La crisis energética a la que nos han llevado políticas reincidentes de congelamientos tarifarios, precios políticos, regulaciones e intervenciones discrecionales, cortoplacismo táctico, ausencia de rumbo estratégico y grietas en la gestión, hubiera tenido ribetes más dramáticos si no fuera por el aporte de la producción no convencional de petróleo y gas.

Mientras los yacimientos maduros siguen declinando, la producción de petróleo y gas de Vaca Muerta ha crecido para compensar el declino de la producción convencional.

La producción no convencional ya representa el 40% de la producción total de petróleo de la Argentina (hay excedentes exportables) y 55% de la producción de gas natural (donde todavía somos importadores de gas de Bolivia y de gas por barco).

Pero ese aporte productivo sin el cual el déficit energético treparía a la estratósfera, además de soportar la asfixia de un contexto macroeconómico explosivo -que se traduce en tasas de riesgo país de más de 2000 puntos básicos-, ya sufre también la restricción de la falta de infraestructura de evacuación. Congestión para evacuar el gas, y congestión para evacuar el petróleo.

La necesidad logística de un nuevo gasoducto troncal para transportar más gas desde Neuquén a la zona de mayor consumo del país es un tema debatido e instalado que motivó internas, eyectó a un ministro, fue azuzado con acusaciones cruzadas entre funcionarios de la misma administración y llegó a judicializarse por denuncias de corrupción.

La primera etapa del gasoducto troncal que une Tratayén (Neuquén)- Salliqueló (provincia Buenos Aires) ya se había licitado como obra privada al final de la Administración Macri.

El objetivo era crear una nueva empresa transportadora troncal (Transportadora de Gas del Centro) con una licencia para hacerse cargo de la construcción del caño y cobrar un peaje a los usuarios del servicio (cargadores) para el repago de la obra.

La necesidad de nueva infraestructura para continuar con el desarrollo del gas de Vaca Muerta ya era evidente en esa época. Sobre todo en el período invernal cuando trepa el consumo residencial. El desafío era incentivar nuevas demandas (petroquímica, transporte, exportaciones) para ocupar la capacidad del nuevo caño todo el año.

El proceso fue suspendido cuando luego del resultado de las PASO en agosto del 2019 se hizo evidente que habría un cambio de administración y otro enfoque de política energética. Clara evidencia que la Argentina todavía carece de políticas de Estado en sectores capital intensivo que no pueden quedar expuestos a los vaivenes del cortoplacismo que domina la agenda política.

La nueva administración, en principio, redefinió el proyecto y su traza, en un contexto de replanteo de la política económica y energética. Suspendida y dejada sin efecto la licitación original, luego de idas y vueltas, y cuarentena eterna mediante, la reactivación puso en evidencia las carencias de la producción doméstica y las necesidades crecientes de importar gas.

El Plan Gas.AR destinado a reactivar la producción local da lugar al plan Transport.AR que rescata la traza original del gasoducto rebautizado Nestor Kirchner, pero ahora como obra pública, y con IAESA – Ex ENARSA -(la misma empresa responsable de la construcción del gasoducto GNEA que nos iba a proveer gas de Bolivia) a cargo del proyecto.

En su primera etapa de unos 656 km de extensión, el gasoducto aumentará la capacidad de transporte de gas en unos 24 millones m3/día y proveerá dólares de sustitución de importaciones, reemplazando importaciones de GNL en invierno.

Como la obra depende también ahora de financiamiento con recursos públicos y de dólares que el Estado nacional deberá proveerle a IAESA, se licitaron los caños por un lado, la adquisición de válvulas por otro lado, y está pendiente la licitación de la obra civil.

El costo de la primera etapa del proyecto ascendería a los 1.566 millones de dólares. Urge ejecutar la obra cuanto antes, por las restricciones productivas ya señaladas, y por el déficit creciente de la balanza energética que este año trepará a los 5500 millones de dólares, impactado sobre todo por los altos precios del GNL importado.

Pero ya nadie apuesta, ni siquiera en el oficialismo, a que la obra estará concluida antes del próximo invierno. El empecinamiento ideológico, los intereses en juego para empoderar a una empresa del Estado en la ejecución de la obra, la falta de planificación, la escasez de recursos, y la ineptitud de gestión potenciada por las internas en el gobierno, transformaron en quimera una realización imprescindible.

Otro tanto sucede con el transporte para evacuar crecientes volúmenes productivos de petróleo de Vaca Muerta. Allí concesionarios privados como ODELVAL (donde YPF es accionista) pujan para extender concesiones de transporte que vencen y asumir las inversiones para hacer un caño paralelo a Puerto Rosales que junto a otras inversiones en tancaje (Oiltanking) permitirían aumentar la evacuación de petróleo de 38 a 70 mil m3/día en los próximos años. ¡Son dólares de exportación que se pierden!

El populismo energético sacrifica todo en el altar del presente. El cóctel capitalismo de amigos, ineptitud en la gestión, pujas internas y reincidencia en políticas fallidas cancela oportunidades y está frustrando el desarrollo del potencial de Vaca Muerta.

Fuente: Clarín