Le atribuyen a Máximo Kirchner la intención, en un proyecto de ley, de bajar hasta 6 puntos porcentuales el porcentaje de biodiésel y bioetanol

Son momentos decisivos para la industria de los biocombustibles. Cuando faltan pocos días para que se trate en el Congreso la prórroga de la ley de promoción de la actividad y tras versiones de una nueva propuesta que impulsa el diputado oficialista Máximo Kirchner, el sector entiende que se debe apuntar a una ley superadora, pero que mientras tanto “se requiere una breve prórroga a la ley actual”.

En este sentido y luego de la reunión en la Comisión de Energía y Combustibles que mantuviera el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez con legisladores y representantes del sector, en la que no participó el diputado Kirchner, Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) indicó que los lineamientos que se plantearon en la reunión no son alentadores.

“Si bien no hay un proyecto en la mesa y son solo algunas ideas, las mismas requieren debate, sin duda. Creemos que se requiere una breve prórroga a la ley actual para conversar y apuntar a una ley moderna y superadora a la actual, que incluya a toda la industria y potencie los beneficios obtenidos para la sociedad reduciendo sus deficiencias. Pensar en rebajar el corte sería un duro golpe a la industria y con argumentos muy discutibles”, remarcó.

La propuesta de Kirchner tiene varios matices. Uno de los puntos principales es que el corte “esté solo asignado a las pymes”, dejando de lado al resto de las empresas del complejo oleaginoso que trabajan en la actividad.

En la industria de biocombustibles están preocupados por las rebajas de los porcentuales en los cortes de los combustibles que plantea el oficialismo: por un lado para el bioetanol se cambiaría del 12% al 6 %, mientras que en para el biodiésel el corte pasaría del 10% al 5%.

En la reunión, Zubizarreta planteó la necesidad de utilizar el trabajo realizado en el ámbito de la Liga de provincias productoras de bioenergía. “Sería interesante replicar lo que hacen en el resto de los países con corte generando competencia entre las empresas productoras en beneficio al consumidor, incentivando la producción más eficiente y por otro lado considerar la existencia de empresas pymes que podrían tener un tramo del corte y competir entre ellas”.

“El Estado siempre debe velar por los intereses del consumidor. En lo económico, generando competencia que le permita comprar mejor calidad a menor precio y en lo ambiental, apuntando a mitigar el negativo impacto del uso de los combustibles fósiles”, agregó.

Para el diputado nacional de Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, “no es incompatible aprobar la prórroga al régimen de promoción de Biocombustibles y comenzar a trabajar en una nueva ley que resulte mejor y adecuada para el futuro”.

Por su parte, la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (Capba), que agrupa a empresas elaboradoras de biocombustibles, expresó sus críticas a ese posible proyecto de ley de biocombustibles que impulsa el diputado oficialista Máximo Kirchner.

Según la entidad, se reduciría “inexplicablemente el porcentaje de biocombustibles en el surtidor y que excluye deliberadamente a un grupo de empresas que abastecen exclusiva e ininterrumpidamente al mercado interno”.

Para la entidad, dicha iniciativa “condena a la quiebra a un grupo de compañías productoras que tienen como única actividad la venta de biocombustibles al mercado interno como consecuencia directa de su exclusión deliberada y discriminatoria”.

Según el análisis de Capba, “las modificaciones planteadas no están alineadas con las expectativas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero comprometidas por el país en el Acuerdo de París (aprobado por la Ley 27.270)”, remarcaron.

Por otro lado, el diputado por el Frente de Todos pretendería que no existan más exenciones impositivas que el sector posee hasta el momento, como las relacionadas con “el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Ganancias para la adquisición de bienes de capital u obras de infraestructura, asimismo que los bienes afectados no integrarán la base de imposición del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta”, según Capba.

En tanto, la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) remarcó que “cualquier modificación o cambio que atienda los intereses de este sector, claramente irán contra el espíritu original de la ley y atentarán contra las posibilidades de supervivencia de las pymes y contra la continuidad de todos los beneficios que la ley ha promovido desde su implementación”.

“La ley tiene todos los elementos virtuosos de una política pública establecida con visión de futuro cuya continuidad peligra por la incertidumbre del lobby petrolero y su influencia en la gestión parlamentaria”, dijo.

En cuanto a si el sector está subsidiado por el Estado, Cepreb señaló que “de ninguna manera constituye una actividad subsidiada ni representa ninguna carga para dicho estado nacional, como intentan instalar, algunos sectores que cuentan con un poderosísimo lobby”.

“Esta conducta mezquina solo busca proteger sus propios intereses económicos y no tiene ningún interés en promover la diversificación de la matriz energética, ni la producción de combustibles más amigables con el medio ambiente”, agregó Cepreb.