Los gobernadores de Río Negro y Neuquén enviaron una carta documento a dos ministros defendiendo el uso del agua. Quieren ser parte del negocio.

Los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro) y Rolando Figueroa (Neuquén) notificaron al Estado Nacional respecto de la gestión de concesiones hidroeléctricas en la región Comahue y rechazaron cualquier tipo de prórroga en el manejo de las presas. Lo hicieron mediante una carta documento “en defensa de los recursos naturales de las provincias y buscando establecer un claro precedente” en la Patagonia.

La misiva enviada por Weretilneck al Ministerio del Interior, a cargo de Guillermo Francos, se sustenta en los artículos 1°, 5°, 121 y 124 de la Constitución Nacional, que establecen el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales, así como los artículos 70, 71 y 81 de la Constitución de la provincia de Río Negro refuerzan la potestad originaria de los recursos naturales en su territorio, además de controlar y regular el uso de estos recursos.

Figueroa envió también una carta documento al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, en la que indica que, ante “la falta de respuestas y de evasivas por parte del Estado Nacional”, la provincia “se ve forzada a intimar y exigir que se abstenga de tomar cualquier tipo de decisión o medida respecto de las represas, sin antes dar participación a la provincia”.

Como explicó Letra P, el negocio supera los 800 millones de dólares anuales y es clave para las administraciones provinciales. La tensión se sustenta en el aprovechamiento hidroeléctrico de los ríos Limay y Neuquén de El Chocón, Piedra del Águila, Alicurá, Cerros Colorados y Arroyito, cuyos períodos de transición fueron recientemente prorrogados por 60 días.

Esta decisión tuvo su adelanto el último fin de semana, cuando ambos jefes provinciales tuvieron un encuentro en la residencia del neuquino. Dialogaron sobre diferentes temas de agenda que presentaron anteriormente en la Liga de Gobernadores de la Patagonia, relanzada en Villa La Angostura hace pocos días.

Lo que desvela a Weretilneck y Figueroa

El reclamo apunta a que el Estado Nacional se abstenga de otorgar cualquier tipo de concesión, prórroga o autorización relacionada con la explotación de esos complejos hidroeléctricos sin obtener previamente el consentimiento de las provincias.

Las notificaciones advierten que cualquier acción unilateral por parte del Gobierno «será considerada inválida y carecerá de derechos frente a la provincia. Además, subrayan la posibilidad de iniciar acciones legales contra los eventuales concesionarios o explotadores de los recursos, en caso de no respetarse las disposiciones provinciales».

Esta acción por parte de las provincias establece un importante precedente en la relación entre el poder central en materia de gestión de recursos naturales. Asimismo, «evidencia la firme determinación de proteger sus intereses y ejercer su autonomía en este ámbito crucial para su desarrollo y sustentabilidad».

Los gobernadores aspiran a la posibilidad de abrir un diálogo constructivo con el Gobierno «que respete los principios constitucionales y las competencias provinciales, en aras de encontrar soluciones que beneficien a ambas partes y promuevan un uso responsable de los recursos naturales en la región.»

Fuente: Letra P