Las medidas que incorpora la política energética del Gobierno significan cambios inexorables para reencauzar al sector luego de 20 años de maniobras intervencionistas al límite de la legalidad que lo inhibieron de poner en valor sus recursos de escala global

El título de este artículo se puede prestar a dos interpretaciones diferentes, ambas válidas. Una, es la que se refiere a la energía propia del Presidente. La otra, a la política energética que implementará. Respecto de la primera acepción me tomaré la licencia, por ingeniero, de recurrir a una característica de la electricidad para explicar la “energía propia” de Milei.

En su aplicación, la energía eléctrica aparente adopta dos componentes: la energía activa y la energía reactiva. Solo la primera produce trabajo, acción, es utilizable. Mientras que la reactiva se entretiene, se disipa, en funciones parasitarias. Es decir, un componente eléctrico será más eficiente cuanto menor sea su energía reactiva y la activa se acerque lo más posible al 100% de la aparente o, como se dice en la jerga técnica, tenga un “Coseno phi” cercano a 1.

Si aplicáramos esta característica del campo de la física a Javier Milei podríamos decir que ha demostrado, con su capacidad de trabajo y mensajes directos sin vueltas, que su energía es mayoritariamente activa, con un “Coseno phi” de casi 1.

Vayamos ahora a la otra energía de Milei, la política que quiere aplicar al sector energético para revertir la situación caótica en que recibió al sector, luego de cuatro gobiernos kirchneristas.

Las principales medidas del plan de Milei para el sector están contenidas en el DNU y en el paquete de proyectos presentados al Congreso, denominado “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”.

En sus capítulos energéticos ambos instrumentos tienen en común eliminar del plexo normativo del sector la maraña de regulaciones intervencionistas que se han acumulado durante veinte años, obstaculizando su desarrollo.

Un tamizado preciso del hipertrofiado marco regulatorio heredado retuvo solo aquellas regulaciones requeridas por un sistema energético moderno, competitivo, de mercado y atractivo para las inversiones, generando así la paradoja inédita en nuestro sistema legislativo donde es mayor la derogación de normas que la creación de nuevas.

Un par de comentarios sobre algunos de los cambios incorporados en la política de Milei para el sector energético.

El paquete de leyes arranca bien al parafrasear las Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, de Alberdi que dieron origen a nuestra Constitución Nacional de 1853. Le da al documento el marco de referencia liberal, tanto en lo político como en lo económico, al establecer el “Objeto” en su artículo 1º con estas palabras: “La presente ley tiene por objeto promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales”.

La libre disponibilidad de los hidrocarburos, establecida en uno de sus artículos es coherente con ese ideario y es muy acertada, puesto que sin una libre disponibilidad del petróleo y gas, se restringe el interés inversor. Esta priorizando la seguridad de abastecimiento por sobre el perimido autoabastecimiento. También revierte lo modificado durante el kirchnerismo al ratificar la libertad de precios diciendo: “El Poder Ejecutivo no podrá intervenir o fijar los precios de comercialización en el mercado interno en cualquiera de las etapas de producción”. Se vuelve de este modo a la ley, trampeada por el kirchnerismo que usó a YPF indebidamente para regular un precio libre. Seguramente habrá quien tenga reparos a esta liberación de precios, pero la alternativa es la escasez, que se cubre con importación al precio internacional.

El artículo 7º es uno de los más importantes: “El comercio internacional de hidrocarburos será libre”, porque promueve sacar de la zona de confort a nuestra industria petrolera que abastece un mercado doméstico y regional ínfimo en relación a la magnitud de los recursos.

Es insólito que aún no se haya comprendido por estas latitudes que los hidrocarburos atraviesan una época de abundancia de la que nuestro país no es ajeno, y que significa el prólogo del final de los combustibles fósiles. Las COP ambientales en el marco del acuerdo de París, han definido ese momento como Net Zero, que ocurrirá luego de una transición energética estimada en treinta o cuarenta años. Pero, solo en Vaca Muerta, que contiene el 38% del potencial shale gas del país, habría gas para ochenta años si siguiéramos cerrados al mundo.

Entonces, nuestra industria petrolera, enclaustrada por décadas, necesitará desarrollar las habilidades comerciales para acceder a esos mercados, y la Cancillería deberá recurrir a estrategias diplomáticas y de comercio internacional específicas para que la Argentina recupere aceleradamente la confianza del mundo, sin la cual no hay inversiones.

Otra mejora interesante introducida en el “paquete” es la fusión de los entes reguladores de gas, Enargas y de electricidad, ENRE, en un solo organismo que funcione en forma independiente y con autoridades elegidas cada cinco años por concurso de antecedentes profesionales, como establece la ley. Se termina así con las intervenciones a las que estuvieron sometidos ambos entes con fines políticos en todos los gobiernos K.

Introduce cambios en el uso obligado de los biocombustibles, bioetanol y biodiesel. La autoridad de aplicación seguirá fijando los porcentajes mínimos de mezcla obligatoria a las petroleras, los que, por ahora, serán de 7,5% de biodiesel en gas oil y 12% de bio etanol en naftas, pero las petroleras o empresas que tengan que efectuar el corte obligatorio, ahora podrán adquirir libremente biocombustibles pactando en tal caso el precio y el aprovisionamiento de los productos con las empresas elaboradoras de los mismos, hasta hoy regulados por el Estado.

El listado de las empresas del sector sujetas a expropiación, está en un anexo. Destaco a Enarsa, una intermediación parasitaria creada por el kirchnerismo en 2004 para participar en negocios energéticos y a YPF por la venta de acciones en poder del Estado, luego de reformular sus funciones y objetivos.

Como conclusión, las medidas que incorpora la política energética de Milei, significan cambios inexorables para reencauzar al sector luego de veinte años de maniobras intervencionistas al límite de la legalidad que lo inhibieron de poner en valor sus recursos de escala global.

Las medidas beneficiarán sin duda a la gente, aunque afectando intereses corporativos del sector, como el empresario, el sindical y el político. En consecuencia, su implementación será fuertemente resistida, por lo que requerirá de una estrategia comunicacional ad hoc para informar a la población que su esfuerzo esta vez no será en vano.

Emilio J. Apud*
LA NACIÓN

*Ingeniero consultor, exsecretario de Energía y Minería