Argentina y un gran traspié con los biocombustibles
La planta de biodiesel de la compañía Explora, en la periferia de la ciudad de Rosario, donde se concentran las compañías que procesan aceite de soja en Argentina. Los biocombustibles generaron en los últimos años inversiones por más de 3000 millones de dólares en el país, además de exportaciones superiores a los 1000 millones de dólares anuales, antes del hundimiento de la demanda por la pandemia de covid.
Histórica potencia agrícola, Argentina se convirtió en los últimos años en gran productor de biocombustibles. Sin embargo, este país sudamericano retrocede hoy en el uso de este sustituto del petróleo en el transporte, una decisión en la que pesó mucho la economía y casi nada la cuestión ambiental.
Con el impulso del gobierno del centroizquierdista presidente Alberto Fernández, el legislativo Congreso Nacional sancionó el 15 de julio un nuevo Marco Regulatorio de los Biocombustibles, que regirá hasta 2030.
La nueva ley, que se publicó el 4 de agosto, reduce de 10 a 5 % el corte obligatorio (porcentaje mínimo en la mezcla del carburante) del diesel con biodiesel, fabricado con aceite de soja, y deja al Poder Ejecutivo la posibilidad de bajarlo a 3 % si lo considera conveniente para obtener un menor precio de venta del combustible al público.
En cuanto a la gasolina, se mantiene por ahora el corte con 12 % de bioetanol, a base de maíz y caña de azúcar, pero se le abre al gobierno la posibilidad de bajarlo a 9 %.
“Los cortes obligatorios de los combustibles derivados del petróleo con biocombustibles entraron en vigencia en 2010 y desde entonces generaron la mayor reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la historia argentina, al menos hasta 2019”, dijo el consultor en temas de energía Luciano Caratori, investigador de la Fundación Torcuato Di Tella, enfocada en temas ambientales, y ex subsecretario de Planeamiento Energético de la Nación.
El especialista se refiere a 2019, porque ese fue el primer año en que las energías renovables no convencionales (básicamente, eólica y solar) empezaron a tener un peso importante en la generación de electricidad en este país del Cono Sur americano con 44,4 millones de habitantes.
Hoy, según datos oficiales, aportan 9,7 % de la matriz eléctrica, en un país que tiene 87 % de su energía primaria a base de combustibles fósiles, de los que 54 % es gas natural, 31, petróleo y el resto, carbón.
“Para mitigar (el cambio climático) necesitamos todas las herramientas. Y en este caso, tal vez lo peor es el retroceso en un terreno en el que el país ha ganado mucho conocimiento y capacidad, con lo que se ha convertido en uno de los que más energía renovable utiliza en el transporte mundial”: Luciano Caratori.
La que es la tercera economía de América Latina es una exportadora neta de petróleo, pero por su baja capacidad de refinación es a su vez importadora neta de gasolina y diesel.
Caratori dice que la reducción del uso de biocombustibles es inconsistente con los compromisos de mitigación del cambio climático que Argentina presentó en diciembre de 2020, en la actualización de su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, en inglés), en el marco del Acuerdo de París.
Efectivamente, el país se comprometió a reducir para 2030 sus emisiones de GEI en más de 20 % con respecto al pico, alcanzado en 2007, y llegar a la carbono neutralidad en 2050.
Unos de los caminos para arribar a esos objetivos, se lee en la NDC, es la reducción de las emisiones del transporte -sector que en 2019 representó 33 por ciento de la demanda energética total-, a través del empleo de biocombustibles e hidrógeno y la electrificación.
El Senado de Argentina, durante la sesión pública especial en la que se sancionó la ley que reduce el porcentaje obligatorio de los biocombustibles en la mezcla con los derivados del petróleo. Algunos legisladores estuvieron en el recinto, pero la mayor parte votó de manera remota, por las restricciones impuestas por la pandemia de covid.
“No parece haber demasiadas oportunidades en la Argentina para compensar el ahorro de emisiones que se pierde con la reducción del uso de biocombustibles y 2030 está a la vuelta de la esquina”, afirmó Caratori.
“Para mitigar necesitamos todas las herramientas. Y en este caso, tal vez lo peor es el retroceso en un terreno en el que el país ha ganado mucho conocimiento y capacidad, con lo que se ha convertido en uno de los que más energía renovable utiliza en el transporte mundial”, acotó.
En el Senado, el oficialista Rubén Uñac, presidente de la Comisión Unicameral de Energía, reconoció que la industria de los biocombustibles permitió en la última década la creación de “nuevas empresas y miles de puestos de trabajo”, a través de “inversiones de más de 3000 millones de dólares”, pero dijo que el régimen necesitaba una “reforma profunda”.
Desde la oposición, la presidenta de la Comisión Unicameral de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la senadora Gladys González, denunció “un lobby feroz de las petroleras” y consideró que el gobierno “dice una cosa y hace otra”, porque públicamente declama un profundo compromiso en la lucha contra el cambio climático que no se traduce en hechos.
Un trabajo publicado en julio por Caratori y Jorge Hilbert, especialista del estatal Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), señala que la actual capacidad instalada de producción de biodiesel y bioetanol permitiría cubrir entre 4,5 y 8 % de la reducción de emisiones de GEI comprometida por Argentina internacionalmente.
“Se considera que la oportunidad de descarbonización que pueden aportar los biocombustibles es muy significativa con una mínima inversión”, subraya el trabajo.
Contras y pros según quien lo mira
De todas maneras, el verdadero impacto de los biocombustibles a nivel ambiental está discutido. María Marta Di Paola, directora de investigación en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), señala distintos reparos.
Di Paola afirmó: “Nos preocupa que favorezcan una ampliación de la frontera agropecuaria, que compitan con el uso alimentario de los cultivos y que se nutran de una producción agrícola que es altamente dependiente de los combustibles fósiles”.
“En consecuencia, si bien los biocombustibles son presentados como una alternativa para la transición energética, es muy difícil cuantificar su verdadera contribución al combate contra el cambio climático”, agregó luego la especialista de una de las instituciones ambientales más respetadas del país.
Y concluyó: “En cualquier caso, la decisión que tomaron el gobierno y el Congreso tuvo que ver con otras cuestiones, lo que ratifica que el espacio que se le asigna en la Argentina a los debates ambientales es muy pobre”.
Un campo de soja en la provincia de Santa Fe, en el oeste de Argentina. A partir del aceite de soja se fabrica el biodiesel en más de 50 plantas cerca de la ciudad de Rosario, situada en el sur de esa provincia. Foto: Confederaciones Rurales de Argentina
De todas maneras, las dudas son rechazadas en el sector.
“Menos de 5 % de las tierras cultivables en la Argentina están asociadas con los biocombustibles. En maíz, solo 3 % del total de la cosecha se transforma en bioetanol”, aseguró Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, entidad que desde hace 15 años promueve la actividad.
El biodiesel argentino, cuya generación está en manos privadas, nacionales y extranjeras, tuvo un primer gran impulso a través de las exportaciones, que entre 2012 y 2019 generaron más de 1000 millones de dólares anuales de exportaciones, de acuerdo a datos oficiales.
Sin embargo, la caída de la demanda por la pandemia de covid-19 provocó un abrupto descenso en 2020, cuando las ventas al exterior alcanzaron solo los 468 millones.
El principal destino es la Unión Europea, desde que en 2017 Estados Unidos impuso elevados aranceles al biodiesel argentino para proteger a sus productores de soja.
El impacto en la demanda de la covid y un aumento del precio del biodiesel puso presión al gobierno y lo dejó ante dos alternativas que quiere evitar: autorizar un aumento del precio de los combustibles al público o reducir el margen de las compañías petroleras, especialmente de la estatal YPF.
Esto está llevado al texto de la nueva ley, que dice que el gobierno se reserva la facultad de reducir aún más el porcentaje de corte con biocombustibles cuando el incremento en los precios de los insumos del biodiesel o el bioetanol “pudiera distorsionar el del combustible fósil en el surtidor” de las estaciones de servicio.
Axel Boerr es el vicepresidente de Explora, una compañía con capacidad para producir
120 000 toneladas anuales de biodiesel en su planta de los alrededores de la ciudad de Rosario, zona a la que define como “el Kuwait argentino”, debido a su concentración de fábricas que generan energía a partir del aceite de los campos de soja que abundan en la zona.
Boerr hace hincapié en que la producción de biocombustibles es una forma de agregar valor a la producción agropecuaria y escaparle al destino de exportador de productos primarios que castiga a los países latinoamericanos.
“Además, esto va a agravar nuestra dependencia externa, porque Argentina es importador de gasolina y diesel y va a tener que comprar cada vez más, debido a que no tiene más capacidad de refinación de petróleo”, pronosticó.
La negociación política hizo que al bioetanol de caña de azúcar se le asegurara la continuidad del actual corte de seis por ciento. De esa manera se consiguieron en el Congreso votos de legisladores de las provincias del noroeste, que son las productoras de caña.
La reducción de 6 a 3 % quedó abierta en el caso del bioetanol de maíz.
“No creemos en el argumento de que hay que cuidar el precio de los combustibles al público, porque lo que los determina es el petróleo, no los biocombustibles”, dijo Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz.
“Hoy estamos trabajando a 70 % de nuestra capacidad y con estos cambios, que significan un paso atrás en materia climática, iríamos a 40. Estábamos preparados para crecer y esta ley nos tomó desprevenidos”, concluyó.
Fuente: IPS