Senadores de Juntos por el Cambio presentaron un Proyecto de Comunicación para convocar al Congreso a autoridades oficiales. Quieren explicaciones sobre las subas de las naftas y el gasoil y por qué no bajan los impuestos.

Después de los tres aumentos de la nafta en apenas un mes (entre el 16 de diciembre y el 16 de enero), que totalizó un 11%, un grupo de 11 senadores de Juntos por el Cambio (JxC), liderados por el fueguino Pablo Daniel Blanco, le solicitaron al Gobierno que informe en el Congreso sobre los «constantes aumentos» en los precios de los combustibles líquidos (naftas y gasoil).

El Proyecto de Comunicación le pide al oficialismo que intervenga a través de la Secretaría de Energía para ofrecer una justificación técnica por la que se autorizó la «sucesión continua y sistemática» de incrementos en el precio de la nafta.

Los senadores de la oposición también buscan explicaciones sobre por qué no se empleó como recurso la reducción de los impuestos, que constituyen uno de los componentes «más que relevantes» del costo de los combustibles sobre su precio final.

TOMAS CARRIO
El Poder Ejecutivo tiene la facultad de aumentar hasta un 25% o reducir hasta 10% los tributos internos (Impuesto sobre los Combustibles Líquidos -ICL- e Impuesto al Dióxido de Carbono -IDC-) para atenuar las fluctuaciones de los precios internacionales del petróleo y que no haya un impacto severo en los consumidores.

No obstante, desde que se sancionó la Reforma Tributaria en diciembre de 2017 y los impuestos internos sobre las naftas y el diesel pasaron a ser valores fijos en lugar de porcentajes, esa facultad no la utilizó ni el gobierno de Mauricio Macri, primero, ni Alberto Fernández, luego.

El proyecto de Pablo Blanco (Tierra del Fuego) está acompañado por Claudio Poggi (San Luis); Pedro Braillard Poccard (Corrientes); Laura Rodríguez Machado (Córdoba); Mario Fiad y Silvia del Rosario Giacoppo (Jujuy); Alfredo De Angeli y Stella Maris Olalla (Entre Ríos); Víctor Zimmermann (Chaco); Silvia Elías de Pérez (Tucumán); y Juan Carlos Marino (La Pampa).

Allí, los senadores expresaron malestar por el aumento de hasta 34,8% en el precio de la nafta y le pidieron al Gobierno que informe el impacto estimado de esta política sobre los indicadores de inflación.

En un texto que recoge varios de los argumentos que habitualmente utilizó el kirchnerismo para sus políticas, los 11 senadores de JxC acusaron al Frente de Todos de tener un «doble estándar».

«En lugar de regular el mercado con la posición dominante que ocupa, YPF busca generar caja y recaudación para los fines que el Gobierno disponga, aún en perjuicio de los más necesitados, a quienes todas las alzas de costos terminan perjudicando», argumentan.

«La posesión de una empresa petrolera estatal provee asimismo resortes que permiten disponer de una gama de opciones para amortiguar las demandas del sector y minimizar el impacto directo sobre los consumidores. En efecto, YPF es dueña del 60% del mercado minorista de combustibles, por lo cual podría servir de reguladora de precios (uno de los fines declarados del Gobierno en la fracasada iniciativa de estatizar la cerealera Vicentín)», plantearon los legisladores opositores.

«El impacto del costo de combustible en el transporte y en los bienes y servicios genera incrementos en la inflación justo en un momento en el que la recuperación económica como ‘rebote post-pandemia generará mayor demanda y, consecuentemente, presión sobre precios», señalaron en Juntos por el Cambio.

«Resulta vital que el Gobierno brinde explicaciones toda vez que estos aumentos impulsan la inflación disminuyendo el poder adquisitivo del salario», advirtieron.

Más adelante, los senadores afirmaron que los impuestos representan un 41% del precio de la nafta y un 37% en el caso del gasoil.

«El costo del combustible es un componente mayoritario (35%) del costo de la logística, omnipresente en todos los productos. Así, un kilo de asado de $ 639 tiene $ 223 de logística, que incluye combustibles e impuestos», remarcaron.

Y aprovecharon para recordar el caso del empresario Cristóbal López, que fue detenido acusado de retener ilegalmente impuestos por $ 8000 millones desde su petrolera Oil Combustibles.

«Nadie puede olvidar la multimillonaria deuda de impuestos generada por Cristóbal López ($ 8000 millones), cuya percepción, en caso de ejecutarse con la diligencia debida tanto en lo administrativo como en lo judicial, permitiría la devolución de activos públicos hoy en manos privadas. Esta ejecución por su escala, permitiría al Gobierno más margen de maniobra para reducir impuestos. Sin embargo, eso no sucede y nada indica que mientras gobierne el kirchnerismo sucederá», denunciaron.

Fuente: Cronista.