en el orden de 1,5 pesos adicionales. En ese contexto, nos parece que el impacto productivo es negativo y el impacto social es muy pequeño”.

En relación a la situación con COUSA, empresa que brinda empleo a 350 personas, uno de los puntos que preocupa a Perrone, es que “factura 110 millones de dólares por año y le factura nueve millones de dólares a ALUR”. Por eso, descartó que exista “algún riesgo dentro de la plantilla de COUSA” en caso de que se rescinda el contrato con ANCAP.