Cuáles son los proyectos que el empresariado verá con atención durante el año. Los detalles de los textos, voces a favor y en contra de la ley de elecromovilidad, la ley de hidrocarburos y la ley de envases.

Con un 2022 que arrancó movido puertas adentro del palacio del Congreso -con la renuncia Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos tras el anuncio de acuerdo con el FMI- y a un paso del inicio de las sesiones extraordinarias, las empresas ven con atención la agenda legislativa para el año que empieza.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, detalló que el esquema planteado para este año apunta a nuevos sectores, como la Economía del Conocimiento, el proyecto de ley del desarrollo de la industria del cannabis para uso medicinal, la Ley agroindustrial, la Ley de Hidrocarburos, la Ley Automotriz y la de Electromovilidad, y la Ley de Compre Argentino para priorizar a las PyMEs en las compras del Estado.

Pero en la agenda política, también hay otros temas de orden institucional que colaboran a crear un marco propicio para las inversiones, más allá de las leyes de corte económico o regulatorio, que influyen en la imagen que da Argentina al mundo. En ese sentido, la nueva Ley del Consejo de la Magistratura se tratará en extraordinarias.

A continuación, tres proyectos que generan interés en el mundo de los negocios y se espera que se traten este año.

LEY DE PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD SUSTENTABLE (O LEY DE ELECROMOVILIDAD)

Quién lo impulsa: El ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Kulfas.

Estado: En octubre del año pasado se anunció tras una recorrida del presidente Alberto Fernández por la planta de Toyota, en Zárate. Se presentó en Diputados en diciembre y fue incluido en el temario de sesiones extraordinarias, por lo que queda habilitado para tratarse antes del 1 de marzo.

Qué propone: El objetivo de la ley es promover la utilización creciente y sostenida de vehículos propulsados con fuentes de potencia no convencionales, de producción nacional. Crea un régimen que promoverá diseño, investigación, innovación, desarrollo, producción, comercialización, reconversión y/o utilización de vehículos propulsados por fuentes de energía sustentables y equipos auxiliares en el país.

El punto clave dice que desde el 2041 no podrán comercializarse vehículos nuevos con motor de combustión interna en el territorio nacional. El proyecto establece un régimen de beneficios tanto para la demanda como para la oferta (terminales, e-autopartistas, fabricantes de baterías y cargadores). Se prevén cuotas de adquisición de vehículos de flota por parte de la Administración Pública Nacional y de recambio en la flota del autotransporte público de pasajeros (AMBA), que serán incentivos significativos para los inversores.

Voces a favor: Desde el oficialismo dan razones ambientales, económicas y estratégicas para fomentarlo. Desde lo ambiental, la eficiencia energética de la movilidad sustentable (en particular eléctrica) supera ampliamente a la de combustión interna. Esto se traduce en menor consumo y emisiones para igual cantidad de carga por kilómetro transportado. Desde lo económico, implica una oportunidad de reversión de una industria automotriz, con chances de apertura de exportaciones en un mercado novedoso y de producir externalidades y difundir nuevas tecnologías. Desde lo estratégico, el mundo busca en América latina una plataforma para la nueva movilidad sustentable y la Argentina presenta condiciones óptimas por la abundancia de materias primas que necesita esta industria (como litio, cobre y energías renovables), la calidad de sus productos y sus recursos humanos y sus capacidades en I+D+i.

Para el país implicaría una ampliación de su plataforma automotriz, no solo con la aparición de vehículos eléctricos, sino también por la aparición de nuevas categorías; impulsaría la inserción de sectores científicos, tecnológicos e innovadores en este nuevo sector; dinamizaría al actual tejido autopartista; y crearía fuentes de trabajo novedosas. Se espera obtener un ahorro acumulado de 10,7 millones de toneladas de CO2 equivalente; un escenario de inversiones de US$ 8300 millones, y exportaciones por US$ 5000 millones y más de 20.000 puestos de trabajo para 2030.

Voces en contra: Las petroleras, productores de biocombustibles y las terminales automotrices, reclaman un tratamiento más de fondo sobre el tema y piden que la idea solo quede en la prohibición de un tipo de vehículo. En el sector creen que podría frenar inversiones que están muy activas y son de peso dentro de las exportaciones locales. Para los especialistas, el proyecto de ley es muy claro en cuanto a la promoción del uso de vehículos propulsados por motores eléctricos, pero no tiene en cuenta la cuestión tarifaria de la energía eléctrica ni analiza la infraestructura necesaria. Una de las críticas del sector empresario en general es que este se centra completamente en la fabricación de vehículos eléctricos en el país sin considerar la infraestructura de carga.

LEY DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS DE GESTIÓN AMBIENTAL DE ENVASES Y PROMOCIÓN DEL RECICLAJE INCLUSIVO (O LEY DE ENVASES)

Quién lo impulsa: Fue presentado por el diputado Máximo Kirchner y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié. Lo impulsan la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), junto con organizaciones ambientales como Jóvenes por el Clima.

Estado: Fue enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso a fin de octubre de 2021, obtuvo dictamen, pero se cayó con el recambio de la cámara. La gran duda está en si este año se va a volver a impulsar con el mismo texto, o si se trabajará en un proyecto que genere más consenso.

Qué propone: Que la gestión racional de los envases vaya acompañada por la promoción del reciclaje inclusivo, esto es, reconoce el trabajo de los recuperadores urbanos. La iniciativa plantea la creación de un Sistema Nacional de Gestión de Envases para que coordine y centralice la reintroducción de los materiales reciclables en el sistema productivo. A su vez, propone la creación de una «tasa ambiental» de bajo costo sobre los productos alcanzados por esta ley y también incorpora el criterio de la «responsabilidad extendida del productor» (REP).

Voces a favor: De acuerdo con un informe del Círculo de Políticas Ambientales, los envases representan aproximadamente un 30 por ciento de los residuos sólidos urbanos (RSU) y son la causa principal del crecimiento de la basura domiciliaria en las últimas décadas. La ausencia de una gestión de envases se traduce en la obstrucción de los desagües pluviales, mayores volúmenes de residuos para transportar, mayores costos para su disposición final y a su vez, graves impactos sobre los ecosistemas marinos. El concepto de REP surgió en Suecia a principios de los 90, y luego fue impulsado por la OCDE. En otros países de la región, como Chile, ya se adoptó y en países como Brasil, Uruguay, Bolivia, Colombia o México se está evaluando. Según la OCDE, hay evidencia de que los niveles de eliminación de residuos han disminuido y las tasas de reciclaje han aumentado donde se han adoptado esquemas de REP.

Voces en contra: En general, hay consenso sobre la necesidad de establecer presupuestos mínimos a nivel nacional, o fomentar esquemas inclusivos, pero el conflicto está en la creación de una tasa sobre los envases. Desde la UIA sostienen que el actual proyecto no le da participación al sector privado en los procesos centrales de toma de decisiones del sistema; queda expuesto a interpretaciones y reglamentaciones de la autoridad de aplicación y las metas no se detallan con claridad; y no incluye el concepto de «Economía Circular» en toda su dimensión. «El sistema de gestión integral que establezca la ley tiene que ser claro y preciso en metas y financiamiento, con participación activa de todos los sectores involucrados. Solo así ha funcionado en otros países y tenemos el desafío de hacerlo aquí en el nuestro», remarca Claudio Terrés, presidente del Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la UIA.

Respecto a la creación de una tasa, asegura que resulta contraproducente cuando se quiere controlar la inflación, ya que grava productos envasados e impacta directamente en el valor de ventas y genera sobrecostos improductivos. Además, menciona que ya existen otras tasas municipales que se pagan a los efectos de la gestión de residuos.

«Estamos de acuerdo con una ley de envases a nivel nacional, con un esquema inclusivo y con la responsabilidad extendida del productor. Pero no estamos de acuerdo con crear una tasa que es un impuesto porque no tiene una contraprestación asociada, ni con la administración de fondos exclusivamente por parte del Estado. Proponemos que, como productores, tengamos la posibilidad de organizarnos en sistemas propios para lograr aumentar los niveles de recupero y reciclado de los envases», opina Florencia Canzonieri, directora Ejecutiva de la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol (Cadibsa).

LEY DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES HIDROCARBURÍFERAS (O LEY DE HIDROCARBUROS)

Quién lo impulsa: La Secretaría de Energía de la Nación de Darío Martínez, que depende de la cartera de Economía, con el aval del Ejecutivo Nacional.

Estado: Se presentó en comisión en el Senado en septiembre del año pasado, de forma informativa y luego no se volvió a tratar. El mes pasado Kulfas la mencionó como dentro del esquema planteado para este año.

Qué propone: Tiene como objetivo incrementar la producción e industrialización de hidrocarburos y escalar las exportaciones de petróleo y gas natural. Establece incentivos generales para la producción de petróleo (20 al 50 por ciento de la producción incremental de cada empresa para garantizar exportaciones, libre disponibilidad de divisas y eximición del Impuesto a las Ganancias por la cesión parcial de la participación en un área concesionada) y para la producción de gas (se institucionalizará el Plan Gas.Ar por 20 años).

Además, prevé otros proyectos especiales y puntos dedicados a la sustentabilidad y la diversidad de género en la industria: los proyectos que cuenten con un plan de sustentabilidad energética aprobado podrán incrementar en hasta un 10 por ciento los incentivos o reducción de aportes patronales para las empresas que incorporen la perspectiva de género en la composición de sus planteles directivos, técnicos y profesionales. También busca la modificación de la Ley 17.319 para que las provincias puedan realizar concesiones de almacenamiento subterráneo, y de la Ley 23.966 para establecer el impuesto como alícuotas porcentuales del precio de los combustibles líquidos.

Voces a favor: Desde el gobierno lo ven como una forma de aumentar el ingreso de divisas, fortalecer las reservas del BCRA e incorporar valor agregado nacional y regional a través de la creación de más empleo de calidad, más trabajo para PyMEs y empresas regionales proveedoras de servicios y más bienes de industria y tecnología nacional. Además, se busca garantizar el autoabastecimiento, promover el desarrollo regional y fortalecer las finanzas provinciales con mayores regalías e ingresos tributarios.

Voces en contra: Desde el sector opinan que el proyecto no cumple con las expectativas, y las provincias involucradas, especialmente Mendoza, se mostraron muy disconformes con el hecho de que el proyecto es muy complejo y se los mostraron apenas 24 horas antes de la presentación. «Creo que el proyecto fue preparado con buenas intenciones, pero desafortunadamente tiene gusto a poco», opina José Martínez de Hoz, socio de MHR Abogados. En primer lugar, explica, porque los beneficios que ofrece son escasos. «Por ejemplo, en materia de exportación de petróleo crudo, la posibilidad de exportar el 20 por ciento de una producción incremental definido a través de ciertas curvas de crecimiento termina perjudicando a quienes más invirtieron en los últimos años, y realmente no entusiasma demasiado para atraer una inversión masiva».

«Otro ejemplo: hay un capítulo dedicado a inversiones más grandes, de US$ 200 millones en adelante, y en definitiva en materia de libre disponibilidad de divisas también garantiza básicamente el 20 por ciento de las divisas generadas en la exportación, cosa que no alcanza ni siquiera para repagar la financiación que requeriría un proyecto de estas características», agrega el abogado sobre los incentivos que prevé el proyecto, a los que define como escasos. A eso se suma un proyecto de ley muy reglamentarista y detallista, con muchas excepciones a principios generales que requieren mucha intervención gubernamental que, con la experiencia que existe en la Argentina, analiza, suelen generar muchas demoras en la implementación de la obtención de los beneficios previstos.

Fuente: Cronista