El secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación de Santa Cruz, Edgar Landívar, informó ayer que el Gobierno central confiscó al menos 300 millones de bolivianos a las nueve gobernaciones y las 11 universidades públicas del país.

Los recursos corresponden al Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) y están contemplados en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2023, por lo que las entidades departamentales exigen su desembolso.

Al respecto, el Ministerio de Economía informó que los montos estimados en el presupuesto no constituyen compromisos ni obligaciones, por lo que pidió a las gobernaciones priorizar y reasignar recursos para evitar perjuicios en la ejecución de programas y proyectos.

“Los recursos nos pertenecen por derecho y son vitales para ejecutar los proyectos y obras que necesita el departamento. Exhortamos a los responsables de dar respuesta a este problema que cumplan con su obligación y den certidumbre a las instituciones y al pueblo”, dijo Landívar.

El funcionario indicó que, en el caso de Santa Cruz, el Gobierno debió transferir a la fecha 22,6 millones de bolivianos por concepto de IEHD, pero solamente transfirió 2 millones.

El IEHD se aplica a las personas naturales o jurídicas que importan o comercializan combustibles.

Según Landívar, desde años anteriores el consumo de gasolina y diésel es creciente, de modo que no hay explicaciones para que no se efectúe el pago. Las gobernaciones reciben el 20 por ciento; las universidades el 5 por ciento. El Gobierno central se queda con el 75 por ciento.

Por su parte, el Ministerio de Economía informó que las transferencias programadas y estimadas en el PGE “no constituyen compromisos, obligaciones o deudas por parte del Tesoro General de la Nación (TGN), debiendo los desembolsos sujetarse a la recaudación efectiva”.

“Los importes de recursos proyectados tienen carácter indicativo, por cuanto su recaudación puede ser menor o mayor durante la gestión fiscal, de acuerdo al desempeño de la actividad económica del país”, señaló el Ministerio.

Añadió que, con el propósito de evitar perjuicios en la ejecución de programas y proyectos definidos por la Gobernación de Santa Cruz, corresponde la priorización y reasignación de recursos, considerando que a la fecha tiene más de 538 millones de bolivianos en sus cuentas.