El proyecto petrolero llega al Congreso. Sigue la pelea por el embajador en el Vaticano. Y la Ciudad negocia obras con la Nación.

La batalla del petróleo adelanta las peleas, adentro y afuera

La trama central del escenario político en este momento es la batalla de Vaca Muerta, un conflicto que no trata tanto de cuestiones petroleras, sino que revela y condiciona el programa político y económico del Gobierno. Los debates entre empresarios y el Presidente -reunidos por sorpresa en un encuentro el jueves-, del Gobierno nacional con gobernadores, y de las alas proteccionista y aperturista del mismo gobierno, motivan el nervio que le ponen todos. El Gobierno insiste en que esta semana mandará una ley de Vaca Muerta al Congreso. No se la muestra a nadie. Alberto Fernández les dijo a los empresarios que estaba bajo siete llaves.

Uno de los presentes se inquietó: ¿cómo una ley que se atribuye al titular de una empresa privada como YPF puede ser secreta? Tampoco se la han mostrado a los gobernadores petroleros en cuyas provincias vive y muere ese yacimiento fetiche de la industria. No hacerlo es un síntoma de omnipotencia o de debilidad; en cualquier caso, es un problema. Los directivos de YPF también han dicho que tampoco el proyecto se los ha mostrado a ellos. Ese encuentro pareció una manera de respaldar a Guillermo Nielsen en el cargo en el cual el propio Gobierno lo vapulea: le hizo retroceder un aumento de la nafta; dice que le ponen al secretario de Energía Sergio Lanziani para moderar su apasionamiento con las posibilidades de Vaca Muerta. Alberto lo trató en público en ese encuentro con petroleros de «Guille», y Lanziani no abrió la boca.

Quién tiene que bancar el congelamiento

Vaca Muerta es un significante ambiguo, y el Gobierno sufre por el meneo que lo convierte en un debate de cosas más importantes. Lo que hagan con ese proyecto desnuda una política de apertura o de cierre de la economía. También, si es en serio la aventura por los carriles de la ortodoxia, que emprendió la administración con la ley de ajuste que bajó el déficit en un 1,5% del PBI; los minués de Martín Guzmán con el FMI; y señales como la apertura del cepo para que los inversores extranjeros reinviertan, al poder repatriar sus dividendos. Son avances de la actividad en Vaca Muerta, sobre una estrategia de salida a la crisis. El negocio tiene plazo (por la ley de hidrocarburos), tiene tope de retenciones (8% por la ley de emergencia) y puede tener financiamiento con las medidas de alivio del cepo. Lo que le falta es precio.

Ahora Alberto dice que los aumentos de precio tienen mala fama, que no los va a aumentar, salvo que la industria le traiga una fórmula más simpática. Tiene que decidir por el único camino que le da salida al plan: aumentar el precio a boca de pozo, para acercarlo a un precio internacional competitivo –hoy la diferencia es de USD 52 a USD 63/65–, y mantener congelado el precio en el surtidor, con cargo a la porción que se queda el estado por impuestos. Un prueba en serio de la voluntad de ajustar la economía bajando el gasto y, de paso, asegurar gobernabilidad tranquilizando a los consumidores.

Peronismo señalero

Estas señales están en línea con el viaje de Alberto a Israel, o las opiniones de Sergio Massa sobre sus dudas sobre el suicidio de Alberto Nisman, pero chocan con quienes ven en ese rumbo una continuidad de agenda con la administración anterior, al refugiarse en la ortodoxia. Es el origen de los cuestionamientos a Nielsen, a quien ha querido respaldar el Presidente. Vienen aun de sectores de la industria, como una vieja guardia ypefiana, que sostiene que es más rentable aumentar la recuperación secundaria y terciaria de pozos ya explotados, que gastar dólares en la vaca que está muerta y no va a resucitar.

Lo que más horroriza al peronismo heterodoxo es que el proyecto, hasta este fin de semana, propone la creación de un fideicomiso de Vaca Muerta con legislación extranjera -Nueva York, ponele- a donde los inversores pondrán los dólares. Con esos depósitos, recibirán acá los pesos para gastarlos en el yacimiento. Cuando quieran sacar la renta recorrerán el camino inverso y cobrarán los dólares del fideicomiso. Como dicen los que entienden, coexisten dos debates, por lo menos. Uno es técnico, si conviene sacar el petróleo por medios no convencionales o profundizar los convencionales. Fascina en la cúpula del Gobierno para desmarcar de los aperturistas, y no se les cae de la boca la frase «recuperación terciaria». Cuando les preguntas qué es eso, cambian de tema, como ocurría en los diálogos entretenidos pero indocumentados entre Olmedo y Portales, Borges y Álvarez, que hacían reír hablando de temas que desconocían.

El otro debate es económico y político. La receta del fideicomiso la viene redondeando el peronismo desde el documento del PJ que coordinó Ginés González García. En aquella oportunidad era una receta más general para un nuevo blanqueo de capitales. Pero parece un camino de difícil tránsito, en un país con tanta incertidumbre y fragilidad legal. Ni Macri -que juraba por la ortodoxia- respetó los acuerdos con la industria para el manejo de los precios de los combustibles, y los congeló.

El Congreso se despereza

La inminencia en el envío del proyecto enciende las luces por adelantado esta semana. Es cuando el Gobierno dice que mandará el proyecto a extraordinarias, con un sumario amplio que va más allá de declarar a Vaca Muerta política de Estado, y prever licencias cambiarias y laborales a quienes inviertan. También la oposición mueve fichas. El jueves se reunirán en Buenos Aires los diputados nacionales de Cambiemos de provincias petroleras. Es una iniciativa del diputado por Neuquén Francisco Sánchez y tiene un antecedente: el proyecto paralelo de los sindicatos del área energética, que giran bajo el sello de la Catheda (Confederación Argentina de Trabajadores y Empleados de los Hidrocarburos, Energía, Combustible, Derivados y Afines), integrada por los gremios de Sergio Sasia (ferroviarios), Hugo Moyano (camioneros), José Escoda (estaciones de servicio), Oscar Sánchez (personal superior de YPF), Ricardo Serafini (personal superior del gas), Guillermo Moser (Luz y Fuerza), Guillermo Mangone (gas natural), Guillermo Pereyra y Antonio Cassia (petroleros), José Luis Lingeri (obras sanitarias) y Fabián Hermoso (químicos y petroquímicos).

Cassia se reunió el sábado con Álvaro González, vicepresidente de la cámara por el PRO, para darle movimiento a esta iniciativa, que absorbe otra que movió en el Senado Miguel Pichetto, antes de ser candidato a vicepresidente. La oposición tiene una señal del Gobierno de que deberán fusionar todos los proyectos para que salga alguno. A estas horas, el único consenso es para darle a Vaca Muerta el carácter de política de Estado, que es una forma de crear otra emergencia, para convertir al yacimiento en la principal señal de amistad a los mercados. Por esa emergencia habrá cláusulas especiales de tipo cambiario -una zona libre para ingreso y egreso de dólares-, y una paritaria especial que se aparte de los rígidos cánones de la ley de empleo.

Sostiene Bellando

Pido la palabra porque he sido aludido, aunque de manera tácita. Esta columna publicó el lunes pasado la información sobre la candidatura de Luis Bellando a la embajada en el Vaticano. Contra lo que se repitió durante la semana, no fue ni un trascendido ni una filtración. Se trató de una noticia, construida a partir de una fuente del Gobierno de una altura irresistible, sobre la propuesta de Gustavo Béliz, que aceptó Alberto Fernández con el argumento de que “Gustavo es el que habla allá de esas cosas” (allá es quizás el Vaticano). Esta pluma no tiene problemas de techos, y por eso tampoco de filtraciones. No figuran en su léxico las palabras venenosas de la profesión, como “trascendido”, “versión” o “rumor”. Tampoco participa de fabricaciones de prensa destinadas a operar sobre los hechos.

La publicación en Avant Première produjo una corrida periodística de la que participó el Gobierno, cuyo jefe de Gabinete dio una conferencia de prensa, para revestir esa noticia de fragilidad, aunque no la desmintió. Tampoco lo hizo la Santa Sede, pese a la tormenta de alusiones que giraron entre vaticanistas, entornistas de la Iglesia, voceros y voceroides del Papa, etc. Tampoco ellos desmintieron la noticia, aunque intentaron devaluarla al calificarla de versión, filtración o trascendido. El motivo evidente es que la publicación desnudó una pelea interna en el Gobierno, sobre quién tiene el celular de Francisco, cuando en realidad el Pontífice estuvo al margen de esta trama. La pelea es por el control de las relaciones con el Vaticano, en un Gobierno en el cual abundan los papistas.

Tormenta sobre Béliz, «que se mete en donde no debe»

Si me piden un nombre, por ahora estimo que se trata de un ataque a Gustavo Béliz, que nunca fue un francisquista, pero que ha tomado las riendas de algunos asuntos de por allá. Después de esta corrida se lamenta: había olvidado cómo era esto. Se refiere a estar en un equipo de Gobierno, algo que nunca se ha acomodado mucho a su temperamento. Béliz es el único católico con chapa entre los albertistas, que es una agrupación de pecadores importantes. Es un hombre pío, tiene la graduación eclesial de diácono, pero pertenece a la era prebergogliana. Fue protagonista de las relaciones con la Iglesia durante el peronismo de los años ’90. Aquella Iglesia de monseñor Ogñenovich o de Antonio Quarracino, de relaciones carnales con el menemismo, fue la que Bergoglio desmanteló con fineza y crueldad jesuítica, desde el arzobispado que asumió en 1998.

Cuando pregunté sobre las razones de esta tormenta sobre Béliz, me respondieron: «Es que se mete donde no debe». Una fuerte aún más alta que la que dio la información sobre el castigado Bellando, me dijo que su nombre sigue en carrera. Lo hizo con tanta confianza que propuso una apuesta, por plata, sobre uno de los escritorios del área presidencial, a favor de que Bellando será el embajador. De paso, el sumario a Bellando cuando era cónsul en Río de Janeiro, no fue por bailar en una comparsa sino por haber dado un reportaje al diario O Globo sin la autorización de su embajador, Juan Pablo Lohlé, ni del entonces canciller Jorge Taiana. Este último ex funcionario fue quien ordenó el sumario que terminó con el traslado de la cidade maravilhosa (coração do meu Brasil…) a la sufrida y disputada cuña de Tarija, en la frontera argentino-boliviana. Allí conocería a su esposa, con quien contrajo un matrimonio en condiciones que envidiaría más de un profesional del clericalismo que ahora lo castiga, porque lo casó un obispo.

Larreta-Alberto, más cerca de un pacto silencioso

Horacio Rodríguez Larreta la va llevando. Cuando Cristina dio la orden de ataque sobre las rentas de la CABA, la amenaza del recorte era por alrededor de $ 80.000 millones. Con el paso de los días la cifra bajó a $ 36.000 millones. En la última semana ya eran $ 16.000 millones, reconociendo que la Ciudad podrá recibir Ingresos Brutos por ese monto gracias al último retoque al Consenso Fiscal III. Larreta puede ceder en esa medida. De paso, Diputados necesita convertir en ley esa reforma impositiva, que beneficia a las provincias. Una de las herramientas de Larreta es usar el poder que tiene Cambiemos en el Congreso cuando se tratan cuestiones federales. Esto ya provocó que, en la sesión de la ley de ajuste, el peronismo pudiera arrancar con apenas dos votos por sobre el quórum necesario. Le queda también el recurso de denunciar ese Consenso Fiscal ante la justicia, y dejar que todo estalle. No lo hará Larreta, ni lo quiere promover el Gobierno, que quiere paz en el distrito en donde tiene que crecer en votos.

El próximo round del acuerdo va por el pedido de Larreta de que, en todo caso, la Nación le siga financiando obras del distrito que no quiere que se paren, como el nuevo penal de Marcos Paz, que permitirá trasladar la cárcel de Devoto; el mejoramiento del desagüe Medrano; la segunda etapa del viaducto Belgrano Sur y la revisión de la suspensión del entierro del ramal Sarmiento -llamado por los íntimos con el cultismo de «soterramiento»-. Larreta esgrime ante los suyos que él ganó bien por obras que prometió y cumplió, como el Paseo del Bajo. Por eso está dispuesto a cerrar trato ya mismo si le mantienen el financiamiento de esas obras. Es una pelea con finezas, pero de una dimensión mayor. Cristina atacó la Capital porque sabe que es el baluarte que va a defender Cambiemos hacia adelante. Tira a la cabeza, además, porque Larreta no tiene reelección y aspira a competir por la presidencia. Si le desbaratan su administración, le pueden hacer un daño a toda la oposición, que en 2023 buscará la revancha en las urnas.

Primeras escaramuzas del año

Por sobre estos discretos pactos entre poderosos, se descongela la pausa. Ocurrió el sábado con los actos por el aniversario de la muerte de Alberto Nisman, que despertó a la oposición y también a Sergio Massa. ¿Le mantendrán las credenciales al jefe de los Diputados después de haber dicho que el fiscal no se suicidó? Si asume esa posición quiebra una doctrina central del cristinismo, y abre un camino cismático en el peronismo gobernante. No sorprende en Massa un giro frente a la opinión, por ejemplo, del propio Presidente, de que fue un suicidio, algo que se ha convertido en la Verdad N° 21 de la doctrina neoperonista. Sí sorprende que nadie del Gobierno haya salido a responder.

Este miércoles habrá forcejeos entre oficialismo y oposición en la audiencia que ha convocado el ministerio de Economía, para discutir los papeles de Carlos Cruz y Mariana Quevedo para cubrir la cúpula de la UIF (la oficina antilavado). Los impugnan desde Cambiemos, y sus argumentos animarán la convocatoria, que se hará en la sede del ministerio a las 8 de la mañana. Una hora poco veraniega.

Fuente: Clarín.