Fue una de las leyes más discutidas de 2021. Representantes de los fabricantes pymes, de las exportadoras y del gobierno provincial realizan un balance de la nueva ley a seis meses de su entrada en vigencia.

La ley de biocombustibles fue una de las más discutidas de 2021. En torno a ella se generó una tormenta perfecta de intereses encontrados: la Cámara de Diputados contra la Cámara de Senadores; gobiernos provinciales contra el gobierno nacional; fabricantes pymes contra exportadores. Tras siete meses de intensos debates y la carrera contrarreloj por el vencimiento del anterior Régimen de Promoción, en julio de 2021 se sancionó una ley que definió reglas de juego hasta 2030, con posibilidad de extenderlas hasta 2035.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la producción de biodiesel es muy relevante para la economía santafesina, AIRE quiso conocer el balance de la nueva ley a seis meses de haber entrado en vigencia. Para eso consultó a representantes de los fabricantes pymes, de las exportadoras y del gobierno provincial. Con respecto al precio del biodiesel, tema crítico que llegó a paralizar durante más de un año a las empresas más chicas, está normalizado y hoy no es motivo de conflicto. Cada tres meses la Secretaría de Energía de Nación publica el precio de la tonelada y todos los actores –las pymes fabricantes y las petroleras que lo adquieren– tienen previsibilidad y la rueda funciona.

El punto más traumático sigue siendo la delimitación que hizo la ley entre quiénes pueden jugar en el mercado interno y quiénes lo tienen vedado. Se trata de un mercado regulado de punta a punta y donde la clave es el porcentaje de mezcla con gasoil (en el caso del biodiesel) que establece la autoridad. En definitiva la obligación de esa mezcla es lo que hace que el mercado exista.

Pymes al borde de la euforia

Federico Pucciarello, de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer) dice que “el balance de los primeros seis meses es muy bueno”. “Se transformó en una ley predecible. Estamos recuperando el capital perdido, ya pagamos el 80% de las deudas del año anterior, las pymes están produciendo todas a un 80% de la capacidad”, explica.

El sector la pasó mal desde 2018 en adelante, llegando en 2021 a tener plantas paralizadas y con las finanzas muy comprometidas. Durante más de un año ni siquiera se publicó el precio de referencia oficial, dato crítico para un mercado regulado. “No quiero sonar eufórico, pero el balance es muy bueno”, insiste el empresario accionista de Rosario Bioenergy y uno de los más activos negociadores en el Congreso nacional. Aclara que como cámara sectorial “mantenemos en pie el reclamo para que se eleve el porcentaje” de mezcla obligatoria de biodiesel con gasoil. La ley lo establece en 5% y en 2021 fue 3,6%.

Los fabricantes pymes fueron los grandes ganadoras en la redacción final de la ley, junto con los de bioetanol de caña de azúcar de las provincias del noroeste argentino. La gran victoria fue quedarse con la exclusividad del mercado interno. Se fijó en el artículo 11° de la ley: “El abastecimiento de las cantidades de biodiesel mensuales para el cumplimiento de la mezcla obligatoria con gasoil y/o diésel oil será llevado a cabo por las empresas que no desarrollen actividades vinculadas con la exportación de biodiesel y/o de sus insumos principales”. En el régimen anterior, entre 2006 y 2021, las grandes agroexportadoras podían venderle biodiesel a las petroleras una vez agotado el cupo reservado para las pymes. Es decir que jugaban tanto en el mercado externo como en el interno. Ahora éste último se les negó, por eso resultaron las grandes perdedoras.

Una ley que “necesita ajustes”

Ese escenario es el que refleja Víctor Castro, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Biocombustibles. Carbio representa a los pesos pesados del negocio agroexportador argentino, lo que se llama la industria integrada, porque participan en toda la cadena productiva: adquieren la materia prima, la industrializan (en forma de aceite, harina, biocombustibles, entre otras) y la comercializan en distintos puntos del planeta. Con nombre y apellido: Cargill, Bunge, Dreyfus, Molinos Agro, AGD, Cofco, Vicentin, entre otras. “Básicamente estamos trabajando biodiesel para la exportación. Al ser exportadores no nos dan cupo en el mercado interno”, dice Castro. “Siempre se peleó por una ley que permita ampliar el mercado de biocombustibles para todos, y no reducirlo a ciertas empresas como ocurrió en este caso. El tema es que el corte se redujo a la mitad y esto repercutió en la producción”.

Sobre este punto cabe detenerse a aclarar el detalle porque a partir del mismo dato se lee de distinta forma según quién sea el interlocutor. La ley anterior fijaba un corte obligatorio de 5% y autorizaba a la Secretaría de Energía a aumentarlo según las circunstancias. Por eso hubo años que se llegó al casi al 10%. La ley actual no fijó ese piso alcanzado en la realidad, sino que hizo una previsión más conservadora: mantuvo el corte en el mismo porcentaje que la ley anterior y la potestad para incrementarlo vía resolución y también de bajarlo hasta el 3%, cosa que antes no estaba. De hecho hoy, como se dijo, es 3,6%. De esta manera, el gobierno conserva margen para subir o subir el porcentaje de mezcla según cómo incida en el precio del gasoil en surtidor.

Víctor Castro sostiene que lo peor de la nueva ley fue que “bajó” el corte y en consecuencia aumentó la huella de carbono. Para este sector la “reducción” del corte “limita la posibilidad de desarrollo del biodiesel y sus derivados olioquímicos, va en desmedro del desarrollo de nuevos productos y biocombustibles con mayor eficiencia ambiental aún. El gasoil cuando se empezó a utilizar no es el mismo gasoil que usamos ahora”, pone como ejemplo Castro. Y en ese sentido insiste que “las exportadoras tienen escala y otra posibilidad de inversiones, pero al limitar a la mitad el negocio y reducirlo sólo a ciertas empresas, no favorece un mercado que tiene muchas posibilidades de expansión y en el que el país es muy eficiente en toda la cadena productiva”. Desde Carbio advierten que hay un déficit ambiental en la ley. “Al reducir el porcentaje de mezcla, el cálculo de emisiones que antes se hacía con un 10% de biocombustibles ahora se hace con 5%. Entonces tuvimos un retroceso en cuanto a las emisiones y la huella de carbono. La logística en Argentina (que se mueve con gasoil) aumentó sus emisiones, incrementó la huella de carbono”. Lo que apunta Castro es parte de una agenda bastante inminente en materia de productos agropecuarios. Especialmente en el mercado europeo ya entraron a correr exigencias a muy corto plazo para productos de origen agropecuario.

El sector exportador insiste en que la ley requiere cambios, que fue hecha con una mirada de corto plazo y que el desarrollo de Vaca Muerta influyó. “La ley requiere ajustes para promover la industria a largo plazo. Los biocombustibles son una muy buena alternativa de transición, más en un país como el nuestro donde no se pueden sacar los motores térmicos del día a la noche. Y además porque te empujan a nivel mundial a que tus productos sean más sustentables”. Castro cree que además de los argumentos de Carbio “hay una economía real que va a empujar a hacer ajustes” en la normativa.

Oportunidad perdida

Desde el gobierno provincial ven un panorama que “sigue siendo complejo”. Claudio Mossuz, secretario de Industria de la provincia, le dijo a Aire Digital que en el debate de la ley “se perdió la posibilidad de haber mantenido una participación mucho más alta en el escenario de provisión del biodiesel para la mezcla de gasoil”. “El porcentaje de mezcla promedio en 2021 fue de apenas el 3,6% cuando veníamos, a grandes rasgos, de pongamos un promedio de 8%. Esto redujo a la mitad la participación del biodiesel en el mercado del gasoil”. No hay nada parecido a la euforia en su balance: “Es una pena, porque Santa Fe es un productor muy importante. De alrededor de 1 millón de toneladas que se llegó a usar en el mercado doméstico hoy estamos en menos de la mitad, y Santa Fe… no sé…, debe estar por debajo de 160 mil toneladas”.

Cuando se inició el debate de la nueva ley, allá por finales de 2020, la administración Perotti jugó por una ley distinta a la que finalmente salió. Buscaba que garantizara el cupo de las pymes como proveedoras prioritarias del mercado interno, pero a la vez que elevara los porcentajes mínimos de mezcla para consolidar una cuota de mercado interno para las grandes agroexportadoras. De hecho, cuando el porcentaje de mezcla llegó al 10%, trabajando a full el sector pyme logró abastecer como máximo el 5,38%. El resto era biodiesel de las exportadoras.

Ésta era la foto que al gobierno provincial, y seguramente a las exportadoras también, le hubiera gustado que quedara plasmada en la nueva ley. Sin embargo las negociaciones tomaron un camino incómodo cuando los diputados del Frente de Todos, en acuerdo con el gobierno nacional, pusieron sobre la mesa un proyecto de ley que dividió aguas entre los productores integrados (las agroexportadoras querían prorrogar la ley anterior) y las pymes. “El hecho es que lamentablemente al sector que tratamos de defender (desde la provincia) fue el que en definitiva impulsó la nueva ley. Es muy difícil defender a quien no quien no quería ser defendido”, dice hoy el secretario de Industrias de la provincia. Mossuz hace referencia a que Casfer y el sector pyme convalidó el porcentaje de corte obligatorio “bajo” (5% con posibilidad de reducirlo a 3%) a cambio de la exclusividad en el mercado interno.

Fuente: Aire de Santa Fe