El diputado por la provincia de Chubut, Gustavo Menna (UCR), presentó un pedido para que el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el secretario de Energía, Darío Martínez, expliquen por qué anularon de forma intempestiva los contratos de las navieras ganadores de la licitación para transportar combustible para las centrales eléctricas.

La anulación intempestiva de los contratos de los barcos alijadores que tenían que transportar combustible por vía marítima para centrales eléctricas llegó al Congreso. El diputado de la UCR por la provincia de Chubut, Gustavo Menna, presentó un pedido de informes en la Cámara de Diputados para que el jefe de Gabinete Juan Manzur y el secretario de Energía, Darío Martínez expliquen las razones de la anulación de la licitación de transporte de combustibles para centrales eléctricas, el viernes pasado, y que iba a generarle un ahorro de casi US$ 55 millones al Estado. También firman el pedido Alfredo Cornejo (UCR) y Jimena Latorre (Juntos por el Cambio).

Los reclamos

La nota presentada por el diputado Menna reclama conocer las razones por las cuales la Secretaría de Energía instruyó a Cammesa, la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista, a que anule los contratos que resultaron originalmente ganadores de la licitación. Los contratos entraban en vigencia el 1° de octubre, pero fueron dejados sin efecto horas antes por la Secretaría de Energía.

En el texto presentado en la Cámara de Diputados ayer también se pide que la Secretaría de Energía “indique si como consecuencia de la anulación de los contratos que habían sido celebrados como resultado de un proceso licitatorio se mantendrá en forma directa la contratación del servicio con las empresas Maruba, Bahía Grande y National Shipping, y en tal caso, si les va a reconocer un precio superior que el resultante de la licitación que derivó en los contratos que se dejaron sin efecto”.

Menna también reclamó que se especifique el precio contratado con las empresas Antares y Horamar y el precio que se venía pagando por el mismo servicio de transporte mediante barcos alijadores a las empresas Maruba, Bahía Grande y National Shipping. Además, el diputado pidió que se “indique si existió dictamen de los servicios jurídicos de la Secretaría de Energía y de Cammesa en relación a la legalidad de la determinación de anular contratos ya celebrados, con principio de ejecución y resultantes de un proceso licitatorio”.

Por último, el diputado Menna solicitó que la cartera a cargo de Darío Martínez “informe la fecha en la que se va a proceder a un nuevo llamado licitatorio”. La naviera Horamar le reclamó a la secretaría el lunes que convoque cuánto antes a una nueva licitación.

Fundamentos

En el proceso licitatorio, a las navieras Antares y Horamar les adjudicaron 6 barcos por presentar el mejor precio para el servicio de transporte marítimo, “sin embargo, y sin que se conozcan las razones de tal determinación, la Secretaría de Energía instruyó a Cammesa para la anulación de dichos contratos. Como consecuencia de ello, no solo se genera una situación para nada transparente y susceptible de generar responsabilidad patrimonial para el Estado por incumplimiento contractual, sino que además se pierde un ahorro de sumas multimillonarias por el menor precio de los contratos ahora anulados”, señala el pedido de informes presentado por Menna.

“A tal punto es ello así que días antes de la anulación de los contratos un funcionario de la Subsecretaría de Energía Eléctrica se ufanaba que como consecuencia de la licitación, los subsidios que paga el Tesoro Nacional al sistema eléctrico iba a tener una reducción de US$ 54,35 millones y que el precio del servicio de transporte marítimo del combustible que mueve las centrales térmicas iba a tener una reducción de 10,79% en el año, equivalente a US$ 13,49 millones por año”, añade.

Por último, el pedido de informes resalta: “Es por ello que las autoridades del sector y el Jefe de Gabinete de Ministros deben rendir las explicaciones del caso, tanto en lo que respecta a la motivación de la decisión, como así también a la ponderación jurídica efectuada en forma previa y en orden a evitar litigios futuros; como así también las razones por las cuales se da marcha atrás con una contratación que implicaba un ahorro en las erogaciones que debe afrontar el Estado”.