Crece la disputa entre las empresas petroleras y el sector de biocombustibles (bioetanol y biodiésel) por el Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos que se está discutiendo en la Comisión de plenarios en la Cámara de Diputados.

Luego de conocerse los puntos principales de los cambios en el proyecto original del gobierno, las primeras críticas llegaron desde las empresas elaboradoras de biocombustibles. Luego, las provincias donde están asentadas las firmas (Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Tucumán y Jujuy) se pusieron al frente de los reclamos y ejercieron presión al Ejecutivo para realizar modificaciones.

En este sentido, el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el secretario de Agricultura, Fernando Vilella, se reunieron con representantes de las provincias el lunes pasado y confirmaron que harían cambios al texto original.

El miércoles, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, expuso en la Comisión de plenarios en la Cámara de Diputados una modificación en el proyecto oficial alineado al pedido de los gobernadores. “Hemos actualizado la versión que ingresó con artículos anteriores y que ahora, cuando se presenten, va a estar alineado a algunos comentarios recibidos de gobernadores y diputados al respecto, y se presentó a la versión incluida en el proyecto original”, señaló.

Según explicó el funcionario, sube el corte de los cortes tanto en naftas como en gasoil. La propuesta es que “el Estado libera” el precio y en materia de corte “se aumenta el corte obligatorio en biodiésel de 7% a 10%, para luego ir aumentando al 15% hasta 2026”.

En bioetanol, agregó, “se mantiene al 12% y luego se aumenta hasta el 18% en tres años, luego poder seguir en un sendero hasta el 27%”.

En enero, las asignaciones de biocombustibles que hizo la Secretaría de Energía fueron por un total de114.621,9 millones de pesos ($ 71.293,8 millones por biodiesel y $ 43.328,1 millones por bioetanol).

Además, el proyecto original habilitaba la importación del biocombustible. En el caso específico del biodiésel, además se permitía a que tanto las empresas integradas (las multinacionales que exportan aceite),las empresas no integradas (pymes) y las petroleras puedan elaborar biocombustible para abastecer el mercado interno (hoy solo pueden las pymes).

Sin embargo, tras las modificaciones que realizó el Ejecutivo, las petroleras tienen la obligación de seguir comprando mediante una licitación donde participan las empresas las integradas por un lado y las no integradas por el otro.

“Los cupos que existían queremos que sean cambiados por licitaciones, que consideren varias cosas. Que ninguna empresa pueda tener más del 14% de participación de la demanda interna, que no se pueda participar más allá del 100% de la capacidad instalada que tenga el participante. Y tiene que haber una relación entre la producción y la capacidad de todas las integradas, debe ser igual a todas las no integradas. Con esto vamos a permitir que tanto las empresas chicas como empresas grandes puedan participar del mismo modo”, dijo Rodríguez Chirillo en su disertación ante los legisladores.

Además, indicó que se autoriza la participación de las petroleras sólo cuando se supere el 18% del corte.

Tras conocerse las modificaciones del proyecto original, la Cámara Argentina de la Energía (CADE) le envió una carta al Secretario de Energía criticando dichos cambios que se hicieron de la norma original. “Nuestra Cámara considera que el marco normativo propuesto es superador respecto del vigente en cuanto fomenta la competencia, beneficia la promoción de mejores estándares de calidad e innovación para el desarrollo de nuevos biocombustibles, favorece mecanismos de transparencia y señala un sendero para las inversiones de toda la cadena de valor de los hidrocarburos”, señaló la cámara en la carta enviada al funcionario.

Según el texto, “el régimen de la ley 26.093, que fue sancionado en 2007, en un contexto de altos precios internacionales de petróleo (rozó los 100 dólares el barril en noviembre de ese año y llegó a 140 en junio de 2008), que luego fue reemplazada por la Ley 27.640 que no modifica mucho los regímenes de protección establecidos en su predecesora, establece precios, distribuye cupos, impide el ingreso al mercado de nuevos competidores y de nuevos combustibles”, criticaron desde la entidad Adicionalmente, continúa el escrito, “incide de manera negativa en el abastecimiento de combustibles líquidos ante la incierta disponibilidad del bioetanol y biodiesel ofrecidos”.

Para los petroleros, la actual ley genera una oferta cartelizada, con un mercado cautivo y precio garantizado. “El precio al consumidor termina siendo mayor, ya que el costo de los biocombustibles es considerablemente mayor al del combustible fósil a pesar de no estar gravados con el impuesto a los combustibles”, recriminaron desde la actividad.

“El régimen que durante 15 años benefició a la producción de biocombustibles y fue postergado hasta fines de 2030, funciona a expensas del trabajo y desarrollo local en las provincias productoras de hidrocarburos, además de tener un impacto directo en los ingresos fiscales de esas provincias petroleras por la menor actividad petrolera”, agregaron.

Asimismo, desde el sector petrolero sostuvieron que en los últimos cuatro años el precio del biodiesel aumentó 1803%, en tanto que el bioetanol de maíz aumentó 1315% y el de caña, 1321%. «En este mismo lapso el precio de los combustibles en el surtidor aumentaron la mitad: el litro de gasoil aumentó 851% y el litro de nafta súper lo hizo 741%», aclararon.

Críticas a Germán Di Bella
Desde el sector petrolero criticaron al actual secretario de Agricultura, Germán Di Bella, quien es propietario de Bioetanol Río Cuarto (Bio4) junto a Manuel Ron.

Según dijeron fuentes del sector petrolero, uno de los grandes ganadores de los cambios es Bioetanol Río Cuarto (Bio4), que es acreedora del 10,5% del volumen de bioetanol que mes a mes asigna la Secretaría de Energía. Es la tercera empresa más favorecida de las 18 que mensualmente elige el gobierno de entre las que pueden vender su producción al mercado local. En diciembre último se le asignó un cupo de 10.500 m3 de bioetanol que las petroleras debieron comprarle.

«Hasta principios de diciembre, Di Bella era secretario de Desarrollo Económico de la localidad cordobesa de Río Cuarto, cuyo intendente es el peronista Juan Manuel Llamosas. Llamosas es un conspicuo defensor del uso de bioetanol. De hecho, en 2017 consiguió el visto bueno del entonces ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, para que los vehículos de su municipalidad fueran abastecidos prácticamente en un ciento por ciento con bioetanol producido en Bioetanol Río Cuarto, la empresa de Di Bella», advirtieron.