En un contexto de disputa territorial, el presidente Javier Milei anunciará por cadena nacional el envío al Congreso de un proyecto de ley que busca sancionar a las empresas que desarrollen actividades en las Islas Malvinas sin autorización de la República Argentina. La iniciativa se vincula directamente con el avance del proyecto petrolero offshore Sea Lion, liderado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.
Trump presentó el pacto como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”, destacando que “más que duplica” las reservas de su país y permitirá reducir los precios internos de los combustibles “sin costo alguno para el contribuyente estadounidense”. El anuncio se realizó acompañado por el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Guerra Pete Hegseth, subrayando la dimensión estratégica del entendimiento.
Del lado argentino, Milei anticipó que la medida será un hecho “muy fuerte” para la causa nacional, reafirmando el rechazo categórico a la explotación unilateral de recursos naturales y ratificando la vía diplomática como único camino para la recuperación del archipiélago.
El proyecto contempla sanciones a compañías locales que brinden apoyo logístico o servicios a operadores en Malvinas sin aval nacional. De este modo, se busca desalentar la participación de empresas argentinas en iniciativas que Argentina considera ilegítimas y fortalecer la posición diplomática frente al Reino Unido.
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En el plano provincial, el Gobierno de Tierra del Fuego denunció la presencia del buque británico VS Promise en Ushuaia. Las autoridades calificaron el episodio como “inadmisible” y exigieron al Poder Ejecutivo nacional que aclare los criterios normativos bajo los cuales se autorizó el amarre.
Por su parte, el secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Andrés Dachary, explicó que la embarcación formaba parte de un proceso formal de exportación llevado a cabo por consorcios petroleros que operan en el norte de la isla. Aclaró que la intervención provincial se circunscribe a la certificación de origen y volumen del crudo exportado, mientras que la maniobra de carga mediante monoboya es competencia exclusiva de las autoridades nacionales.
La iniciativa legislativa se inscribe en una estrategia más amplia de reafirmación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur. Busca penalizar el apoyo logístico local a proyectos como Sea Lion y enviar un mensaje político claro en un momento en que incluso Estados Unidos evalúa revisar su posición histórica sobre el archipiélago.
