Cuando todavía se escuchan críticas sobre la necesidad de flexibilizar el aislamiento obligatorio para evitar una profundización de la crisis, el Gobierno asegura que la reactivación económica ya está en marcha.

 Según un informe del Ministerio de Producción, la industria y el comercio ya se encuentran habilitados «casi en su totalidad» en gran parte del país y solo tres jurisdicciones tienen menos del 70% del empleo privado autorizado para trabajar.

«Si abril será recordado como el mes con caídas récord históricas en la mayoría de los sectores productivos, mayo se caracterizó por la puesta en marcha de buena parte del aparato productivo», asegura el Panorama Productivo de junio elaborado por el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI), del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Según se detalla en el texto, difundido hoy, a principios de junio 15 provincias ya tienen más del 80% del empleo privado habilitado para trabajar; seis provincias se encuentran entre el 75% y el 80% y solo CABA, Buenos Aires y Chaco se encuentran por debajo del 70%. Además, aseguran que en todo el país salvo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) la industria manufacturera está plenamente habilitada para producir.

Por otro lado, el informe detalla que el comercio está habilitado en un 85% en todo el país, con 20 provincias por encima del 95%. «En pocas palabras, en la gran mayoría del país la reapertura ha sido pronunciada; en tanto, en el AMBA la reapertura de actividades se dio a un ritmo menor al resto de las provincias debido a las mayores dificultades para controlar la pandemia», apunta.

«La reactivación económica comenzó, pero las secuelas de la pandemia se sienten», señala el informe, que asegura que entre febrero y abril, alrededor de 15.000 empresas dejaron de presentar declaraciones juradas de seguridad social ante AFIP (el 2,8% del total) y que el sector de hoteles y restaurantes fue el más afectado, con una caída del 8% en la cantidad de empresas que declaran. «Si bien es prematuro catalogar esto como cierres definitivos, es un dato que ilustra el daño que ha generado el Covid-19», detalla.

Por otro lado, indica que el empleo formal también registró «bajas significativas». En marzo, la cantidad de asalariados formales en las empresas cayó 0,8% (-48.000 puestos), la mayor disminución mensual desde la crisis de 2002. En abril esa baja se habría consolidado (-0,6%, la más pronunciada para un mes de abril desde 2002), tal como se desprende de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) que elabora el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

De acuerdo con la explicación oficial, la principal razón de estas contracciones no son los despidos, sino que son muy pocas las empresas que estuvieron incorporando personal, de modo que las bajas (que pueden responder a renuncias, finalizaciones de contratos, etcétera) «no se compensan con nuevas contrataciones». A eso hay que sumarle las suspensiones, que alcanzaron en abril al 7,5% de los ocupados: la mayor cifra desde por lo menos 2006

En este marco, el informe destaca las medidas oficiales tomadas para intentar compensar la crisis. Según detalla, la primera ronda del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) benefició a 8,4 millones de personas y mediante el programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP), el Estado abonó salario complementario a 2,34 millones de trabajadores en abril y 2,04 millones en mayo. Además, otorgó casi medio millón de créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos.

Fuente: La Nación.