Concentra el poder en Energía y cambia las reglas: condiciona a las cámaras empresarias, que deberán negociar con agencias particulares. Gremios, ¡afuera!

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, envió a la Legislatura la nueva ley de puertos que condiciona sensiblemente la actividad de los gremios y del sector privado y pone a prueba la muñeca del empresariado de la Patagonia. La iniciativa avanzó en comisiones y va camino a aprobarse en las sesiones previas a la Navidad.

En simples términos, le da un marco jurídico a la futura habilitación, administración, explotación y operación de la actividad portuaria en la provincia justo cuando prospera la conformación de un polo energético vinculado a proyectos de GNL y al oleoducto Vaca Muerta Sur, que construye la empresa YPF hacia las costas de Sierra Grande.

Mucho antes de que el proyecto de ley norma aterrizara en el parlamento, Weretilneck anticipó, durante la contienda con Axel Kicillof por la planta de gas licuado de YPF y Petronas, que frenaba la intromisión de las cámaras empresariales y a los sindicatos. “No queremos gremios ni cámaras en la administración del puerto”, advertía hace unos meses.

Río Negro avanza y controla

«Esta ley es un antes y un después, es el ordenamiento jurídico de nuestros puertos. Seremos transparentes, competitivos y eficientes. Nos permitirá garantizar el futuro, nos dará empleo, inversiones y que todo el esfuerzo con Vaca Muerta tenga como principales benefactores a los rionegrinos y rionegrinas», destacó Weretilneck.

La intervención de una autoridad competente creada por ley tendrá la capacidad de regular y cobrar aranceles sobre los puertos existentes o en camino de construirse. La jugada implica un nuevo tiempo en el manejo, que deberá lograr una venia de la Secretaría de Energía, que depende de Andrea Confini, y relega a fuerzas vivas vinculadas a la actividad.

Como explicó Letra P, la cartera con sede en Cipolletti es la más influyente en este tiempo del gobierno rionegrino. Weretilneck utiliza un despacho en el moderno edificio lindante a la ruta 22 y, desde el Alto Valle, define buena parte de su estrategia de gestión.

“Esta autoridad será responsable de la implementación, supervisión y fiscalización de la normativa, gestionando el registro provincial de puertos y otorgando habilitaciones para el funcionamiento de los mismos”, se detalla en uno de los apartados del proyecto, que avanzó con acuerdo de ministros y se votará en única vuelta en la sesión del 17 de diciembre.

La ley aplica a puertos marítimos, fluviales y lacustres, sean de propiedad provincial, privada o de gestión municipal, y establece una normativa que «garantice el uso racional y equilibrado de los recursos».

Registro y canon

La propuesta del Ejecutivo tiene como uno de sus objetivos principales conformar un registro provincial de puertos, espacio clave en el organigrama energético ideado para la explotación del Golfo San Matías. Un dato trascendental es la conformación de agencias destinadas a la administración de cada puerto, existente o camino a construirse.

El artículo 15 de la ley, titulado «Canon por Uso, Aprovechamiento y Ocupación del Dominio Público Portuario», describe a la perfección cómo «las terminales portuarias privadas deberán abonar un canon por el uso, aprovechamiento y ocupación de los espacios costeros, espejos de agua, canales de acceso, amarras, fondeaderos y/o todo otro espacio del dominio provincial». El monto de ese canon, detalla el texto que avanzó este martes en comisiones, será impuesto en cada caso por la autoridad de aplicación.

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Fuente: Letra P