Los esfuerzos del gobierno de Bolsonaro por descubrir el origen del derrame que ensucia más de 130 playas de su prístina costa noreste tienen en la mira al país chavista y los buques que pasaron cerca de la zona.

A través del ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, el gobierno brasileño del presidente Jair Bolsonaro dijo este miércoles 9 de octubre que un informe indica que el petróleo que contamina más de 130 playas en el noreste de país provendría de Venezuela, país que sufre una profunda crisis económica tras años de mala gestión y corrupción generalizada. Voceros de la empresa Petrobras, con sede en Río de Janeiro, señalaron que los estudios moleculares del petróleo derramado «muestran que ese petróleo no fue producido en Brasil ni vendido por la compañía», aunque no confirmaron ni negaron el origen del crudo. “Es muy probable que este petróleo proceda de Venezuela”, dijo el ministro Salles a los legisladores durante una audiencia. “Creemos que petróleo proveniente de un buque extranjero que navegó cerca de la costa brasileña”, indicó. El director ejecutivo de Petrobras, Roberto Castello Branco, afirmó esta semana que se habrían derramado al menos unos 500 barriles, lo que implica que no se trataba de un petrolero en proceso de limpieza y conjeturó que hasta podría tratarse de «un petrolero hundido, un accidente al cargar petróleo de una embarcación a otra o de un acto criminal». El derrame de petróleo pone a Brasil nuevamente en el centro de atención por motivo de desastres ambientales, luego de los incendios en la Amazonia. Un aumento en los focos de fuego en la selva en agosto provocó una reacción internacional contra el presidente Bolsonaro, un conservador social que apoya el desarrollo de los recursos naturales en la Amazonía. Dos gigantescas represas de desechos mineros han colapsado desde 2015, cobrando cientos de vidas y contaminando vías fluviales en varios estados. Brasil notó el derrame de petróleo el 2 de septiembre e inició los esfuerzos de limpieza y las indagaciones sobre la causa, incluida una investigación criminal por parte de la policía federal, según la agencia ambiental Ibama.

Fuente: Perfil.