A pocos kilómetros de haber partido de vuelta desde Bariloche hacia Buenos Aires, vimos cómo una nube de polvo envolvió el costado de uno de los lagos que componen una cadena de importantes represas hidroeléctricas, incluyendo El Chocón. El nivel de los lagos está bajo y eso deja a la intemperie tierra que está usualmente debajo del agua. “Es la crisis climática” dijo inmediatamente mi hija mayor, dedicada a temas de sustentabilidad. “El costo de producir electricidad va a subir”, no sé si pensé o dije yo. Deformaciones profesionales.

Lo cierto es que varios factores impulsarán fuertemente para arriba el costo de producir electricidad en la Argentina en 2022, y por ello no extraña que las tarifas energéticas hayan estado en el centro de la discusión entre el Gobierno y el FMI.

Los subsidios energéticos, necesarios para cubrir la diferencia entre el costo de producir el gas y la electricidad y lo que pagan los usuarios, ascendieron al billón de pesos en 2021, o un 2,3% del PBI. Es decir, representaron gran parte del déficit primario (sin intereses) del Gobierno, que fue de 3,3% del PBI. El problema es que, si no se hace nada, el costo de los subsidios podría casi duplicarse en 2022, según dice Daniel Gerold, experto en energía.

Hay una tormenta casi perfecta asomando al mercado de generación eléctrica en 2022. Además del bajo nivel de los embalses del sur, la bajante de los ríos del Noreste afecta la producción de centrales como Yacyretá y Salto Grande. Esto incrementará la necesidad de producir electricidad en las centrales basadas en gas o gasoil, que tienen costos de producción mucho más elevados. El problema se compone por la reducción de la oferta de gas de Bolivia y la restricción para traer más gas de Vaca Muerta, debido a limitaciones en el gasoducto que viene de allí hasta Buenos Aires.

Esto nos deja en manos de la importación de Gas Natural Licuado (GNL) y de gasoil. El precio del GNL, que llegó a estar tan bajo como 2 dólares por millón de BTU (la unidad de medida de ese mercado) durante el inicio de la pandemia en 2020, se encontraba en alrededor de 25 dólares por millón de BTU hace pocos días, tras haberse triplicado en el último año. La fuerte demanda de China y de los problemas geopolíticos en Europa, entre otros temas, empujaron su precio. El inicio de la guerra en Ucrania llevó su precio a cerca de 40 dólares para el invierno en el hemisferio sur. La importación de GNL también podría ser afectada por limitaciones en las centrales de regasificación (convierten el GNL del estado líquido al gaseoso), lo que obligaría a producir con gasoil, cuyo precio subió 60% en el último año y que es más caro y contaminante que el gas.

Es decir, el desequilibrio en el mercado energético no solo trae un problema fiscal, sino también un problema al sector externo. Las importaciones de energía podrían subir entre 3500 y 3800 millones de dólares en 2022 según estimaciones de Gerold, pudiendo ser más de un 60% superiores a las de 2021.

Hay dos formas de equilibrar un mercado, ajustando por precio o ajustando por cantidad. En casi todos los países del mundo, excepto algunos como Corea del Norte, Venezuela y la Argentina, los mercados ajustan por precio. Si hay más demanda que oferta, sube el precio, llevando a los consumidores a bajar o racionalizar el consumo, e incentivando a los productores a ofrecer más al mercado. Aquí no se quieren ajustar ni precios ni cantidades, y por ello los subsidios son tan altos.

Las subas de las tarifas del gas anunciadas para marzo, del 20% para los consumidores residenciales, parecen una broma dado el contexto. De hecho, según detalló Sofía Diamante en un artículo en LA NACIÓN el 23 de febrero, el aumento será destinado a mejorar los márgenes de las transportadoras y las distribuidoras de gas. No habrá ahorros en subsidios.

La segmentación de tarifas eléctricas que pretende implementar el Gobierno parece salida de un trabajo práctico del CBC, con perdón a los alumnos del CBC, y probablemente tenga que ser cambiada a las apuradas. El aumento de las tarifas eléctricas implementado la semana pasada, del 22%, también es muy insuficiente. A menos que el Gobierno pretenda que suban los subsidios y que la baja del déficit fiscal venga de la mano de mayores impuestos. Teléfono para los legisladores de Juntos por el Cambio.

Además, el problema que puede traer la falta de ajuste de precios es que restricciones financieras y de capacidad (oleoductos, regasificación del GNL) pueden llevar a restricciones cuantitativas en 2022. Es decir, el desequilibrio energético puede también convertirse en un problema para la actividad si la tormenta casi perfecta lleva a un racionamiento de la energía para la industria durante el invierno.

El dilema de las tarifas no sería el único punto álgido en las discusiones con el FMI. Según se filtró a la prensa, el acuerdo incluiría una revisión de algunos de los llamados regímenes previsionales de excepción. Al igual que los subsidios energéticos, el sistema jubilatorio también está en el centro de los problemas fiscales del país.

Según Rafael Rofman, investigador del Cippec, el gasto en jubilaciones y pensiones se duplicó como porcentaje del PBI entre 2005/06 y 2016/17, del 5% al 10%. En 2020, el gasto en jubilaciones y pensiones, incluyendo los regímenes provinciales, fue de casi el 11% del PBI. Este se estira al 12,8% del PBI si se suman las pensiones no contributivas y otros regímenes de excepción, para un total de 9,4 millones de beneficiarios. Es decir, uno de los gastos previsionales más elevados del mundo en términos del tamaño de la economía, a pesar de tener una población relativamente joven comparada con las de varios países europeos, por ejemplo.

Los principales factores detrás de la fuerte expansión del gasto previsional durante el gobierno de Cristina Kirchner fueron la incorporación de 3,5 millones de nuevos jubilados y pensionados, llevando el total a 6,9 millones, y el impresionante crecimiento de las pensiones por invalidez, de 90.000 en 2004 a más de 1 millón en 2015.

El problema jubilatorio es tan grande que es de muy difícil solución. Pero hay dos tareas ineludibles. La primera es un cambio en la fórmula de actualización de las jubilaciones y pensiones. Es inconcebible que el FMI no le exija a la actual gestión esta reforma. El gobierno de Alberto Fernández aprobó un cambio de fórmula, básicamente deshaciendo la costosa reforma implementada por el gobierno de Mauricio Macri a fines de 2017.

La actual fórmula previsional es un mamarracho. Rofman y Julián Folgar, en un trabajo publicado por el Cippec, fueron más elegantes. La llamaron “una rareza a nivel mundial.” Tiene básicamente dos problemas. La primera es que, al vincular la actualización a la recaudación tributaria, convierte al gasto previsional en lo que los economistas llamamos “procíclico”: cuando mejora la economía, suben las jubilaciones, pero cuando hay crisis, los jubilados sufren. El otro problema es que al indexarlas usando variables del pasado, hace que el gasto en jubilaciones como porcentaje del PBI suba cuando la inflación baja, y viceversa. Este efecto lo sufrió Macri en 2017, y lo aprovechó el gobierno de Fernández en 2021, en el cual el gasto previsional cayó en más de un punto del PBI, producto de la aceleración de la inflación.

La segunda tarea ineludible es una reforma a los regímenes jubilatorios especiales. Según Rofman, estos representan el 54% del gasto previsional, pero solo el 39,6% de los beneficiarios. Existen en la Argentina al menos 38 regímenes diferenciales, incluyendo el de bailarines/as y cantantes líricos, siete regímenes especiales, como el de trabajadores de Yacimientos Carboníferos Fiscales de Río Turbio y numerosos sistemas provinciales, entre otros. El haber medio de los regímenes de diferentes jurisdicciones, por ejemplo, es tres veces superior al del sistema general de la Anses. El de los regímenes especiales, casi cuatro veces superior.

Como en todos los ordenes de la vida, el kirchnerismo afronta este desafío no con ánimo de solucionar los problemas, sino de atacar a sus enemigos. Las zonas demarcadas para la eliminación de subsidios eléctricos coinciden con las zonas de voto fuerte de Juntos por el Cambio. Entre los regímenes jubilatorios de excepción, parecería estar dispuesto a reformar solo el de los jueces y de los miembros del servicio exterior, cuyo gasto conjunto representa tan solo el 0,2% del PBI.

Las reformas en serio le quedan al próximo gobierno no peronista. Puedo ya imaginar a miembros del actual gobierno, que están llamando a la oposición a la moderación y a aprobar el acuerdo con el FMI, tirando piedras en la Plaza del Congreso cuando el próximo gobierno no peronista tenga que salir a modificar nuevamente la ley previsional.

Fuente: Marcos Buscaglia para Notiar