La secretaria de Energía se reunió con la CGT Mar del Plata y empresarios. Busca “seguir trabajando en la profundización de la licencia social” del proyecto petrolero.

Poco después del fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata que habilitó las tareas de exploración sísmica para la búsqueda de hidrocarburos en el lecho marino, a 300 kilómetros de la costa marplatense, la secretaria de Energía, Flavia Royón, mantuvo una reunión con gremios y empresas. Reconocieron que es necesario “seguir trabajando en la profundización de la licencia social” del proyecto petrolero y lanzarán capacitaciones en la industria.

En la misma, los distintos sectores mostraron su conformidad con el levantamiento de la medida cautelar por parte de la Justicia.

El pasado lunes se conoció la decisión de los camaristas Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez de habilitar la exploración sísmica por parte de la empresa noruega Equinor en sociedad con el Estado nacional en los bloques marinos CAN 100, 108 y 114, el cual estaba frenado por una medida cautelar a partir de los amparos presentados por distintos actores locales, entre ellos el propio intendente Guillermo Montenegro, quien de todos modos ya retiró sus planteos.

Los jueces dieron por cumplidos los requisitos pedidos meses atrás y señalaron que «el Poder Judicial no está legitimado para diseñar las políticas públicas».

Además, mientras el propio Montenegro reconoció que en la fase exploratoria no se espera un “boom” de fuentes laborales, y si bien el sector petrolero suele requerir un alto grado de especialización, la secretaria Royón “se comprometió” a poner en vigencia una reglamentación que obligue a las empresas que van a desarrollar el proyecto “a contratar un 80% del personal radicado en la ciudad de Mar del Plata y Batán”, indicaron desde la CGT.

Asimismo, como parte de la reunión, acordaron la firma de un convenio marco de “colaboración y cooperación” entre la CGT, el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas, y la La Universidad Popular de los Trabajadores y Trabajadoras del Sindicato de Empleado de Comercio, con el objetivo de iniciar capacitaciones laborales en torno a la actividad petrolera.

Por último, además de calificar el amparo presentado por Montenegro como “irresponsable”, reconocieron la necesidad de estos contactos entre empresarios, trabajadores y el Estado “para seguir trabajando en la profundización de la licencia social“, en contraste al rechazo que presenta otro sector de la población local y de la región.