El sindicato de base de la región realizó un paro general que fue suspendido por Nación horas más tarde. Con una masiva asamblea la nueva gestión del gremio midió su fuerza y encontró el respaldo esperado para presionar a las cámaras empresariales.

La conciliación obligatoria que oficializó Nación luego del sorpresivo paro petrolero que lanzó el sindicato de base de la región ayer a la mañana, no descomprimió la tensión en Vaca Muerta y más que una medida informativa fue una demostración de fuerza donde se enviaron advertencias múltiples para las operadoras, empresas de servicio e incluso también para el gobierno provincial.

Con el objetivo de “poner a consideración de los trabajadores” la oferta salarial que realizaron las autoridades de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y de la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE), el sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa convocó ayer a una asamblea informativa, pero en pocos minutos se transformó en un paro general.

“Esto no se arregla si no demostramos nuestra fuerza, vamos al paro a partir de ahora”, dijo al cierre de su discurso el titular del gremio, Marcelo Rucci, frente a la euforia de los petroleros que acompañaron con bombos y sirenas.

El paro general fue la primera medida contundente que lanzó el gremio con Rucci a la cabeza y que, tal como previeron las petroleras de la Vaca Muerta, es más duro para negociar que su antecesor, Guillermo Pereyra.

Apenas tres encuentros truncos entre los titulares de los gremios de todo el país con las autoridades de la CEPH y de la CEOPE fueron suficientes para que el gremio local lance una masiva asamblea seguida de un paro general. Presión que surtió efecto y en unas horas del anuncio, el ministerio de Trabajo de Nación oficializó la conciliación obligatoria durante 15 días y convocó a una reunión el próximo 10 de febrero.

“Acá va un mensaje para el gobernador (por Omar Gutiérrez) tienen la obligación de ponerse al frente de la lucha esta, pero si no lo hacen lo vamos a hacer solos, sin necesidad de nadie”, advirtió Rucci en tono desafiante.

Además aseguró que tanto YPF como el resto de las petroleras con activos en la formación no convencional “fundieron empresas neuquinas”. Un reclamo que va en línea con el respaldo del gremio al proyecto de modificación de la ley provincial de Compre Neuquino, que propone mayores controles a las contrataciones de pymes locales de las empresas.

“Hoy se jactan de récord de producción, de exportación, de fractura, de perforación, pero cuándo va a ser el récord de pagarle a los trabajadores como les tienen que pagar”, fue otra de las frases que dejó Rucci, que también agradeció y destacó la presencia de Guillermo Pereyra.

A poco más de un mes de que comenzó el 2022 Vaca Muerta atraviesa un cambio de generación entre la ahora vieja conducción de Pereyra y la nueva gestión de Rucci que ya le mostró los dientes al sector y marcó un antecedente para las próximas negociaciones. La conciliación de Nación le sumó un nuevo espacio de diálogo al conflicto, pero las nuevas reglas de juego ya quedaron sentadas.

Cuáles son los reclamos de los gremios petroleros de todo el país

Durante los primeros días de 2022 los gremios petroleros de Privados y Jerárquicos de todo el país enviaron a las cámaras empresariales, CEPH y CEOPE, tres pedidos concretos: adelantar para marzo un 10% de aumento fijado para mayo, para que se aplique el 20%; tratar la cláusula de revisión de la paritaria del año pasado; y regularizar los aportes gremiales que no se hicieron durante la vigencia del artículo 223 bis (suspensiones stand by de los operarios).

Argumentan que es necesario adelantar el 10% de mayo porque si no los haberes quedarán “atrasados” en comparación con la inflación. Sobre la cláusula de revisión, estaba previsto que se aborde tras el pago de la última cuota de mayo, pero que buscan que también se adelante, ya que -aseguran- el 2021 cerró con una paritaria del 35% y la inflación superó el 50%.

Por último, también piden que las cámaras que se negocie sobre el pago de los aportes gremiales y a las obras sociales. Sostienen que, durante un año y medio, por la aplicación del 223 bis, las empresas no hicieron aportes y el sistema quedó desactualizado.