En Buenos Aires, el Gobierno de Javier Milei intensificó su ofensiva administrativa y judicial contra las compañías vinculadas a la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.
El 8 de septiembre se formalizó la apertura de 15 nuevos expedientes sancionadores, que se suman a los 45 anunciados cuatro días antes, elevando a 60 las personas y entidades investigadas.
Actualmente, la medida se apoya en el artículo 2 de la Ley 26.659, que prohíbe desarrollar, participar o prestar servicios a actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización oficial.
Las sanciones previstas incluyen inhabilitaciones de entre 5 y 20 años, además de consecuencias penales en casos de exploración y extracción.
Por su parte, entre los nuevos expedientes figuran accionistas y directivos de Navitas Petroleum, Rockhopper Exploration, Borders & Southern y Eco (Atlantic), junto con proveedores de infraestructura y servicios como Bluewater Energy Services y Noble Corporation UK Ltd.. La estrategia amplía la presión más allá de las operadoras, alcanzando a toda la cadena empresarial y financiera.
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En paralelo, el Gobierno presentó una denuncia penal contra cinco firmas, entre ellas Navitas Petroleum y Eco (Atlantic), que quedó radicada en el Juzgado Federal N°12, a cargo de Julián Ercolini. De este modo, la disputa por los hidrocarburos pasó del plano administrativo al judicial.
A nivel operativo, el centro de la controversia es el proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca de las Malvinas Norte. Navitas controla el 65 % y Rockhopper el 35 %. La decisión final de inversión se tomó en diciembre de 2025, con infraestructura en marcha y perforaciones previstas para 2027. El objetivo declarado es alcanzar el primer petróleo en el primer trimestre de 2028, con una capacidad inicial de 55.000 barriles diarios mediante el buque flotante Aoka Mizu.
Dentro de la postura oficial, Argentina sostiene que estas actividades carecen de autorización válida y constituyen un ataque a su soberanía. La Casa Rosada advirtió que continuará identificando a todos los actores implicados y que “no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”.
En el plano histórico, la disputa por las Malvinas, bajo administración británica desde 1833 y escenario de la guerra de 1982, sigue abierta. Naciones Unidas reconoce la existencia de un conflicto de soberanía y ha instado a ambos países a negociar, mientras Londres defiende el principio de autodeterminación de los isleños, ratificado en el referéndum de 2013.
Con 60 expedientes administrativos y una causa penal en curso, el Gobierno argentino busca trasladar la presión sobre la explotación petrolera en Malvinas a toda la estructura empresarial que sostiene el proyecto Sea Lion.
