Se estima que un 40% de la generación de energía eólica, solar, biomasa, biogás y mini-hidroeléctrica se paga con recursos del fondo de garantía previsto para tal fin.

La Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (CAMMESA) recurre al Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER) previsto en la normativa para asegurar el pago de la energía a los generadores.

Gracias a que gozan prioridad de despacho y cobro, están percibiendo sus ingresos a tiempo, aplicando el FODER en algo así como un 40% del total renovable de generación.

Es una operatoria que se aplica a comienzos del mes y que con el correr de los días se normaliza, a medida que Cammesa va depositando el dinero. «Es normal», minimizan en la industria.

Por fuera del micro mundo renovable, sin embargo, la preocupación va en aumento por la incertidumbre que genera la cuarentena y el aislamiento obligatorio en la economía.

El atraso de la administradora del mercado a las plantas de tecnologías convencionales oscila en torno a los 30 días, y la preocupación es que se este inconveniente se empiece a profundizar debido al desorden que presenta la cadena de pagos.

De hecho, esta semana la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Adeera) difundió un comunicado de prensa alertando sobre las dificultades para cobrar la energía eléctrica a comercios, industrias y hogares.

El estado de alarma se  agravó aún más cuándo el Gobierno Nacional anunció que impedía a distribuidoras y cooperativas el corte del servicio de energía eléctrica a la sociedad, tranquilizando a sectores medios que tenían interés de postergar las cancelaciones de las facturas.

“Aquellos usuarios a los cuales el Estado facultó a convenir modalidades especiales de pago conforme a sus posibilidades, liberándolos inclusive del corte de suministro por falta de pago, requieren de la solidaridad y responsabilidad del resto de los usuarios, que sí pueden abonar el servicio eléctrico”, planteó Adeera.

Para colmo, entre el viernes 20 y el domingo 29 de marzo, la demanda bajó más de 4.000 MW en promedio, lo que significa un 23% de caída, producto del menor ritmo de la economía.

En estas condiciones, el grado de incobrabilidad de Cammesa por parte de las distribuidoras se va acercando al 50%, lo que acrecienta una deuda que entre todas las compañías y cooperativas sumaba en febrero aproximadamente 40 mil millones de pesos.

¿Quién pagará la cuenta? Entre 2012 y 2015, la diferencia de caja se solucionaba con aportes del tesoro, financiados principalmente con emisión monetaria del Banco Central.

En los primeros meses de 2020, cuándo la prioridad del Gobierno de Alberto Fernández era renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los acreedores privados, esta alternativa aparecía restringida, por ser parte de un plan fiscal que necesitaba mostrar solidez de largo plazo.

Ahora que el coronavirus y sus efectos en la economía alteraron las prioridades, el giro del tesoro nacional quizás vuelva a ser una opción para recuperar la cadena de pagos, a pesar que no es el interés de los funcionarios del área.

A decir verdad, en el Gobierno lo ven como el mal menor, en un contexto de emergencia que ya venía de varios años complicados. Se basan en un dato: Cammesa transitaba demoras mucho antes del 10 de diciembre del año pasado.

En medio de este panorama, el Ente Nacional Regulador de la Energía Eléctrica (ENRE) sorprendió a Edesur con una carta que data del 25 de marzo en la que le exige información actualizada sobre sus números de caja.

«Deberán presentar diariamente un informe financiero de Disponibilidades (caja, bancos e inversiones), en moneda nacional y extranjera, que permita distinguir claramente los saldos diarios y sus movimientos (recaudación, pagos, inversiones, etc.)», comienza la carta.

Y agrega que «asimismo deberán presentar semanalmente un “Sumas y Saldos” contable completo, los días lunes con la información hasta el viernes anterior, y a fin de cada mes copia de los extractos bancarios del mes bajo informe».

Más que un pedido, es una obligación. «Todo este requerimiento de información se efectúa bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que pudieran corresponder por su incumplimiento según la normativa vigente», advierte la nota que lleva la firma de Rubén Emilio Segura, Jefe de Auditoría Económica Financiera y Revisión Tarifaria del ENRE.

¿Cómo se interpretó en la industria? Sencillo y al pie: el Gobierno quiere evaluar qué empresas están en condiciones de absorber costos por falta de recursos del usuario final.

Fuente: Energía Estratégica.