En mayo de 2026, Chile promulgó su primera Ley de Desalinización, tras siete años de debate parlamentario. La norma busca ordenar un sector en expansión, clave para abastecer la minería del cobre en el norte del país, aunque especialistas advierten que deja vacíos ambientales críticos.
A nivel productivo, el crecimiento minero explica la urgencia: entre enero y junio de 2026 el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) aprobó 23 proyectos por US$3.275 millones, y recibió otros 34 por más de US$18.000 millones. Según Cochilco, el consumo hídrico del sector pasará de 18,5 m³/s en 2024 a 20,6 m³/s en 2034, con el agua de mar cubriendo 67,6 % del abastecimiento.
Dentro de la nueva normativa, se crea una concesión especial de desalinización y se obliga a que proyectos industriales ingresen al sistema de evaluación ambiental. También se establece la elaboración de una Estrategia Nacional de Desalinización en un plazo máximo de 18 meses, con objetivos de seguridad hídrica y adaptación al cambio climático.
Por su parte, las críticas apuntan a que la ley no fija estándares específicos para las descargas de salmuera, ni protocolos obligatorios de monitoreo. Tampoco regula la captación de organismos marinos ni los impactos acumulativos de varias plantas sobre un mismo ecosistema. Para la oceanógrafa Laura Farías, la normativa “tiene buenas perspectivas para el cambio climático, pero no tiene una mirada desde el mar”.
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En cuanto al impacto ambiental, la bióloga marina María José Díaz advierte que la captación funciona como “una gran bomba que succiona todo”, incluyendo fitoplancton, huevos y larvas. Estudios en Caldera muestran cambios en la biodiversidad cerca de los emisarios, con disminución de especies sésiles y desplazamiento de organismos móviles.
A nivel energético, el desafío es igualmente relevante: Cochilco proyecta que el uso de agua de mar en minería demandará 5,4 TWh en 2034, equivalente al consumo de dos millones de hogares. Casi el 80 % de esa energía se destinará a bombear agua desde la costa hasta faenas mineras en altura.
En conclusión la ley avanza en ordenar concesiones y procedimientos, pero deja para una etapa posterior las normas ambientales concretas. El riesgo, según especialistas, es que la expansión de la desalinización avance más rápido que la regulación destinada a medir y limitar sus impactos.
