Las acusaciones cruzadas sobre un eventual espíritu secesionista corporizan el escenario al que se ha trasladado el esquema de polarización extrema que vive el país y que puso en el centro de la escena opositora al gobernador Luis Fernando Camacho.

Las manifestaciones secesionistas fueron bastante comunes a lo largo de la historia de Bolivia, no sólo impulsadas por la rica región del oriente y de población no indígena, sino también por los pueblos originarios.

La polarización social y política que vive Bolivia desde hace al menos dos siglos, y en particular en los últimos 15 años, se profundizó en los últimos días con un aumento considerable de la tensión entre el gobierno socialista que administra la nación y el de derecha de la ciudad de Santa Cruz, bastión de la burguesía y polo económico del país que en algunos pasajes históricos coqueteó con alguna idea separatista.

Las pulsaciones crecieron a partir del 24 de septiembre, día de la gesta libertadora cruceña contra la corona española en 1810, cuando en un acto el gobernador Luis Fernando Camacho, de alta exposición pública en las acciones que terminaron en el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019, privó al presidente en ejercicio, el aimara David Choquehuanca, de izar la bandera boliviana y lo desplazó a que elevara la enseña de los pueblos originarios, la wiphala, la cual en seguida fue arriada por personal de la gobernación.

En esa ceremonia Camacho dio un discurso; Choquehuanca, no.

Pero ese no fue el único altercado vivido en este país que atraviesa una seria crisis originada por la pandemia de coronavirus mientras siguen abiertas las heridas infringidas durante el año y medio que duró el mandato dictatorial de Jeanine Áñez, cuya situación judicial -encarcelada mientras se ventilan varias causas- también es origen de enfrentamientos internos.

Este clima de tensión se profundizó aún más cuando la legislatura cruceña sancionó una ley regional por la cual la Asamblea se asigna atribuciones para elaborar ternas de designación de autoridades como el fiscal departamental, representantes de la Defensoría, la Contraloría y la Procuraduría, vocales electorales y judiciales y un director anticorrupción.

Todo esto llegó a ser cuestionado por funcionarios y legisladores del oficialista MAS como una política «separatista» empujada por el polémico -pero imbatible en su bastión- Camacho, quien siempre reclamó más autonomía para Santa Cruz.

Santa Cruz conforma junto con Beni, Pando y Tarija la franja del este, rica y con menor porcentaje de población indígena del país

«La actividad separatista es un delito bastante grave. Se puede hablar en términos hipotéticos de que algunos sectores de la élite cruceña tienen intenciones separatistas a largo plazo, pero eso siempre va a mantenerse de manera reservada o secreta porque configura un delito», explicó a Télam el escritor y periodista Fernando Molina.

Santa Cruz conforma junto con Beni, Pando y Tarija la franja del este, rica y con menor porcentaje de población indígena del país, limítrofe con Brasil, Paraguay y la Argentina. Se la conoce como la Media Luna y, en 2008, apenas dos años después de la llegada al poder de Evo Morales, un representante de los pueblos originarios, enfrentó fuertemente su gestión y pretendió dar inicio a un proceso secesionista.

No obstante este antecedente, las actuales autoridades cruceñas niegan cualquier intención separatista y las nacionales parecen quedarse más en el impacto de la declamación, aunque sí impulsan causas judiciales por discriminación y racismo.

Entonces, ¿qué hay detrás de estas sospechas?

Para Molina, las acusaciones cruzadas sobre un eventual espíritu secesionista corporizan el escenario al que se ha trasladado el esquema de polarización extrema que vive el país y que puso en el centro de la escena opositora a Camacho, arrastrando hacia él opciones más moderadas como las de Carlos Mesa, candidato presidencial derrotado en las últimas elecciones.

Ante una consulta de Télam, el diputado nacional José Carlos Gutiérrez, alineado con Camacho en Creemos, prefirió no opinar sobre la situación.

En tanto, Paul Coca, analista y catedrático boliviano, evaluó que la tensión política es producto de muchos años de enfrentamiento, sumado al crecimiento de la crisis social originada por la pandemia y cierta parálisis que le adjudica al Gobierno de Luis Arce para reactivar la economía.

«La conflictividad nos puede generar situaciones bastante serias, similares o peores a las de 2019», alertó Coca, quien en su evaluación repartió responsabilidades por igual a oficialistas y opositores, empezando por lo que consideró una defección de la Asamblea Constituyente de 2006 a 2008, ya que «aprobó un texto que luego fue modificado por el Congreso Nacional, lo cual no estaba permitido».

«El presidente Evo Morales colaboró con la crisis al forzar una posibilidad de reelección, y la dirigencia política en general se equivoca cuando cree que los problemas se solucionan en las urnas. Piensan que en las unas se decide que la mayoría debe aplastar a la minoría, lo cual es un gravísimo error», sentenció.

Volviendo a si existe o no una atmósfera secesionista, Molina consideró que la agresión a la wiphala y la resistida ley de autoridades cruceñas marcan la decisión de la derecha más radical de «galvanizar a toda la oposición y las clases medias» frente al MAS.

La oposición «está esperando que (el presidente) Arce se equivoque o que la crisis económica se profundice. No sabe bien cuál es su estrategia, pero no parece ser muy democrática, y frente a ello el MAS se ha radicalizado y no está en condiciones de conciliar con sectores como la burguesía cruceña, que alguna vez fue aliada o al menos concertó con Evo Morales», estimó.

«En este contexto de enfrentamiento extremo está la idea de algunos grupos de separarse, ese podría ser el rumbo final, cuando Santa Cruz se plante completamente, el Gobierno (de Arce) no tenga capacidad de acción en Santa Cruz y la burguesía y el oficialismo cruceños golpeen a otro Gobierno del MAS», finalizó el escritor.

Fuente: Télam