Debieron poner muchísimo dinero en dólares para acercar al BGP Prospector y Geo Service I desde Surinam a aguas afuera de Montevideo (más de 3500 millas náuticas de distancia) para volver a irse sin realizar ningún trabajo debido a impedimentos burocráticos judiciales.

La empresa Equinor solicitó habilitar la feria judicial. Buscan resolver cuanto antes el tema de la exploración petrolera. Argumentan una situación de gravedad y urgencia al respecto.

La noruega le solicitó a la Cámara Federal de Mar del Plata que tenga a bien resolver sobre la admisibilidad o no de los recursos extraordinarios que fueron interpuestos contra la decisión que había autorizado la actividad, argumentando que sufren grandes pérdidas económicas, a la vez que reclaman mayor velocidad en las actuaciones.

La Cámara hizo lugar al pedido de las petroleras Equinor y la argentina YPF, y habilitó la habitual feria judicial que se cumple en los meses de enero en nuestro país, buscando la solicitud para que se determine si existe admisibilidad o inadmisibilidad de los recursos extraordinarios interpuestos contra la decisión que autorizó las actividades de exploración petrolera.

Desde hace meses, varias fueron las organizaciones ambientalistas que presentaron recursos extraordinarios con los que intentan llegar a la Corte Suprema de Justicias.

Desde el sector empresarial petrolero afirmaron que la continuidad del proyecto corre serio riesgo de que no se lleve a cabo debido a la demora en su iniciación que ya data de más de un año, cuando el Gobierno Nacional había autorizado la misma en el último día hábil del año 2021.

La empresa noruega manifestó que “el paso de los días genera un impacto significativo en materia de contratación de servicios y equipos, ya que la planificación del proyecto de exploración requiere asumir importantes obligaciones frente a contratistas, tal el caso de reservas de equipo, plazos de uso, pago de tarifas, órdenes de movilización, entre otras cuestiones, para efectuar las tareas de sísmica”.

La misma empresa afirmó que en el pasado mes de noviembre se canceló la llegada al país del buque que realizaría la exploración sísmica. Ahora, Equinor e YPF deben negociar la contratación de un nuevo buque sísmico, lo que, según relataron, llevará más tiempo y recursos.

El CAN_100 y CAN_108 son áreas de adquisición y abarcan unos 6.245 km2 de sísmica, la que se ubica a más de 300 km costa afuera de Mar del Plata; mientras que la superficie a explorar en CAN_114 comprende 3.443 km2, y se ubica a más de 400 km de Necochea.

La presentación tanto de Equinor como de YPF se realizó a través de los letrados Juan Martín Colombo, Javier Guiridlian y Mariano Romero de Haz en la causa “Godoy, Rubén Oscar c/ Estado Nacional – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otros S/Amparo Ambiental.

Entre los argumentos de las empresas se esgrime que “la planificación del Proyecto requiere asumir importantes obligaciones frente a contratistas (reserva de equipo, plazos de uso, pago de tarifas, órdenes de movilización, etc.) para efectuar las tareas de sísmica. Como fuera advertido por Equinor e YPF el 23 de noviembre de 2022, atento al tiempo transcurrido desde la interposición de los amparos, el devenir del proceso y las grandes pérdidas económicas que mis mandantes estaban sufriendo, éstas dos empresas tuvieron finalmente que resolver y dar por terminado su contrato con el buque sísmico, soportando el pago de importantes penalidades”, afirman.

“Ahora, Equinor e YPF deben negociar la contratación de un nuevo buque sísmico para llevar a cabo el Proyecto. Esas negociaciones, más la celebración final de los contratos, requieren de tiempo, en tanto, al provenir del exterior, la disponibilidad de los equipos (principalmente, el buque sísmico y los buques de apoyo) debe ser asegurada con razonable anticipación. Lo mismo respecto a la movilización de éstos a las áreas de trabajo, la disponibilidad del personal, etc.” agregaron.

“Todo ello lleva tiempo y recursos. La imprevisibilidad e incertidumbre existente impide tomar dichas determinaciones y, expone a Equinor e YPF a grandes pérdidas económicas perjudicando, además, al Proyecto, impidiendo que este pueda ser realizado”, dijeron para finalizar.