Frente a la necesidad de extender el gasoducto Néstor Kirchner hacia el Interior y también para exportarlo a países limítrofes, en el Gobierno analizan cómo concretar la obra sin fondos del Estado. La clave: la financiación saldría de la tarifa que se cobre a los usuarios.

Javier Milei podría estrenar su nuevo régimen para grandes obras de infraestructura con la 2ª etapa del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que ya tiene licitaciones en curso.

Los libertarios analizan utilizar el sistema de iniciativa privada para la obra y evitar que el Estado aporte más de US$2.000 millones, según los costos estimados por el anterior gobierno.

La Libertad Avanza aplicaría esta fórmula en grandes emprendimientos que hoy están bajo la órbita estatal, lo que implica un viraje estratégico en esta área: las obras ya no serán costeadas por las arcas públicas sino por un privado que recuperará esos fondos con la tarifa de un servicio asociado a la obra.

La segunda etapa del GPNK resulta clave para que Argentina deje de importar gas licuado en invierno y ahorre entreUS$1.200 y US$1.500 millones al año, el valor estimado de más de 30 barcos con GLP en la planta regasificadora de Escobar.

Según el flamante secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, el autoabastecimiento no es un objetivo en sí mismo. A semejanza de lo que postulaba Juan José Aranguren, lo relevante es la seguridad energética: no importa el origen de la energía sino tenerla.

Pero en este contexto de escasez de divisas, disponer del gas propio permitiría un ahorro de dólares que puede resultar vital en el próximo ejercicio, cualquier sea la concepción de quien gobierna.

El primer tramo del gasoducto, entre Tratayén y Salliqueló, fue con fondos presupuestarios administrados por Enarsa, un ente estatal que en el mandato libertario podría seguir con nuevas funciones.

En una iniciativa privada (IP) una empresa plantea una propuesta para construir infraestructura –puente, autopista, gasoducto- y, si el Estado la considera y declara de interés público, llama a concurso sobre la base de ese proyecto.

Quien tuvo la iniciativa tiene una preferencia en esa compulsa por la obra o, de mínima, se garantiza cobrar por el diseño del proyecto, que siempre incluye financiamiento provisto por el privado. Aquí el punto neurálgico.

A mediados de año, el hoy Presidente hizo su explicación en redes sociales: “El riesgo es asumido por los empresarios y la obra es pagada por los usuarios”. Desde su visión, esta modalidad tiene la ventaja subsidiaria de evitar irregularidades o corrupción propias de la obra pública tradicional.

El segundo tramo del GPNK prevé unir Salliqueló con la santafesina San Jerónimo para distribuir el gas de Vaca Muerta y también exportarlo a países limítrofes.

Según generosas estimaciones del gobierno saliente, llave en mano el proyecto podría costar hasta 2.500 millones de dólares, cifra demasiado abultada para los ojos de empresas privadas ligadas al emprendimiento.

En cualquier caso, la gestión de Sergio Massa la reconoció como una prioridad y comenzó a ejecutarla en tres pasos, que habilitaron procesos licitatorios que están a mitad de camino.

Uno fue licitar la compra de los caños para cubrir más de 500 kilómetros de ducto, con la condición de que el proveedor también resolviera el financiamiento.

La elegida del concurso fue Tenaris (Techint), que traería los caños desde su subsidiaria brasileña Confab con financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, pero con garantía del Banco Nación. El proceso aún no terminó de formalizarse e implicaría aprovechar la financiación que entidades financieras del exterior le dan a sus productores para que exporten.

Para costear la mitad de la obra civil se contemplaron fondos en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2024 que, previsiblemente, será prorrogado con todo su crédito vigente, hasta que se decidan modificaciones de fondo.

La otra mitad, de acuerdo a los suspendidos planes de Massa, podría cubrirse con un título público —tal vez un valor representativo de deuda— ligado al dólar. El fondo fiduciario a cargo del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) se iba a ocupar de emitir una letra para registrar el compromiso del erario.

Según razonaba Massa durante la campaña electoral, como la obra permitiría un ahorro concreto en moneda dura, ofrecería por esa vía certeza del repago.

Eso fue parte de la ingeniería financiera para ejecutar el segundo capítulo del GPNK bajo el mecanismo de obra pública convencional, que el resultado del balotaje abortó. El pensamiento libertario va definitivamente por otro carril.

El ducto debería ser construido por una empresa privada, que calculará el retorno de su inversión a través de la tarifa que abonen los usuarios del caño. El último eslabón son los consumidores del gas, sean industrias, comercios o casas particulares. Es un concepto similar al de Mauricio Macri cuando intentó sin éxito impulsar el GPNK bajo su mandato. Mientras haya incógnitas a despejar sobre el marco legal o económico, difícilmente los inversores acepten el desafío.

Energía, a semejanza de Minería, quedó bajo la órbita del Ministerio de Economía. Pero quizás el desarrollo de nuevo ducto quede en el ámbito del Ministerio de Infraestructura, a cargo de Guillermo Ferraro, el otrora cafierista que tuvo la máxima responsabilidad en el proceso de fiscalización electoral.

Rodríguez Chirillo es un consultor con perfil académico, que tiene el apadrinamiento intelectual de Carlos Bastos, responsable del marco legal de privatización eléctrica y secretario del área en el gobierno de Carlos Menem.

De la mano de Domingo Cavallo, Bastos también asumió bajo la administración de la Alianza como titular del Ministerio de Infraestructura, institución reeditada ahora en la versión Milei.

La iniciativa privada no es una novedad para la legislación argentina y hubo decretos y resoluciones en los gobiernos de Néstor Kirchner y Alberto Fernández para regular esta figura.

Pero la idea no terminó de cuajar para ningún gran emprendimiento. Quizás por la renuencia de los privados a desembolsar fondos en un contexto que siempre tiene alta incertidumbre.

Según fuentes privadas consultadas por este diario, a priori no entusiasma la perspectiva de una iniciativa privada cuando aún no se sabe cuál podría ser el valor de la tarifa a cobrar ni el tipo de cambio para diseñar el posible negocio.

El problema es que si el tendido del nuevo tramo del gasoducto no empieza rápido, no habrá manera de evitar importaciones de gas el próximo invierno.

Otro episodio clave en plena ejecución es la reversión del Gasoducto Norte, que permitirá abastecer a provincias norteñas con el hidrocarburo de Vaca Muerta en reemplazo del gas boliviano. En este caso, con un nivel de formalización más avanzado, la puesta en marcha de la nueva obra está hoy prevista para el 30 de abril.

La gran paradoja del nuevo gobierno es que para que Energía genere dólares, antes hay que desarrollar costosa infraestructura, superando el descalce financiero que jaquea al país.

Fuente: Clarín