La Argentina se encuentra desde hace tiempo inmersa en un estancamiento, en términos de desarrollo, situación que requiere con suma urgencia implementar políticas más sólidas y perdurables en el tiempo, más allá de los gobiernos de turno.

La intensificación en los programas de obras públicas, en materia de transporte, vialidad y energías renovables, con el aumento de la actividad en la región de Vaca Muerta y la implementación de los créditos UVA, fueron medidas interesantes de la actual administración gubernamental, que se vieron vapuleadas por la profunda crisis que se inició a mediados de 2018. Los principales efectos dentro del sector pasaron por un menor avance e incluso paralización de la obra pública. Los privados resultaron los más afectados, sin proyectos nuevos, ante la incertidumbre política y la crisis financiera, que disminuye la cantidad de potenciales compradores.

Bajo este escenario y con miras al futuro, debe tenerse claro lo principal: Argentina está atrasada, y desde hace décadas, en materia de obra pública. Muchos gobiernos han pasado y ninguno pudo, supo o quiso establecer reglas claras, en pos del desarrollo del sector, en evidente detrimento de la sociedad.

Resulta imprescindible concentrar la obra pública en aquellas necesidades de infraestructuras económicas y/o sociales, que generen capital privado asociado (comercio, industria, servicios) y que provean de empleo, para disminuir la pobreza.

Por este motivo, es en extremo necesaria una Agencia Federal con directorio público y privado que se encargue de elegir las obras bajo dicho criterio y también ordenarlos mediante la concentración de los fondos destinados para la obra pública, a partir de un único Fondo Fiduciario, a fin de contar con una cantidad de dinero suficiente para iniciar un plan de transformación.

Respecto a las obras privadas, es conocido que Argentina presenta un déficit de tres millones de viviendas. Para terminar con dicho déficit son necesarios un sistema hipotecario y una legislación de alquileres que genere inversores, todo esto basado en un sistema tipo UVA o similares, pero agregándoles desgravaciones importantes para el inversor y el comprador.

Por supuesto, a esta realidad tampoco escapa la cuestión de los alquileres. En ese sentido, resulta fundamental eliminar las cláusulas de protección del inquilino y reemplazarlas por subsidios estatales. Asimismo, deben posibilitarse políticas que aminoren las cargas impositivas para inversores en vivienda y en propiedades de alquiler.

En conclusión, ante los tiempos que imperan y los requerimientos que afloran, la Cámara Argentina de la Construcción seguirá proponiendo estrategias que faciliten el crecimiento de la industria y, en consecuencia, contribuyan al desarrollo definitivo del país.

Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción

Fuente: ámbito.com