TGN inició una demanda a YPF para exigir el cumplimiento de un contrato de exportación de gas y obligarla a cancelar las facturas vencidas.

Tras una disputa legal que arrastraba más de una década de presentaciones y apelaciones, el caso iba camino a ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia.

Pero ante el riesgo de que el conflicto se prolongue en el tiempo y condicione la posibilidad de encarar futuros emprendimientos y negocios en el sector gasífero una vez que se habilite el nuevo gasoducto troncal de Vaca Muerta, la conducción de YPF llegó a un acuerdo extrajudicial con las autoridades de TGN (Transportadora Gas del Norte) para poner fin al litigio económico que mantenían las dos empresas desde 2010.

En abril de ese año, TGN le había iniciado una demanda a YPF para exigir el cumplimiento de un contrato de exportación de gas y obligar a la petrolera –que en esa época estaba bajo el mando de la española Repsol—a cancelar las facturas vencidas por la capacidad de transporte disponible que tenía sin utilizar.

La demanda había incluido un monto inicial de casi US$ 75 millones por servicios facturados entre 2007 y 2010 al cual se agregó en 2012 otro reclamo económico de US$ 142 millones por la rescisión unilateral del contrato de transporte en firme que YPF tenía firmado para exportar gas a Brasil.

En febrero del año pasado, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal confirmó una sentencia de primera instancia favorable a TGN y condenó a la petrolera de mayoría accionaria estatal a pagar una suma por daños y perjuicios de US$ 231 millones más intereses.

En ese momento, los abogados de YPF presentaron un recurso extraordinario de apelación y el caso pasó a la órbita de la Corte Suprema.

Tras una ronda informal de negociaciones que venían teniendo desde mediados de diciembre, YPF y la gasífera—cuya sociedad controlante está en manos de las empresas petroleras de Techint y del grupo Eurnekian—arribaron a un entendimiento para terminar con el conflicto.

Según los términos pactados, YPF procederá a pagarle a TGN una «suma transaccional única y total de US$ 190,6 millones en cuatro cuotas anuales a partir de 2024».

YPF confirmó el alcance del acuerdo en un informe remitido a la Bolsa donde destacó que debido a las «complejidades legales y comerciales que generaba la pelea con TGN ambas empresas acordaron el pago de suma transaccional y «desistieron de todos los reclamos que tenían o podían tener recíprocamente sin reconocer hechos ni derechos».

El origen del conflicto entre YPF y TGN se remonta a fines de 2006, cuando ante la caída de la producción interna de gas, el gobierno que encabezaba Néstor Kirchner decidió cortar las exportaciones que estaban en curso a Chile y Brasil.

Una de las más perjudicadas por esa medida destinada a garantizar el abastecimiento doméstico fue YPF que no pudo cumplir con varios contratos de ventas de gas en firme que tenía acordados con compradores externos.

Uno de los principales contratos que cayó en la volteada fue el que había firmado YPF con la central térmica brasileña AES Uruguaiana (AESU). Para poder atender ese suministro, en 1998 la petrolera procedió a contratar con TGN y con una tarifa en dólares una capacidad de transporte de 2,8 MMm3 diarios.

Cuando YPF dejó de venderle gas a la generadora brasileña por la prohibición impuesta por el gobierno en 2006, TGN comenzó a reclamarle que se haga cargo de los pagos en dólares correspondientes a la capacidad de transporte disponible y de las inversiones que había realizado en las redes e instalaciones para asegurar los envíos al cliente externo.

En la demanda judicial que llevó adelante, TGN destacó que había podido lograr una salida consensuada con todas las petroleras que se vieron afectados por el corte de las exportaciones, excepto con YPF que nunca aceptó estar en falta y sentarse a negociar.

Por su parte, YPF basó sus argumentos para rechazar los pagos en dólares reclamados por TGN en el hecho de no tomó la decisión de dejar de exportar por una estrategia comercial, sino por una causa de fuerza mayor originada en una medida extraordinaria del gobierno nacional.

Además, la petrolera sostenía que había sido TGN la que no respetó el contrato en los términos previstos por «imposibilidad de cumplimiento, a raíz del dictado de las normas de emergencia energética que impedían exportar y facturar tarifas internas en dólares».

Con el acuerdo logrado ahora, YPF consiguió sacarse de encima un lastre judicial que podía afectar la puesta en marcha del proyecto conjunto con la malaya Petronas de exportación de GNL y de nuevos negocios en el sector gasífero que se ven potenciados por el crecimiento productivo de Vaca Muerta y la ampliación de la capacidad de transporte que se dará con la habilitación de la primera etapa del gasoducto entre Tratayén y Salliqueló que el gobierno prevé inaugurar el 20 de junio.

En el caso de TGN, la resolución del litigio le permitirá contar a partir de 2024 de un ingreso anual extra durante cuatro años de US$ 47,5 millones que mejorará su caja y le permitirá afrontar con más respaldo financiero dos obras clave previstas para los próximos meses.

Por un lado, las tareas complementarias del segundo tramo del gasoducto Presidente Néstor Kirchner entre Salliqueló y San Jerónimo que el Gobierno prevé licitar en el segundo semestre.

Y, por otro lado, las obras de readecuación de las plantas compresoras Leones y Tío Pujio, que fueron aprobadas por Energía a mediados de enero, para poder revertir el sentido del gasoducto del Norte y enviar hasta 4 MMm3 de gas diarios adicionales desde Neuquén a Salta.

Fuente: iprofesional