La propuesta del Consejo Económico Mendocino (CEM) apunta a la reducción de Ingresos Brutos para incentivar la creación de puestos de trabajo en la provincia.

Diez años atrás, en el 2011, 42 por ciento de las actividades económicas de Mendoza no estaban alcanzadas por Ingresos Brutos (IIBB), de todos, quizás el impuesto más regresivo y nocivo. En el 2015 eran de 5 por ciento, para llegar al 2021 con sólo 8 por ciento del total de las actividades económicas que no tributan por ese concepto. En el 2011, 75 por ciento de todas las actividades que tributaban liquidaban alícuotas de 3 por ciento o menores que esa cifra; en el 2015 eran 58 por ciento y hoy son exactamente la mitad: 50 por ciento de ese universo.

IIBB se transformó en el tercer impuesto más importante y gravitante, luego del IVA y de Ganancias en la recaudación del Estado provincial. Hacia el 2009, la presión impositiva (ese fenómeno que se mide y se calcula tomando la recaudación del impuesto sobre el total de la economía provincial, o bien sobre su riqueza representada en el Producto Bruto Geográfico) de IIBB era de 2,6 por ciento; en el 2014 llegó al escalofriante 5,9 por ciento para comenzar a descender levemente hasta el 4,8 por ciento actual de la participación total.

Las características de IIBB –un impuesto presente en las provincias argentinas, pero ausente en la mayor parte de los países del mundo, empezando por los vecinos con quienes la producción de Mendoza compite en los mismos mercados–, lo han transformado en el gravamen más nocivo para toda la actividad económica provincial, para la creación de empleo, para la competitividad de las empresas y, por ende, para el desarrollo de su economía.

Todos estos datos –muchos de ellos conocidos, otros inéditos y otros tantos repetidos hasta el cansancio, como que la economía de Mendoza no ha generado un solo empleo privado, genuino y registrado y permanente, que haya valido la pena, en los últimos diez años– han surgido de un estudio y relevamiento técnico de varios meses en los que se enfrascó el Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), a pedido del Consejo Económico Mendocino (CEM), para darle forma a una propuesta real y concreta de creación de empleos para Mendoza a ser implementada en un lapso gradual y progresivo por los próximos 4 años.

La idea ya terminada está contenida en un paper de casi 80 fojas plagado de cuadros y datos estadísticos que determinan el impacto que ha tenido el impuesto más influyente e importante de todos en Mendoza. Y cómo ha impactado, por sobre todo y más allá de las crisis macroeconómicas que ha sufrido y sufre Argentina, en el desarrollo económico y general de la provincia. Y todo este trabajo será presentado hoy por el CEM acompañado de una propuesta de creación de empleo vía la reducción de la alícuota para aquellas empresas que creen empleo.

Para impulsar el empleo en Mendoza, dice el CEM, una de las formas y maneras que ha encontrado, camina de la mano de la fijación de nuevas alícuotas a quien cumpla con el propósito y fin buscado. El trabajo apunta a implementar el plan por cuatro años, al final de los cuales se podrían haber conseguido un poco más de 11.000 nuevos empleos, privados y registrados que se sumarían al total actual de los 230.000 que se contabilizan en Mendoza.

Desde el CEM dicen que el número de 11.000 nuevos empleos no parece significativo, empezando por los 2.500, aproximadamente, que se podrían crear en el primer año de vigencia del plan. Pero si se cae en la cuenta de que en los últimos diez años no se ha movido la aguja de la matriz de empleo mendocina, las cifras en juego aparecen como relevantes en verdad.

El proyecto, que los empresarios proponen que sea tomado por el Ejecutivo y que pase por la Legislatura para que cuente con el aval de todos los sectores y un marco normativo especial, sugiere que las alícuotas del impuesto tal como están hoy y que vienen bajando desde el 2015 a la fecha, sólo se modifiquen para quien genera empleo y no de manera generalizada, como lo viene haciendo el Gobierno desde que decidió modificar paulatinamente las alícuotas del impuesto. De esa manera se evitaría, dice el trabajo, desfinanciar las cuentas públicas, aunque de todas maneras advierte que la medida debería estar acompañada de un orden y control del gasto sustantivo.

Con las reducciones actuales, las que han alcanzado 30 por ciento de la alícuota y otro tanto de actividades desde que comenzó el proceso de reforma, los empresarios han utilizado las sumas para recortar las pérdidas y no para reinvertir las sumas ni, mucho menos, para generar empleo. Por qué lo harían ahora: en verdad porque, entre otras cosas, permitiría blanquear buena parte de sus plantas de personal no registrado y porque creen, en verdad –aseguran en el CEM, que es necesario poner primera hacia un cambio de paradigma estructural en el manejo de la economía de Mendoza, en su desarrollo, en su crecimiento y en nuevos métodos para general riqueza.

El plan sería fácilmente controlado, aseguran, por la vía del Formulario de Anses 931 y por la declaración de IIBB que presentan los empresarios, y si es aceptado y se convierte en ley, se podría extender por el lapso de diez años.

Los cálculos relevan que de los 11.000 nuevos empleos en cuatro años, el comercio aportaría cerca de 5.000; la industria alimentaria, alrededor de 1.200; el sector de la salud privada, unos 600; el transporte y almacenamiento, casi 400, igual que el sector del petróleo y el gas; el de los servicios inmobiliarios, 500, y el de seguros, 240.

El trabajo hace un repaso comparativo de lo que sucede en Mendoza con su presión impositiva con otras provincias. Y, por más que en los últimos tiempos la provincia haya avanzado en una disminución de las alícuotas para mermar la tensión sobre la economía, Mendoza es una de las jurisdicciones más caras, tomando sus equivalentes o competidoras. Mendoza es más cara que la CABA y que Córdoba, las que tienen alícuotas de IIBB de 3 por ciento o por debajo de ese número. Casi lo que tenía Mendoza entre el 2005 y el 2007. Las alícuotas que gravan el comercio están 83 por ciento más bajas en el resto de las provincias que en Mendoza; lo propio ocurre con la industria en 71 por ciento de los casos.

El efecto cascada del impuesto, además, ha terminado por destrozar a cientos y cientos de pymes a las que literalmente asfixia. Porque, las pymes suelen en su mayoría no estar integradas, con lo que pagan el impuesto en toda la cadena de venta y de compra. Un panorama que culmina con la configuración del peor de los mundos: aumenta el precio pagado por los consumidores, disminuye el poder adquisitivo, aumenta los costos y reduce las inversiones, junto con el empleo.

Fuente: El Sol