En el interior de un deslucido bloque de oficinas de Georgetown, la capital de Guyana, un equipo de directivos de ExxonMobil trabaja para expandir uno de los más grandes desarrollos petroleros mar adentro de la historia.

El gigante estadounidense de la energía y sus socios, Hess y el grupo chino Cnooc, ya descubrieron unos 11.000 millones de barriles de petróleo en el Bloque Stabroek, una vasta reserva petrolera a 180 kilómetros de la costa del país sudamericano.

Se aprobaron unos US$ 55.000 millones de inversiones para extraer apenas la mitad de esas reservas, pero luego de hacer más descubrimientos, el consorcio está reforzando la producción.

«La forma en que pudimos avanzar tan rápidamente desde el descubrimiento al desarrollo y la producción es un enorme valor de Guyana -señala Alistair Routledge, presidente en el país de ExxonMobil-. Esto podría dejar unos US$ 100.000 millones para el país».

Siendo uno de los estados más pequeños de Sudamérica, Guyana no tenía industria hidrocarburífera antes de los descubrimientos de Stabroek. Los beneficios financieros prometidos podrían crear uno de los últimos petro-estados del mundo, justo cuando los gobiernos prometen tomar distancia de los combustibles fósiles.

El desarrollo en el terreno ya está generando un crecimiento rápido en un país pobre; el año pasado la economía de Guyana se expandió un 33 por ciento descontada la inflación, y el FMI prevé un avance similar este año.

Activistas por el medio ambiente tacharon el proyecto de «bomba climática» y apuntan a estudios que indican que hacia 2030 el calentamiento mundial y el aumento del nivel del mar podría sumergir la zona baja de Georgetown.

A grupos civiles y de derechos humanos, sindicatos y políticos opositores les preocupa que la riqueza generada por la bonanza petrolera de Exxon eluda a la población en general y cause más daños que beneficios.

Economistas y expertos en ciencias políticas hablan de la maldición de los recursos: la extracción de minerales de descubrimiento reciente infla la moneda local, vacía la industrial local y alimenta divisiones y corrupción en la sociedad.

Algunos críticos afirman que el acuerdo de producción compartida que en 2016 firmó el gobierno anterior es indebidamente generoso con las empresas, una idea que también sostiene el FMI. También está la preocupación de que Exxon es demasiado cercana al gobierno actual, que encabeza el presidente Irfaan Ali, y no respeta la legislación ambiental.

El auge ya está empujando los precios locales, lo que aumenta la presión sobre los hogares en un país en el que casi la mitad de sus 800.000 habitantes vive con menos de US$ 5,50 diarios, que es la definición de pobreza del Banco Mundial en un estado como Guyana. Una huelga de maestros ingresó en su cuarto mes y otros gremios de servicios públicos también amenazan con medidas, alegando que sus miembros no pueden sobrevivir con «salarios de hambre».

Hay antecedentes preocupantes de la maldición de los recursos. En 1995 Mobil, luego adquirida por Exxon, descubrió petróleo frente a la costa de Guinea Ecuatorial; el auge posterior de tres décadas enriqueció a la familia gobernante del país del centro de África pero la mayor parte de su población siguió hundida en la pobreza.

Decenios de producción petrolera en el vecino occidental de Guyana, Venezuela, dieron paso a una mala gestión económica, corrupción y autoritarismo. El líder socialista del país, Nicolás Maduro, ha reactualizado un reclamo histórico sobre una provincia de Guyana que incluye parte de Stabroek.

Schreiner Parker, experto latinoamericano en el grupo de investigaciones Rystad Energy, afirma que Guyana es «el caso testigo de la maldición de los recursos en el siglo XXI».

Desde el comienzo de la producción petrolera a fines de 2019, en Georgetown cobró ritmo un auge de la construcción en una ciudad famosa por sus calles arboladas, su red de canales de irrigación y su arquitectura colonial.

Van tomando forma varios hoteles de lujo, aparecen centros comerciales al estilo occidental con locales de Starbucks y un Hard Rock Café y Exxon construye en las afueras su cuartel general empresario de US$ 160 millones.

La compañía norteamericana se ha convertido en un nombre familiar en Guyana, donde auspicia al equipo de cricket Guyana Amazon Warriors, dona dinero a variedad de iniciativas locales y organiza campañas publicitarias que celebran su papel en fomentar la economía.

La creación de la nada de una industria petrolera generó puestos de trabajo locales, afirma la compañía: a fines del año pasado, 6.200 guyaneses sostenían las actividades de ExxonMobil Guyana y sus contratistas. Desde 2015 la empresa gastó unos G$ 313.000 millones (US$ 1.490 millones) en proveedores locales, ayudada en parte por una ley de compre nacional aprobada en 2021.

Uno de ellos es Robin Muneshwer, director ejecutivo de un prominente conglomerado local y propietario mayoritario de Guyana Shore Base Inc., que se impuso en una licitación para abastecer a las plataformas petroleras mar adentro y ahora emplea a unas 900 personas que manejan grúas gigantes, barcos y otros equipos.

«Somos el ejemplo del compre nacional», afirma Muneshwer, antes de agregar que los socios de Shore Base obtuvieron hace poco una extensión de su contrato por 11 años. Sostiene que el país es consciente de los riesgos de la maldición de recursos y está utilizando el dinero del petróleo para diversificar la economía.

Agrega que el verdadero peligro a evitar es que franjas de la población queden rezagadas y el sector de recursos no asfixie a otras partes de la economía local.

Algunos académicos sostienen que las autoridades de Guyana están en una carrera contra el tiempo para demostrar que la renta petrolera se compartirá de manera equitativa y no será mal empleada por los políticos.

«Cuando los políticos obtienen grandes ganancias petroleras, sus gobiernos tienden a ser más corruptos, menos responsables y las elecciones libres y limpias se tornan cada vez más raras», advierte Michael Ross, profesor de ciencia política en la UCLA y autor de The Oil Curse: How Petroleum Wealth Shapes the Development of Nations.

Sugiere que el gobierno debe negociar con una compañía que el año pasado registró un flujo de caja que triplica el PBI de Guyana, y que cuenta con vasta experiencia en discutir contratos complejos.

«Exxon no es un amigo -acota Ross-. Ellos dan esa impresión, pero no lo son. Son un socio comercial que busca sacar ventajas enormes en la mesa de negociaciones».

Los riesgos para los 32 años de democracia en Guyana quedaron demostrados en la última elección general, en 2020, cuando el entonces presidente, David Granger, se negó a entregar el poder luego de un recuento de votos que mostró que había perdido por poco.

Sólo la imposición de sanciones estadounidenses sacó del cargo al militar retirado en medio de brotes esporádicos de violencia en un estado dividido entre habitantes de origen africano, indio o indígena.

La próxima votación está prevista para 2025 y los partidos opositores ya hacen campaña en torno a la renta petrolera, el cumplimiento por parte del consorcio de las normas locales y las preocupaciones sobre la maldición de los recursos.

«Debemos sacar más de esos recursos -opina Aubrey Norton, líder de la oposición en Guyana-. En los primeros cien días presionaremos a Exxon para que garantice el bienestar del país».

El año pasado un fallo del Tribunal Supremo exigió al consorcio que presente una garantía financiera «ilimitada» frente al costo de posibles derrames petroleros, comentó Norton. Desde entonces Exxon aceptó destinar una garantía de US$ 2.000 millones mientras se tramita una apelación.

Melinda Janki, ex abogada de BP que hizo presión para modificar partes de la constitución de Guyana que se refieren al medio ambiente, se ocupa del proceso por la garantía y varios más. Alega que el gobierno y los reguladores ambientales se niegan a hacer responsable a Exxon, lo que crea el riesgo de un desastre ecológico y financiero para el país.

«Son operaciones muy peligrosas (las de las plataformas). Producen petróleo por encima de los límites fijados en las evaluaciones de impacto ambiental», protesta.

Janki advierte que un desastre similar al de Deepwater Horizon, en 2010, podría devastar Guyana y otros cursos de agua del Caribe. Aquel derrame, que causó la muerte de 11 empleados y soltó 4 millones de barriles de petróleo en el Golfo de México, le costo US$ 69.000 millones a BP.

Exxon rechaza las denuncias de Janki; sostiene que nunca podría en riesgo la seguridad y que sus instalaciones mar adentro pueden operar «por encima de la capacidad de diseño» e incrementar la producción luego de hacer reevaluaciones y estudios de descongestión.

Pero la abogada nacida en Guyana ha prometido continuar la disputa con el consorcio y el gobierno: sostiene que el acuerdo entre las partes «vendió nuestro patrimonio».

Analistas de Wall Street consideran que el acuerdo de producción compartida suscripto en 2016 es «el mejor convenio petrolero de la historia moderna» debido tanto a la escala del recurso cuanto a los términos. Consultores de Wood Mackenzie prevén que Exxon y sus socios generarán US$ 135.000 millones en ganancias entre 2024 y 2040. Guyana recibirá unos US$ 150.000 millones en el mismo período, cantidad impresionante para un país que el año pasado tuvo un presupuesto nacional de US$ 3.750 millones.

El consorcio puede embolsar hasta tres cuartas partes de los ingresos del proyecto hasta que recupere el costo. El resto se divide 50-50 con el gobierno, que además obtiene regalías del 2 por ciento sobre la producción en pozo, porcentaje inferior a la mayoría de los proyectos petroleros mar adentro. La firma también aceptó pagar los impuestos a los réditos y sobre las sociedades con su porcentaje de las ganancias.

Es tan lucrativo el acuerdo que en marzo desató una disputa empresaria entre Exxon y su rival estadounidense Chevron, que quiere comprar Hess por US$ 35.000 millones. Exxon alega que tiene la potestad de rechazar la vena de la participación de Hess en Guyana, e inició un proceso de arbitraje que podría torpedear el arreglo con Chevron.

«El acuerdo petrolero es una forma legalizada de bandidaje en los caminos», opina Glenn Lall, editor del Kaieteur News, un diario de Guyana que ha criticado tanto al gobierno cuanto a la oposición por su manejo de la relación con las petroleras, y alega que a los guyaneses «les dan las sobras».

Lall sostiene que Exxon, la industria petrolera y el gobierno actúan cada vez más coordinados para sofocar las críticas, al punto de contratar a varios periodistas de su diario.

Routledge, de Exxon, descalifica a Lall por ser un crítico constante con ambiciones políticas y tener «intenciones ocultas»; agrega que «estamos ante un contrato competitivo que traerá inversiones al país».

El presidente Ali reconoce que el convenio está «orientado a favor» de Exxon, pero no buscó renegociarlo. «El tamaño de Exxon en relación con la economía nos indica que no es posible simplemente modificar el contrato», declaró al Financial Times. «Habría consecuencias legales y todo el sector se paralizaría».

Irfaan Ali, presidente de Guyana desde 2020

Ningún otro arreglo nuevo con las petroleras va a ser tan «inclinado hacia un lado», advierte Ali; agrega que aprobará reformas para dar más transparencia al sector petrolero nacional, diversificar su economía e invertir en infraestructura, salud y educación.

En 2021 su gobierno aprobó leyes para incrementar la vigilancia sobre el fundo de recursos naturales de Guayana, en línea con los principios establecidos por el Foro Internacional de Fondos de Riqueza Soberana.

Sin embargo, en enero el gobierno propuso levantar algunas de la restricciones sobre la cantidad de dinero que puede extraerse del fondo. Más recientemente, autoridades norteamericanas impusieron sanciones a una funcionaria guyanesa de alto rango y a varios empresarios destacados que habrían estado implicados en un defraudación impositiva en el sector aurífero por US$ 50 millones de dólares.

Mae Thomas, secretaria permanente del Ministerio de Trabajo de Guyana, facilitó beneficios para Nazar y Azruddin Mohamed a cambio de dinero y obsequios, denunció el Tesoro estadounidense.

Algunos críticos sostienen que estos episodios ponen de manifiesto la necesidad de escrutinio y vigilancia adecuadas. El gobierno respondió que dio licencia a Thomas y defendió sus antecedentes en la lucha contra la corrupción.

Los periodistas extranjeros no deben tener una mentalidad tendenciosa respecto de Guyana, pidió Ali, antes de agregar que hay «una corrupción tremenda en el mundo desarrollado».

Ali también asegura a una población escéptica que empezarán a ver algunos beneficios de las inversiones que hicieron aumentar bruscamente el precio de los alimentos y los alquileres.

La inflación llegó al 6,6 por ciento en 2023, según datos del Departamento de Estado norteamericano, pero el precio de la comida subió a mucha mayor velocidad en los últimos años.

«Desde que empezaron con esto se volvió más difícil sobrevivir», protesta Olivia, dueña de un puesto que vende maní y otros productos cerca del hotel Marriott, donde las habitaciones cuestan hasta US$ 600 la noche. «Se está complicando porque no estamos recibiendo los beneficios del dinero petrolero. No nos quieren pagar ese dinero», agregó.

El descontento empieza a emerger. Muchos maestros hicieron huelga durante unos 60 días en demanda de un aumento salarial del 20 por ciento. El Sindicato de la Administración Pública de Guyana, que representa a trabajadores estatales, también amenazó con protestas salariales.

«Ahora nuestra economía es una economía petrolera, ya no es la economía de la gente local. Estamos en la etapa de supervivencia», observa Mehalai McAlmont, quien da clases en la escuela secundaria Tutorial Academy en New Amsterdam. Afirma que el precio de los alimentos repunto desde que empezó a salir petróleo en 2019 (estadísticas oficiales que el aumento fue de un tercio), mientras los salarios docentes se estancaron.

El descubrimiento petrolero de Exxon tiene otra característica riesgosa de la maldición de los recursos: el conflicto con los vecinos. Ross, de la UCLA, advierte que hay paralelos preocupantes entre la primera Guerra del Golfo Pérsico, de 1990, cuando Irak invadió Kuwait, su vecino rebosante de petróleo, y la amenaza de Venezuela de invadir Guyana.

Hace tiempo que Venezuela reclama la región de Esequibo, que conforma dos tercios del territorio guyanés e incluye parte del Bloque Stabroek en la costa.

En diciembre el presidente Maduro celebró un referendo según el cual los votantes aprobaron la creación de la nueva provincia de Esequibo en Venezuela.

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Fuente: Cronista