Tanto el DNU como la ley ómnibus tienen que pasar por el tamiz del Congreso y se deberá revisar el contenido, pero el rechazo a las “formas” es una de las mayores quejas del sector de los hidrocarburos.

El proyecto que presentó el Poder Ejecutivo modifica la ley madre del universo de hidrocarburos. Provincias petroleras como Neuquén, Río Negro, Buenos Aires y Mendoza ya manifestaron su desacuerdo contra este cambio. Los sindicatos, por su parte, rechazan volver atrás con el impuesto a las ganancias.

La Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos, más conocida como ley ómnibus, no ha sido bien recibida por algunos sectores. Su prometedor nombre no alcanzó aún para atraer a uno de los más importantes rubros de la economía: la industria petrolera.

La nueva ley establece la liberación de los precios y de las exportaciones de hidrocarburos, lo que implica la desaparición del “barril criollo”, el precio diferencial que permitía desanclar el petróleo de los vaivenes internacionales. Las productoras podrán vender crudo a paridad de exportación y las refinadoras comercializarán las naftas y gasoil en el mercado interno a paridad de importación.

Pero por el momento no fue esa cuestión la que provocó polémica. El proyecto también modifica el actual Artículo 35 de la ley 17.319 que permitía a las operadoras acceder a prórrogas de 10 años en sus concesiones. Esto genera un cambio sustancial dado que todas las áreas que lleguen al fin de su concesión deberán ser licitadas, abriéndose ese proceso con un mínimo de un año de anticipación, lo que pone en duda todos los proyectos de inversión. Este particular generó algunas preocupaciones en provincias como Neuquén y Río Negro, donde decenas de áreas hidrocarburíferas vencen entre 2025 y 2027.

Otra provincia que se posicionó en contra fue Mendoza, puntualmente por la anulación de la llamada «ley corta», que le daba a las provincias la potestad completa para administrar los recursos petroleros. La nueva norma establece que “los permisionarios y concesionarios tendrán el dominio sobre los hidrocarburos que extraigan y podrán transportarlos, comercializarlos, industrializarlos y comercializar sus derivados libremente”.

La reacción sindical

En cuanto a los gremios de hidrocarburos, la situación ya venía caldeada por la intención de volver a imponer nuevas categorías para pagar el Impuesto a las Ganancias. La comunidad petrolera es una de las que más podría sentir esta modificación. Gabriel Matarazzo, secretario General del Sindicato del Petróleo, Gas y Biocombustibles de Bahía Blanca (SPGyB) señaló al respecto que los trabajadores del sector “son quienes más han cargado durante mucho tiempo el peso del tributo”.

“Rechazamos cualquier idea de volver a pagar Ganancias porque perjudica directamente el poder adquisitivo de los ingresos salariales”, agregó el líder sindical bahiense.

Desde la provincia de Buenos Aires ya se había hecho sentir el rechazo al DNU en la marcha frente a Tribunales, donde participó el Sindicato Unidos Petroleros e Hidrocarburiferos (SUPEH) de Ensenada. La manifestación fue liderada por la CGT, que frente a esta situación convocó a un paro general para el próximo 24 de enero. La decisión del triunvirato de la mutual, compuesto por Pablo Moyano, Héctor Daer y Carlos Acuña es en rechazo tanto al DNU como a la Ley ómnibus.

Los sindicatos petroleros de las provincias patagónicas también se expresaron en contra, ya que la ley podría dejar sin subsidios al gas en la región. Pero el principal reclamo siguió centrado en la reversión impositiva de Ganancias. El diputado chubutense y referente de los petroleros de la provincia, Jorge “Loma” Ávila, cuestionó fuertemente dicha medida: “Él mismo levantó las dos manos para que se aprobara la baja de Ganancias y ahora quiere imponernos algo que él mismo votó para que se saque”.

Por su parte, la provincia de Neuquén fue un paso más allá y optó por un amparo colectivo. La Gremial Neuquina de sindicatos estatales presentó un recurso de inconstitucionalidad en contra del DNU de Javier Milei. El juez Gustavo Villanueva, que subroga la sede civil federal, deberá ahora definir la admisibilidad de la presentación.

Al momento, tanto el DNU como el proyecto de ley tienen que pasar por el tamiz del Congreso Nacional y además del contenido, el rechazo a las “formas” es una de las mayores quejas del sector. “Antes de discutir contenidos nos oponemos terminantemente a las formas, porque en un Gobierno sin mayoría parlamentaria es en el Congreso donde debe darse la discusión”, señaló Matarazzo al respecto. Pese a todo, desde los gremios petroleros aún no definieron su asistencia a la huelga general del 24-E.

Fuente: Ámbito