Los subsidios corrientes al sector energético se duplicaron desde el inicio de la actual administración.

El gobierno enfrenta una situación energética compleja que no parece tener voluntad de subsanarla, al contrario se empecina en sostener un esquema populista que profundiza problemas que se observan desde el inicio de la gestión.

En la lista de los problemas se destacan el atraso tarifario que ya supera los 24 meses, el creciente costo fiscal de los subsidios energéticos que este año alcanzarían 2,5% del PBI -y si sumamos los subsidios al transporte la cuenta llega a los 3% del producto-, el aumento de la factura de importaciones de gas, una producción de petróleo similar a la de hace 8 años y una producción de gas natural insuficiente para abastecer el mercado local.

Al contexto sectorial lo terminan de complicar la macro y la coyuntura internacional. Por el lado de la macro, la inflación de costos que supera el 50% deja sin recursos a las empresas de servicios que con tarifas cuasi congeladas acumulan deudas por la compra de energía y la conjunción de un costo del capital que carga la mochila de un riesgo país superior a los 1.700 puntos básicos y la intervención del mercado de cambios pone techo a las inversiones que la producción de energía requiere para mantener sus niveles actuales.

Finalmente el escenario internacional nos muestra precios internacionales del petróleo y el gas al alza. Ante este panorama el gobierno ha decidido reaccionar con más populismo, es decir, con más intervención institucional y más congelamiento tarifario en línea con las próximas elecciones legislativas. Esto implica indefectiblemente un crecimiento en la cuenta de subsidios económicos y un persistente deterioro en la calidad de los servicios energéticos.

ACTUALIDAD Y SUBSIDIOS

La producción de petróleo en agosto de 2021 es similar a la del año 2013 con la producción convencional en caída tendencial y la no convencional (en particular Shale Oil) en crecimiento.

En el caso del gas natural la tendencia de la producción es creciente a fuerza de fuertes subsidios a la oferta vía sucesivos Planes Gas implementados desde 2014 y que demandaron a la fecha más de u$s 10.000 millones. La demanda doméstica se cubre en un 80% con oferta local, mientras el 20% se importa a través de GNL (barcos) o gas natural de Bolivia.

Los subsidios corrientes al sector energético se duplicaron desde el inicio de la actual administración. Desde enero de 2020 los subsidios energéticos -acumulados en 12 meses- crecieron 113% pasando de u$s 4.400 millones a u$s 9.488 millones a septiembre de 2021, con proyecciones de terminar el año por encima de los u$s 10.000 millones, equivalente a 2,5% del PBI.

Estos subsidios tienen como principal destino -aproximadamente un 65%- a la empresa Cammesa, que cubre con fondos públicos la brecha entre el costo de generación y el precio mayorista que paga la demanda de energía eléctrica. La tarifa eléctrica actual cubre sólo el 30% del costo, mientras el otro 70% lo paga el Estado Nacional mediante transferencias a Cammesa que alcanzan u$s 6.300 millones en los últimos 12 meses.

En el caso del gas la cobertura de subsidios alcanza al 50% y el costo fiscal acumulado en los últimos 12 meses suma u$S 2.900 millones, que representan el 30% de los subsidios totales.

En el frente internacional los precios del gas natural y del petróleo se han recuperado notablemente respecto de los mínimos observados en 2020 durante la pandemia. La recuperación de la demanda de gas no fue acompañada por la oferta lo cual ha derivado en precios más altos de los esperados para el gas en Europa y Asía.

¿En qué nos afectan los elevados precios del GNL en el mercado mundial? En el precio de las importaciones del próximo invierno. El mercado de futuros ya nos informa que las compras del año 2022 esperan precios que dupliquen los del año 2021 y 5 veces superiores a los del año 2020.

Las importaciones de GNL (barcos) que realizó Ieasa (ex Enarsa) para 2021 suman 9,7 MMm3/día, mientras que las importaciones desde Bolivia alcanzaron los 14 MMm3/día en los últimos doce meses. Es decir las importaciones cubren el 20% de la demanda.

Bajo el supuesto de que el año siguiente se importen las mismas cantidades de GNL a un precio promedio de u$s 15 por millón de BTU, las importaciones de gas por barco alcanzarán un monto cercano a los u$s 3.000 millones mientras que el gas natural de Bolivia podría sumar otros u$s 1.000 millones adicionales.

Importar la suma de u$s 4.000 millones en concepto de gas en 2022 implicaría un aumento del 70% en el monto importado y la consiguiente demanda de dólares.

Pero el efecto de esta situación no se termina en las cuentas externas ya que Ieasa vende en el mercado local a precios inferiores al costo de importación y por lo tanto también impactará en los subsidios energéticos del año próximo.

INVERSIONES

El elevado costo del capital y la incertidumbre regulatoria han derivado en una baja de las inversiones en hidrocarburos que alcanzó el 2020 los valores más bajos de la última década. Por otra parte, con la demanda recuperándose, el aumento de la producción de petróleo y gas en 2021 se da por la explotación de inversiones (en pozos) realizadas en los años anteriores y pone un manto de dudas sobre la sostenibilidad de la recuperación de la producción no convencional en los últimos meses.

Con inversiones en 2021 que se ubican 30% por debajo del promedio del periodo 2016-2019, el rebote en la producción a la salida de la cuarentena podría es una recuperación «con pies de barro». Es decir, puede que el nivel de inversiones no alcance a compensar la declinación característica de los no convencionales para mantener o incrementar la producción en 2022-23.

El gobierno enfrenta la compleja situación energética con una receta antigua e ineficiente: al combo de congelamiento, subsidios generalizados e intervención de los organismos de control, ahora le suma el «plan parche», que consiste planes de promoción ad hoc, que intentan encapsular al sector del entorno de anormalidad económica general.

En esta línea se inscribe el proyecto de promoción de la producción de hidrocarburos presentado en el Congreso Nacional, y que no es otra cosa que un compendio de planes de promoción industrial que difícilmente tenga éxito, pero que con un horizonte a 20 años envía un mensaje al inversor preocupante: el gobierno ve un escenario económico similar al actual para las próximas dos décadas.

Al mismo tiempo todo indica que vamos a un escenario global de precios de la energía crecientes, en una coyuntura donde la demanda doméstica enfrenta los ingresos reales mas bajos de la última década y la inflación se acelera. Un punto que agrega un dilema adicional a la política económica: subir tarifas o continuar el aumento de subsidios a cargo de un Estado ya sin recursos.

El mundo va camino a la transición energética y plantea agendas al 2030 y 2050 donde Argentina asumió fuertes compromisos que como integrante de la comunidad internacional deberá cumplir.

La economía energética enfrenta una encrucijada de la cual no podrá salir sin un plan estratégico, y políticas públicas de largo plazo. Pero el gobierno no cree en los planes y muestra preocupantes contradicciones y falta de coordinación en la implementación de su política energética. Un ejemplo de ello es la falta de coordinación entre el mencionado Proyecto de Promoción de los Hidrocarburos, el Proyecto de Promoción de movilidad sustentable y los compromisos ambientales asumidos.

Fuente ALEJANDRO EINSTOSS  Economista y consultor en energía La Prensa