Brasil: Bolsonaro racionaría electricidad a causa de la crisis energética
Además, Bento Albuquerque, ministro de Minas y Energía había pedido junto con el presidente a la población no usar en horarios pico la plancha y las duchas eléctricas, estas últimas mayoritarias en la población por sobre los sistemas de gas. Brasil comprará energía a países vecinos, aunque no se precisó cuáles serán.
Esta vez el vicepresidente de Brasil, general retirado Hamilton Mourao, admitió que existe la posibilidad de apagones programados a raíz del colapso energético en el que ingresó el país, y argumentó que la crisis hídrica y la sequía han perjudicado la matriz de las centrales hidroeléctricas.
Brasil aumentó hasta abril un 7% promedio la tarifa para que los consumidores paguen por el accionamiento de las centrales termoeléctricas a diésel que reemplacen a las hidroeléctricas en crisis.
«El gobierno tomó todas las medidas necesarias para impedir un apagón pero puede ser que ocurra algún tipo de racionamiento», afirmo Mourao.
Brasil sufre ahora la peor sequía en 91 años en las cuencas hídricas, con algunas consecuencias en el Río Paraná de lado argentino, todo esto llevó al país, según el gobierno de Jair Bolsonaro, al borde del colapso porque la principal fuente brasileña es la hidroeléctrica.
El vicepresidente, quien comanda el Comité de la Amazonía afirmó que «La mayor parte del agua va para el agro, luego para consumo humano y después para energía, eso tendrá que tener un dosaje, es algo que debemos enfrentar en los próximos años».
La decisión de aumentar las tarifas eléctricas fue tomada por el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Energía Eléctrica, en el marco de un plan para activar termoeléctricas a diésel, más caras, para reemplazar la situación crítica de las hidroeléctricas.
El Gobierno creó así la “tarifa escasez hídrica” que entra en vigor hasta el 30 de abril, que representa un suba del 49% del nivel más alto de la tarifa de emergencia.
Es el segundo ajuste de la tarifa en lo que va del año, mientras el Gobierno se niega a subsidiar parte de los costos, aunque aclaró que el aumento no golpeará a la llamada tarifa social para los más pobres.