El Gobierno de Colombia confirmó que el 20 de julio presentará ante el nuevo Congreso el proyecto de ley que busca prohibir el fracking en todo el territorio nacional.
La iniciativa será radicada por los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente durante la instalación del periodo legislativo 2026–2030 y se sustentará, según el Ejecutivo, en evidencia científica sobre riesgos ambientales, sociales y sanitarios asociados a la técnica de extracción de hidrocarburos no convencionales.
El anuncio se realizó en el departamento del Cesar, durante la puesta en marcha de dos proyectos solares que forman parte de la estrategia de transición energética territorial. En Becerril y Curumaní se instalaron 2.494 paneles solares destinados a abastecer a más de 4.300 personas, con una generación estimada de 1.870 MWh/año y una reducción de 340 toneladas de CO₂ anuales.
La inversión ascendió a 36.000 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente USD 8,5 millones, y la infraestructura tiene una vida útil proyectada de 25 años.
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El ministro de Minas y Energía afirmó que la prohibición del fracking será defendida como parte de la política de transición energética y que el Gobierno buscará impedir la implementación de esta práctica mediante una prohibición legal. La iniciativa se presentará junto con congresistas del oficialismo y se inscribe en una agenda que busca priorizar la protección de acuíferos, ecosistemas y territorios.
El Ejecutivo también difundió un balance de las Comunidades Energéticas, el programa que articula planeación territorial, financiamiento y sostenibilidad de proyectos de generación distribuida.
Según cifras oficiales, Colombia cuenta hoy con 848 comunidades energéticas, que benefician a 567.558 personas, atienden a 42.200 usuarios, suman 29,68 MWp de capacidad instalada y representan una inversión acumulada superior a 382.913 millones de pesos.
La presentación del proyecto en el primer día del nuevo Congreso instala la discusión en el centro de la agenda energética colombiana.
El país avanza hacia un modelo que prioriza generación distribuida y protección territorial, aun cuando esa decisión tensiona su horizonte de reservas. La transición se expresa en medidas concretas que influirán en la matriz y en la seguridad energética de los próximos años.
