Se trata de más del triple que la deuda con el FMI. Además, en los últimos doce meses fueron de USD 9.000 millones, según el más reciente informe de “Tendencias” del Instituto Argentino de Energía General Mosconi.

Es el nivel más alto de los últimos 4 años, que se atribuye al congelamiento de precios (las tarifas aumentaron solo por el Valor Agregado de Distribución), los costos crecientes de la generación eléctrica, las erogaciones derivadas del Plan Gas y la Resolución 46, de incentivos a la producción, y las mayores importaciones de gas de Bolivia y de Gas Natural Licuado (GNL), en buques metaneros, “a precios algo superiores al promedio”.

“El peso de los subsidios comienza a transformarse en un problema macroeconómico”, notó en una síntesis Julián Rojo, miembro del IAE, mientras “se demora la implementación de la segmentación tarifaria que podría haberse implementado mediante un mecanismo ya existente, la tarifa social federal”.

El peso de los subsidios energéticos sobre la economía se nota aún más si se estira el período de observación. En una reunión de especialistas, el Ingeniero Juan Carlos Blanco, de Enel, una firma eléctrica multinacional, de origen italiano, precisó que entre 2002 y 2020 los subsidios energéticos sumaron USD 143.000 millones. Esto es, el triple, más una yapa de cerca de USD 16.000 millones que los algo más de USD 43.000 millones que la Argentina le debe al FMI después de haber pagado en septiembre una cuota de USD 1.900 millones con recursos que el propio Fondo había enviado en concepto de la cuota que le corresponde al país por el aumento del capital del organismo. La cifra, cabe aclarar, no computa los subsidios 2021, que Rojo y el economista energético Alejandro Einstoss, también del IAE, proyectaron en USD 10.000 millones hacia fin de año.

De los USD 143.000 millones de subsidios entre 2002 y 2020, precisó Blanco, 84.000 millones se canalizaron a través de Cammesa, la Compañía (mixta) Administradora del Mercados Mayorista Eléctrico que enjuga parte de las diferentes entre tarifas y costo de la energía en su relación con las distribuidoras de todo el país. Y otros 59.000 millones fueron subsidios directos del Tesoro Nacional.

Según Blanco, no habrá futuro posible “si no logramos condiciones que habiliten el despliegue de la transición energética…El mantener las tarifas de servicios desactualizadas no parece ser un camino en el que los beneficios superen a los perjuicios”.

Blanco afimo que en 18 de los últimos 20 años el sector energético vivió bajo distintas figuras de emergencia y que en 17 de los últimos 20 años el ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) estuvo intervenido con designaciones sin acuerdo del Senado.

Es falso, señaló, atacando uno de los argumentos defensivos de los partidarios de los subsidios, que las empresas (de otros sectores) quiebren por el costo de las tarifas que, dijo representan entre 0,9 y 2,5% del costo de venta de los bienes y servicios o a lo sumo el 6% en el caso de las industrias electro-intensivas.

Las tarifas más realistas no cree que sean impagables, al punto que las actuales tarifas argentinas son las más bajas de América Latina y, en caso de ser aumentadas, es posible aplicar tarifas sociales bien diseñadas.

Blanco también desafió la afirmación de que las empresas de electricidad “ganan mucho”, señalando que para el conjunto de ellas en la Argentina el promedio de rentabilidad sobre los activos de los últimos 20 años fue negativo: – 2,1 por ciento. Y a quienes señalan que las tarifas eléctricas aumentaron 5.100 % entre 2002 y 2020, según un promedio calculado por el ENRE; opuso que en el mismo período el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) aumentó cerca de 6.000 por ciento.