Los 10 mandatarios de la Ofephi enviaron al ministro de Interior una propuesta de Ley de Hidrocarburos que incluye cambios en un artículo clave de la reforma que se discute en el Congreso.

Paradójicamente, la posición de las provincias entró en tensión con la de los productores de hidrocarburos y quedó alineada con la visión de algunas refinadoras.

Pese a todo, la Casa Rosada desestimó el texto enviado por los gobernadores petroleros y afina la versión final del artículo que establecerá cuál será de ahora en más el principio rector que regirá la comercialización local e internacional de petróleo y gas.

Los gobernadores de las diez provincias petroleras —nucleadas en la OFEPHI— difundieron el miércoles una declaración conjunta para dar a conocer su posicionamiento frente a la profunda reforma de la Ley 17.319 (de Hidrocarburos) que impulsa el gobierno de Javier Milei a través de la Ley Ómnibus que se debate ahora en la Cámara de Diputados.

Esa presentación, que consta de siete carillas y se difundió entre los medios de comunicación, fue cursada al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, con un anexo que no trascendió a la prensa. En ese apartado, los mandatarios petroleros directamente avanzan sobre el proyecto de Ley elaborado por La Libertad Avanza y proponen la reescritura de un párrafo clave de la reforma.

Se trata del artículo 6 de la Ley 17.319, que configuró el principio de autoabastecimiento hidrocarburífero que rigió en el mercado local durante las últimas seis décadas (la Ley original es de 1967). La propuesta de los gobernadores busca destrabar y contemporizar, en realidad, un fuerte e impensado contrapunto entre los principales referentes privados de la industria, que no lograron ponerse de acuerdo en un texto común.

El artículo 258 de la Ley Ómnibus —que sustituirá el artículo 6 de la Ley 17.319— fue enviado por la Ofephi el jueves por la tarde al ministro del Interior, Guillermo Francos, y sostiene que las empresas productoras “podrán exportar libremente los hidrocarburos y/o sus derivados respecto de los cuales se haya cumplido el objetivo de abastecimiento interno, conforme la reglamentación a dictar por el Poder Ejecutivo Nacional”, según figura en una copia a la que accedió este medio.

De esa manera, las provincias retomaron el espíritu de la Ley vigente y defendieron el criterio de autoabastecimiento, que había sido desterrado por el proyecto inicial presentado por el Ejecutivo en el Congreso, en lo que era un verdadero giro copernicano en la aplicación del derecho hidrocarburífero.

Tensión

Uno de los gobernadores que participaron de esa reunión de la Ofephi reconoció a este medio que habían quedado en el medio de “una guerra” entre empresas por ese artículo. La resolución no fue del todo sencilla porque, según relató otro de los participantes, la reincorporación del concepto de autoabastecimiento “fue discutido y generó una tensión innecesaria” entre las provincias participantes.

Al incluir nuevamente una referencia directa a la necesidad de garantizar el suministro doméstico antes de autorizar exportaciones de petróleo, los mandatarios de la Ofephi neutralizaron la posición de los mayores productores de hidrocarburos agrupados en la CEPH, cuyo presidente, Carlos Ormachea, representante de Tecpetrol, había celebrado la iniciativa original del gobierno. De hecho, el expresidente de la petrolera del grupo Techint estuvo presente en la Cámara Baja defendiendo el proyecto.

La gran mayoría de las petroleras —entre las que figuran también compañías con accionistas locales como Vista, Pluspetrol, Pampa y CGC y multinacionales como Shell, Chevron y ExxonMobil— envió una carta a Rodríguez Chirillo en respaldo de la iniciativa oficial, que jerarquizaba la exportación de hidrocarburos para apuntalar el desarrollo de la producción de Vaca Muerta.

Los gobernadores optaron, en cambio, por recomendar la continuidad de la primacía del mercado interno como eje ordenador de la normativa petrolera. Pan American Energy (PAE), segundo productor de petróleo del país, pero a su vez propietario de Axion Energy (una de las tres mayores jugadores del mercado de combustibles) comparte esa interpretación. En tanto que desde Raízen, la segunda compañía refinadora del país, indicaron a EconoJournal que “dentro del marco del libre mercado que es fundamental para que el sector continúe invirtiendo y prospere, satisfacer las necesidades del abastecimiento interno están contempladas en el art 255 del proyecto de ley”. “De todas maneras, y ante determinadas circunstancias de mercado que ameriten que se le dé prioridad —como ha ocurrido en el pasado—, genera que sea conveniente ser más explícito en ese artículo”.

Ventana histórica

La posición de petroleras no integradas —que están representadas en la Ceph, la cámara de exploración y producción— es clara y se explica a partir de un profundo revisionismo histórico. Fuentes privadas consultadas por este medio señalaron que en los últimos 20 años la Argentina perdió inversión y no pudo incrementar su producción de petróleo por desacoplar el importe interno del petróleo del precio de paridad de exportación (export parity). En repetidos trayectos de ese período, la brecha entre ambos valores fue muy significativa.

El súmmum de esa política pública hecha bandera por el kirchnerismo fue la resolución 394/2007 escrita por el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno. El funcionario recurrió al viejo artículo 6 de la Ley 17.319 para fijar el precio local del barril en 42 dólares en un momento en que el Brent superaba los 100 dólares. Un año después de esa decisión Repsol aceptó el ingreso como accionista de YPF de Petersen Energía, el buque insignia de la familia Eskenazi, con un resultado ruinoso para el país, y en los años subsiguientes empresas internacionales de primer nivel como Occidental Petroleum (OXY), PetroAndina Resources, Apache, Petrolifera, Pioneer y EOG Resources se retiraron de la Argentina.

Mientras tanto, Brasil, que en 1998 producía casi el mismo petróleo que la Argentina pero nunca desacopló los precios internos de los combustibles de la referencia internacional, hoy produce 3 millones de barriles diarios de crudo, cuatro veces más que nuestro país, en gran medida porque, a diferencia de YPF, Petrobras, la petrolera controlada por el Estado brasileño, desistió de utilizar al precio de los combustibles como un ancla inflacionaria o una herramienta de política macroeconómica.

“Es una oportunidad histórica para modificar un articulado que fue mal utilizado por los últimos gobiernos y le hizo mucho daño a la industria y al país”, explicó el presidente de una de las principales petroleras, que pidió reserva de nombre. “No tiene sentido abrir un cisma entre privados, hoy lo principal es lograr la mayor apertura de mercado posible”, agregó.

YPF, que por su doble condición de mayor productor de hidrocarburos del país y empresa controlada por el Estado podría arbitrar para acercar posiciones en el seno de la industria, decidió mantenerse neutral. La empresa que preside Horacio Marín prefiere abocarse hoy a la consolidación de un nuevo equipo de trabajo tras reconfigurar las principales gerencias de la compañía y a la implementación de algunas decisiones estratégicas, como la salida o cesión de yacimientos convencionales del Golfo San Jorge.

Negociación abierta

La propuesta de artículo 6 enviada por los gobernadores no será, sin embargo, la que se vote en los próximos días en Diputados, dado que no recibió el visto bueno de la Casa Rosada, que no está dispuesta a aceptar que sea el concepto de abastecimiento del mercado interno lo que prime a la hora de definir cómo se comercializará a futuro el petróleo y gas que se extrae en la Argentina.

Por eso, el ministro Francos envío este viernes al secretario ejecutivo de la Ofephi, Alejandro Monteiro, ex ministro de Energía de Neuquén, un nuevo texto que sostiene que las petroleras podrán exportar libremente su producción de hidrocarburos siempre y cuando no se registre “una objeción por parte de la Secretaría de Energía, que podrá hacer efectivo ese derecho (el de objetar la exportación) en caso de que existan motivos técnicos u otros que incidan económicamente en la seguridad de suministro”.

Esta última versión es más digerible para las productoras no integradas, aunque preferirían que el adverbio “económicamente” no figure en la redacción del artículo porque su polisemia abre un amplio abanico de aplicaciones prácticas que podrían habilitar a un gobierno de otro signo político a seguir interviniendo sobre los precios del barril y el comercio exterior de crudo. A raíz de eso, el inesperado vórtice que se abrió entre las principales petroleras del país frente a una reforma de la Ley de Hidrocarburos que, en teoría, parecía reunir el respaldo unívoco de los privados, todavía tiene un final abierto.

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Fuente: Econojournal